Capturas de pantalla de la represión policial en Carúpano
El Estado venezolano continúa aplicando torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes contra una población que protesta en una forma desesperada por la escasez de agua, electricidad, gas doméstico, alimentos, medicinas, combustible y un mejor salario para resistir y hacerle frente al alto costo de la vida.
Como defensor de derechos humanos rechazo la intensa represión que el Estado venezolano, a través de los cuerpos de seguridad, ha ejercido en contra de las legítimas manifestaciones de los ciudadanos, que salen a protestar por la falta de servicios públicos básicos que los sume en la miseria y desesperación.
Los ciudadanos de los pueblos más humildes ya están cansados de ser víctimas del desprecio y del engaño por partes de los organismos del Estado que tienen la responsabilidad del suministro del agua, electricidad, gas doméstico y ahora se suma la escasez de gasolina, que es el gran negocio para la GN por la matraca que aplican para poder surtir los vehículos convirtiendo a las estaciones de servicios en centros de represión y violencia.
El Estado, en vez de buscar solucionar los problemas de la población, responde con balas de goma, sustancias tóxicas y golpes a garrotazo limpio y detenciones arbitrarias contra los manifestantes, violando el artículo 68 de la Constitución que garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica de los ciudadanos y que además prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas, así como el uso desproporcionado de la fuerzas para el control de las manifestaciones.
“Es el colapso de los servicios básicos lo que ha generado más de 70 protestas diarias en los pueblos más humildes del país. El Estado como siempre vuelve a usar la fuerza bruta y ordena a los cuerpos de seguridad más represivos, como la Guardia Nacional, la FAES y la Policía Nacional Bolivariana, contener a los manifestantes que realizan un justo reclamo con represión y detenciones arbitrarias.
Estamos en presencia de un Estado que luce prepotente y guapetón para arremeter contra un pueblo que día a día luce indefenso y es víctima de la vulneración de sus derechos humanos y garantías constitucionales. Cuando decide alzar la voz le descargan toda la potencia de la represión, pero con las bandas criminales que hacen de las suyas sin que nada las detenga, como lo que ocurre en la Cota 905 liderada por El Coqui, a los organismos de seguridad les tiemblan las piernas y salen huyendo como unos verdaderos cobardes.
Lo sucedido hace unos días en Cabudare, estado Lara, donde los cuerpos de seguridad infligieron tratos crueles e inhumanos y degradantes contra un ciudadano que protestaba clamando por agua y luz, se permite que los colectivos armados presten juramento en el obelisco de Barquisimeto y emitan un decreto, prácticamente de guerra, contra los que se encuentren en la calle protestando. También el gobernador del estado Zulia, no conforme con la grave e insostenible crisis que padecen los zulianos, se atreve a dictar un decreto para no permitir las manifestaciones.
Todos estos elementos reafirman la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado venezolano que, de paso, descalifica el informe presentado por la Misión de Determinación de Hechos, que calificó los abusos cometidos en Venezuela como crímenes de lesa humanidad.
“Estamos en presencia de un Estado que se ha declarado enemigo de los derechos humanos y garantías constitucionales y eso es muy grave para una población que luce indefensa y sin esperanzas. Podemos concluir que el Estado se declaró enemigo de los derechos humanos y el mejor aliado de la impunidad».