Estamos a 25 días de las elecciones regionales y municipales en Venezuela. Las anteriores se realizaron en 2017 y fueron anunciadas por la írrita Asamblea Nacional Constituyente como una muestra de su poder absoluto, en contraposición al legítimo Parlamento de 2015. En esa ocasión, los gobernadores tenían su mandato constitucional vencido desde diciembre de 2016, cuando deberían haberse celebrado los comicios.
Contra los pronósticos de la mayoría de las encuestas y analistas, el cabellomadurismo ganó ese voto. Obtuvo 18 de los 23 estados. Luis Vicente León, presidente de la firma Datanálisis, dijo días antes de estas elecciones que la participación sería cercana al 60% –fue 61%– y afirmó que, en el escenario más optimista, la oposición podría ganar entre 18 y 21 gobernaciones y, en el más pesimista, obtendría una mayoría “pero pírrica, muy cercana a la mitad”. También, manifestó que en ningún escenario eran posibles los resultados anunciados por el CNE.
Han transcurrido cuatro años en los cuales el cabellomadurismo ha consolidado el Estado mafioso: el crimen organizado controla importantes actividades ilícitas y hasta regiones completas del país; a lo que se suma la corrupción que se ha enraizado como la forma para evadir las sanciones económicas impuestas por los gobiernos democráticos al régimen de facto. Toda una estructura diseñada en función de los intereses de estas bandas que solo buscan su enriquecimiento. En una palabra: cleptocracia.
Hace un año, la periodista venezolana Sebastiana Barráez escribió en el portal de Infobae que “la industria del negocio del contrabando del combustible y de cualquier cosa en la frontera [del estado Táchira] se ha ido transformando en los últimos casi tres años. Es más rentable que el narcotráfico”. Agregó que en este negocio tienen un “papel determinante” los mal llamados “colectivos” al servicio del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y que “el Ejército de Liberación Nacional de Colombia ha encontrado el más rentable de los negocios en el control de trochas y de estaciones de combustible”. Es decir, “los militares, los guerrilleros, los colectivos, todos manejan una gasolinera y cobran precios exagerados por el combustible”. Fue la afirmación de un dirigente vecinal que perteneció a la red de dirigentes del chavismo.
Esta realidad hace que las elecciones del 21N sean fundamentales para mantener el Estado mafioso. Es la manera en que los grupos irregulares cobran, porque no pertenecen a nóminas de presupuesto regional, municipal ni nacional.
En consecuencia, los candidatos de la Plataforma Unitaria que participan en las megaelecciones enfrentan a la estructura político-militar del cabellomadurismo. En este sentido, luchan de manera formal contra el candidato del PSUV que cuenta con el apoyo del aparato oficialista –sesgo del proceso electoral–, y en la sombra contra las mafias vinculadas a negocios criminales como el tráfico ilegal de drogas, combustible, minerales, armas, personas y la corrupción, entre otros.
Además, la presencia de Alex Saab en Estados Unidos obliga al Estado mafioso a ganar la mayoría de las gobernaciones y alcaldías el 21N. Necesitan alcanzar una victoria contundente después de la terrible derrota que significó la extradición del barranquillero al estado de Florida. Era una de las piezas claves para el blanqueo de capitales y funcionamiento de la corporación criminal transnacional porque controlaba “el grueso de la recaudación de recursos ilícitos del régimen madurista, alrededor de 32% del total, destinado al enriquecimiento de funcionarios”, de acuerdo con el profesor y columnista Héctor E. Schamis.
El triunfo contundente del madurismo el 21N disminuye la probabilidad de ocurrencia de un referéndum revocatorio o el adelanto de los comicios presidenciales. Se enfocará en la estrategia de la movilización, fortaleciéndola para sí mismo y debilitándola para la Plataforma Unitaria –la escasez de la gasolina y la reducción del parque automotor hacen que sea un factor crítico de éxito del proceso electoral–.
Con una victoria categórica, Maduro y compañía saldrán gritando a los cuatro vientos que “el pueblo habló”, mostrando un mapa rojo de Venezuela el 22N.
Ese día desempolvarán la narrativa usada en “el triunfo” de las regionales de 2017. Dirán que fue una jornada histórica, que se “fortaleció la democracia en Venezuela”, que el país “vive en una democracia plena” y que “el madurismo está vivo, en la calle y triunfando”. Además, el sucesor de Chávez aprovechará esta victoria para decir que tiende la mano a los candidatos opositores que hayan ganado “para trabajar por la paz del país”.
Mientras tanto, la Plataforma Unitaria se propondrá denunciar que los resultados no coinciden con los que anuncia el CNE. Y no sería la primera vez: cabe recordar que hace cuatro años ocurrió algo similar. Gerardo Blyde, jefe de campaña de la MUD, aseguró que “no reconocerían los resultados dados por el CNE y que para hacerlo exigirían una auditoría de todo el proceso electoral”, algo que ofrecerá también Maduro esta vez, sobre todo por la presencia de la Misión de Observadores de la Unión Europea.
La derrota de los candidatos de la Plataforma Unitaria generará frustración de nuevo en los sectores democráticos. Vendrá el análisis poselectoral, durante el cual se profundizarán las diferencias en cuanto a los pasos que hay que seguir para salir del madurismo. Surgirán tres grupos.
En primer lugar, los que seguirán con la figura de un presidente interino, sin gobierno, pero con representantes en el exterior que seguirán actuando como interlocutores con los Estados que no reconocerán a Maduro de una vez. En segundo término, los que pasarán a la cohabitación para ir a la elección presidencial en 2024. Y, el tercer grupo, los que seguirán buscando la aplicación del Estatuto de Roma y la Responsabilidad de Proteger.
En ese momento, el Estado mafioso regresará a México para cobrar la victoria de la regionales y municipales, amarrando la hoja de ruta a los acuerdos del memorándum de entendimiento que aseguren el poder al madurismo hasta por lo menos 2024. Jorge Rodríguez, entonces, buscará quedarse con los que quieren cohabitar en la mesa de negociación.
En conclusión, el Estado mafioso va con todo el 21N: militares, guerrilleros y colectivos.