La magnitud del daño ocasionado por el sistema de justicia en Venezuela es tan grave que luce irreparable por no actuar conforme a sus atribuciones establecidas en nuestra norma suprema, la Constitución Nacional.
Debía ser autónomo e imparcial para que sus decisiones fueran sin colores políticos y no vulnerar el debido proceso, derechos humanos y garantías judiciales del imputado, que es lo que ocurre con los niños y adolescentes detenidos arbitrariamente por exigir el respeto a sus derechos políticos ejercidos el pasado 28 de julio.
Lo que ha sucedido es reprochable, inhumano y despreciable. Ya la detención en sí es una violación de los derechos de los detenidos, que no cometieron ningún delito sino reclamar la verdad de las pasadas elecciones presidenciales, una que no ha podido demostrar el oficialismo. Pero los han obligado a admitir unos hechos que nunca conocieron, pues sus audiencias fueron vía telemática con jueces sin rostros y sin el derecho a la defensa privada.
Estamos en presencia de la resurrección de la Seguridad Nacional dirigida por Pedro Estrada, quien actuaba sin piedad y sin clemencia en contra de quienes alzaban su voz de libertad en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En estos momentos el aniquilamiento de los derechos humanos es sistemático.