El Estado carece de cuerpos de seguridad con mecanismos de inteligencia y la pericia necesaria para desmantelar, desarmar y aprehender a jefes de bandas criminales.
Los enfrentamientos entre bandas criminales que siguen ocurriendo en Caracas nos permiten asegurar que el Estado no garantiza ningún derecho constitucional a la ciudadanía, que sigue en el mayor grado de indefensión en materia de seguridad ciudadana.
El Estado criminal conformado por pranes y jefes de bandas han impuesto un gobierno delincuencial paralelo con armas de alto alcance y tecnología de punta que ha colocado en riesgo la vida de ciudadanos inocentes que tuvieron que pasar hasta tres días encerrados, durmiendo debajo de sus camas, con niños angustiados por lo que ocurría y con temor a las balas perdidas.
Estas bandas pusieron de rodillas a la estructura gubernamental, componentes militares y cuerpos de seguridad del Estado, que sí son valientes para reprimir. Periodistas, estudiantes, disidencia política y todo aquel que se atreva a manifestar ha sido víctima de cárcel, tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes. También son eficientes en las estaciones de servicio de gasolina y montando alcabalas fantasmas para matraquear, extorsionar, despojar de bienes al ciudadano. Pero para desarmar a la delincuencia y garantizar la paz ciudadana le tiemblan las piernas.
El Estado tampoco garantiza el derecho a la salud del pueblo. Un ejemplo es lo que está pasando con la falta de vacunas para contener el covid-19, que sigue creciendo en forma exponencial. Imnunizaron con la primera dosis a unos pocos, pero ahora no hay la segunda. Los pacientes crónicos, tanto niños como adultos, no han podido cumplir con su tratamiento por la crisis sanitaria, lo que los coloca en situación de mucho riesgo.
El Estado sigue su carrera sin parar en la acumulación de más poder pero no mira ni siente los padecimientos del pueblo en materia de alimentación, salud, vida y seguridad ciudadana, que son derechos humanos como lo establece el Art 19 CRBV.