Diez muertes de presos políticos bajo custodia del Estado son suficientes para que el fiscal de la CPI, Karim Khan, exija a la sala de cuestiones preliminares la firma del informe sobre Venezuela.
Rechazo de manera contundente la vulneración por parte del Estado del artículo 43 de la Constitución, que establece el derecho a la vida y la obligación de preservar la de los privados de libertad.
La muerte del general en jefe RaúI Isaías Baduel confirma que en ningún centro de reclusión del Estado, en especial los del Sebin -La Tumba y El Helicoide-, se protege ni se garantiza la vida de los presos políticos. Se han convertido en la «capilla ardiente de una funeraria».
Exijo a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que aplique el Protocolo de Minessota en el caso de la muerte del general RaúI Isaías Baduel, para evitar que los funcionarios del Estado sospechosos de haber cometido este crimen puedan actuar o influir en la investigación. Debe designarse una comisión investigadora independiente para el esclarecimiento del caso, tomando en cuenta que hay muchos testimonios de familiares y abogados de la defensa que cuestionan la tesis del Estado de muerte por covid-19.
La inobservancia e indolencia por parte del defensor del pueblo ante tantas atrocidades, vejaciones, torturas y asesinatos -recordemos también las muertes de Fernando Albán y el capitán Rafael Acosta Arévalo- de presos políticos en los centros de detencién lo hace cómplice.
Es imposible para el Estado cerrar la investigación penal de estos asesinatos horrendos. Ya lo he dicho antes: no hay crimen perfecto porque los muertos hablan y la verdad prevalecerá.
Estamos en presencia de un récord de violaciones graves de los derechos humanos por parte de un Estado que condenó por esto la actuación de la cuarta república y ahora la aplica como política. Así que la única esperanza es la CPI.