La miopía -¿ignorancia? ¿tozudez?- de la falsa oposición (MUD, Fuerza Armada, interinato) le impide ver y entender que el antiguo Estado nacional venezolano hace mucho tiempo fue sustituido por el Estado chavista. Se trata de un proceso que formalmente comenzó en 1999 con la aprobación de la Constitución chavista y que materialmente se ha consolidado en estos últimos veinte años con un marco legal y unos órganos judiciales, electorales y militares que le sirven a una camarilla y no a la nación venezolana.
En cualquier otro Estado de partidos, que es lo que en realidad son las llamadas democracias, opera un cierto equilibrio de poderes que aun cuando el mismo partido controle varios o todos esto mantienen su funcionalidad e interdependencia. Pero no en el Estado chavista que ha instaurado el Estado de un solo partido que maneja a su antojo a todos los poderes fabricándose una legalidad a la medida de sus ambiciones que luego le es impuesta al resto de los venezolanos como la voluntad del pueblo.
A diferencia del Estado de partidos que imperó en Venezuela hasta 1999 y toleraba conspiraciones en su contra, el Estado de partido único chavista usa la fuerza militar apoyada en una seudolegalidad para triturar toda disidencia seria y permitir caricaturas burlescas e inocuas como la de la falsa oposición. Cualquier intento de cambiar ese régimen político desde adentro se estrellará con todo un entramado jurídico, militar y financiero perfectamente articulado para impedirlo con los más variados argumentos legales. Sin embargo, en aras de su propia supervivencia, el régimen chavista siempre incentiva a una oposición que se opone si y solo si respetando celosamente las reglas para no pasarse de la raya.
El Estado chavista puede adjudicar diputados, alcaldías y gobernaciones a la falsa oposición a condición de que esta cohabite y cumpla con su papel de legitimadora del régimen. Estas concesiones no ponen en peligro la existencia del Estado chavista, por el contrario, lo fortalecen al contar con una oposición que no es tal y que jamás será una amenaza real. El Estado chavista puede incluso tolerar ejercicios cantinfléricos como el llamado gobierno interino de Juan Guaidó con la certeza que lejos de ser una amenaza es un magnífico teatro para distraer a la galería.
Por si hacían falta más evidencias, la confiscación del edificio del periódico El Nacional es otro evento que constata que en Venezuela no hay un Estado nacional sino un Estado chavista que gobierna para los intereses de sus clientelas. La demanda que hace Diosdado Cabello contra El Nacional es una aberración jurídica, pero llena cabalmente los requisitos de la seudolegalidad chavista que justifica atropellar y destruir cualquier cosa percibida como un peligro para su supervivencia.
Cabello tampoco actúa por cuenta propia sino en nombre de un régimen político que no necesita otro edificio para montar una arepera socialista o un bodegón, pero sí requiere con urgencia destruir cualquier icono o referencia a una Venezuela distinta que ya existía antes de la barbarie chavista. No son las instalaciones de El Nacional lo que quiere el régimen sino más bien penalizar e intentar destruir a un medio que no puede controlar como sí lo logró con otras tales como El Universal y Últimas Noticias.
Dentro del marco de la seudolegalidad del Estado chavista, El Nacional no tiene ni tendrá garantías, jamás. Como tampoco las tiene cualquier venezolano que no esté postrado ante el chavismo. Ni las tuvo el general Raúl Isaías Baduel cuando se entregó a los tribunales militares para dar la pelea legal dentro del viciado sistema judicial chavista. Habrá garantías para El Nacional y para el resto de los venezolanos no cuando haya un mero cambio de gobierno (sacar a Maduro y poner a cualquiera de la falsa oposición, por ejemplo) sino cuando haya un cambio de régimen político que pasa necesariamente por la destrucción del Estado chavista con sus órganos judiciales, militares y financieros.
Esperar a que el chavismo entregue el poder pacíficamente y por vía electoral como nos propone la falsa oposición es una fantasía perniciosa que ha costado ya más de dos décadas de muerte y cárcel para cientos de miles de venezolanos, además de la casi segura desaparición de la nación venezolana si esto no cambia. Bien podrían ser dos décadas más si la tesis que se sigue imponiendo es la del cortoplacismo que posterga las tareas insurreccionales de largo plazo para privilegiar la táctica de cohabitar con el chavismo que siempre degenera en el círculo vicioso de protestas calculadas, elecciones fraudulentas y negociaciones sin destino. Se trata de una práctica que se sigue repitiendo como el tornillo que gira eternamente en una tuerca mellada, sin que nunca llegue a apretar.
Por esto hemos planteado y seguiremos insistiendo que para poder articular una verdadera oposición en Venezuela el primer debate y la primera definición que hay que establecer debe ser el resultado de confrontar las tesis de crisis de gobierno versus la crisis de Estado. Pensamos, a diferencia de la falsa oposición, que en Venezuela hay una crisis de Estado producto de la sustitución del Estado nacional por un Estado chavista. Esta crisis jamás podrá ser resuelta apelando a la legalidad ni a los órganos del Estado chavista mediante negociaciones ni elecciones. Se requiere de una ruptura con el actual régimen político y no una transición pactada que cambie la figura de un presidente y deje intacto el poder de las mafias políticas, judiciales, militares y financieras del Estado chavista.
La agresión a El Nacional es parte de una política sistemática de linchamiento físico y moral al que estamos sometidos todos los venezolanos que nos negamos a hacer el papel de serviles del Estado chavista. Este ultraje solo podrá ser corregido y reparado con un cambio total de régimen político y no apostando a su remozamiento electoral desde adentro.
@humbertotweets