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Se cumplió otro aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la ONU en el año 1948, pero en Venezuela no hay nada que celebrar.
El Estado pulverizó los derechos humanos en nuestro país: las víctimas de violación de los derechos humanos no tienen garantías de protección, no han tenido el derecho a la defensa y menos la reparación de los daños a través de la justicia.
Poderes públicos arrodillados y politizados que perdieron su autonomía e independencia dejaron en el mayor grado de indefensión a las víctimas, convirtiéndose en los mejores aliados de los victimarios que ejecutan sus acciones con total impunidad.
El Estado sigue despreciando y descalificando todos los pronunciamientos tanto del sistema interamericano como de los altos comisionados para los derechos humanos de la ONU. En nuestro país la vida no vale nada, el derecho a la libertad está en manos de los cuerpos seguridad del Estado que siguen ejecutando detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de personas, torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, delitos catalogados por la misión independiente de determinación de los hechos para los derechos humanos de la ONU como crímenes de lesa humanidad.
Si hablamos del acceso a la justicia, el derecho a la defensa y presunción de inocencia establecidos en el artículo 49 de la Constitución, como el debido proceso, podemos afirmar que las víctimas han sido todos los presos políticos recluidos en los centros de torturas como Ramo Verde, Dgcim y el Sebin.
El Estado mantiene como política pública la violación sistemática de los derechos humanos contra un pueblo indefenso, la hambruna, la crisis sanitaria, el covid-19 -que sigue dejando en el camino muchos fallecidos-, el colapso de los servicios básicos que ha generado el desplazamiento forzado de 5 millones de hermanos a otros países, la vulneración de la libertad de expresión, el libre ejercicio del periodismo y las amenazas recientes a los electores con el «si no votas no comes» y «la oposición pa’ la cárcel» es una demostración clara de que estamos en presencia de un Estado sin alma que desprecia y aborrece los derechos humanos y garantías constitucionales.
La única esperanza que les queda a las víctimas de violación de los derechos humanos está en la Corte Penal Internacional. Los poderes públicos siguen de rodillas ante el Ejecutivo, el defensor del pueblo con su silencio cómplice se convierte en el mejor aliado de la impunidad.