Pese a los problemas globales a lo largo de un año de pandemia, agudización de perturbaciones económicas y demandas sociales crecientes, de profundización de tensiones geopolíticas y aceleración en la regresión global de la democracia, pese a todo ello, el escrutinio internacional sobre la situación venezolana no cesa.
Por supuesto que hay razones de sobra para seguir preocupándose por Venezuela, si lo sabremos los venezolanos. Desde afuera, las conocen y viven de cerca los países en los que se concentra la emigración de venezolanos, agravada por los impactos de la pandemia, la recesión económica y la presión social, como lo recoge el informe de la OEA Crisis de migrantes y refugiados Venezolanos (2020). La migración no es la única manifestación de desbordamiento de la crisis venezolana que sigue preocupando en el exterior. Así lo reflejan, sobre desbordamientos en los terrenos de lo ilícito, portales de análisis e investigación, como Armando.Info o Insight Crime.
En medio de la pretensión oficialista de subestimar la crisis en sus múltiples manifestaciones y presumir de capacidad para legitimar su fórmula autocrática de gobernabilidad, las evaluaciones internacionales dicen lo contrario. Es así en informes como los de calidad institucional presentados por Cedice (2019–2020) y el de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial (2020). Añádanse los de Transparencia Internacional con su Índice de Percepción de Corrupción (2020) y sus otros muchos estudios en una materia -la gran corrupción– que refleja y refuerza la pérdida de Estado de Derecho en Venezuela. Su destrucción va acompañada por la erosión de los derechos humanos y la democracia, como lo siguen argumentando respetables informes no gubernamentales como los de Freedom House (2020, 2021) , The Economist (2020, 2021) y el proyecto Variedades de Democracia (2020, 2021).
Entre todas las crisis, incluyendo la emergencia humanitaria agravada por la pandemia, es la acumulación de violaciones del amplio espectro de derechos humanos el hoy más significativo punto focal de la atención internacional sobre la gravedad de la situación venezolana. Es el tema que hace más difícil a las democracias ignorar la crisis, les complica ignorarla a las posiciones pragmáticas y a los autoritarismos los obliga a abundar en argumentos que en realidad preferirían no tener que ventilar, salvo cuando se trate de la negación de sus propios abusos.
Hace pocos días -cuando nacionalmente Provea difundía datos sobre la violencia policial y militar y su balance de muertes, superior a las provocadas por la pandemia- se volvió a hacer visible en la agenda internacional la profundidad de la crisis venezolana: las raíces que ha echado y sus responsables. Así lo recordaron desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las actualizaciones de los informes de la alta comisionada. También los trabajos de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, con el antecedente de su amplio y rotundo informe de septiembre de 2020.
La claridad del diagnóstico y las francas manifestaciones internacionales de preocupación, denuncia y demandas se nota cada vez más en el cuidado que -aun en medio de muchas otras prioridades- están poniendo aliados muy importantes para la causa democrática venezolana: tanto ante la emergencia humanitaria, para los venezolanos dentro y fuera de Venezuela como, en otro y fundamental terreno, para ajustar y coordinar estrategias en apoyo a una vía de solución política desde adentro. En ese terreno, los actores democráticos con mayor capacidad de influencia internacional e incidencia nacional, desde Europa y Estados Unidos, han dado señales de seguir atentos, preocupados y ajustando estrategias, con acento en el esfuerzo nacional venezolano. Precisamente porque el escrutinio no cesa, en ninguno de ellos hay señales de disposición a aceptar la fórmula de coexistencia o escalada que les ofrece el régimen venezolano, desde su necesidad de sostenerse sobre la precariedad.
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