Según Jorge del Castillo y Juan Peña, abogados de Patricia Benavides, no existe ninguna evidencia que incrimine a la suspendida fiscal de la Nación. Y los supuestos chats de su asesor que fueron utilizados para acusarla, son falsos, han sido editados, y no tienen ningún respaldo que compruebe su veracidad.
El supuesto “agente especial” (a) Roberto, que presuntamente iba a corroborar los dichos del asesor de Benavides, no ha confirmado nada, ni tampoco podría hacerlo, según la exfiscal y excongresista Yeni Vilcatoma. Ella sostiene que un parlamentario, como dicen que es “Roberto”, no puede cumplir esa función de espía infiltrado en una imaginaria organización criminal.
En suma, hasta el momento no existe ninguna prueba en contra de Benavides que justifique una acusación en su contra. No obstante, a pesar de la absoluta carencia de evidencias, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió, literalmente a la velocidad del rayo, a la entonces fiscal de la Nación, en un proceso obviamente politizado y prevaricador, con la indiscutible finalidad de permitir a la mafia caviar recuperar el control del Ministerio Público, que habían perdido después de la salida de la impresentable Zoraida Ávalos.
El esbirro policial que fabricó las falaces imputaciones contra Benavides es el mismo que desde hace años viene sirviendo a los caviares y al poder de turno, a cambio de ascensos inmerecidos y del manejo de unidades policiales y presupuestos exorbitantes que son utilizados en total oscuridad.
Ese esbirro usó un método ilegal que viene practicando desde hace tiempo con toda impunidad. En mayo de 2023 iniciaron una investigación, con la complicidad de una magistrada de dudoso comportamiento, a la fiscal Benavides, pero sin incluirla formalmente. El motivo es que solo un fiscal supremo podría haber investigado a la entonces fiscal de la Nación. A pesar de eso, lo hicieron y alardearon de su delito públicamente, filtrando videos y fotos donde se aprecia claramente que están incorporando a Benavides en su pesquisa.
Eso lo ha hecho el esbirro antes. Por ejemplo, interceptaba números de teléfonos de personas a las que no podía escuchar legalmente, porque requería de autorización especial, diciendo que eran desconocidos, aunque sabían perfectamente de quienes se trataba.
Ha podido hacer eso porque cuenta con una red de corrupción de fiscales, jueces, políticos y periodistas que lo apoyan a cambio de favores.
En esta ocasión se confabularon con el esbirro, el Gobierno, la JNJ, medios de comunicación y la mafia caviar, interesada en recuperar el Ministerio Público, para seguir usando políticamente ese poderoso instrumento.
Ahora, cuando se va demostrando que las supuestas pruebas contra Benavides fueron manufacturadas por el esbirro y sus secuaces, los caviares y su prensa adicta pretenden justificar la sanción a Benavides removiendo otros casos que no tienen nada que ver con los motivos que usaron para defenestrarla.
Es indispensable que el Congreso releve de sus cargos a los politizados y prevaricadores miembros de la JNJ, que están haciéndole un daño inmenso al precario sistema de justicia.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú
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