Cassidy Hutchinson
Durante su discurso aquel famoso 6 de enero, en La Elipse -un jardín al sur de la Casa Blanca-, Donald Trump no solo incitó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio, les dijo también que los acompañaría hasta allá a protestar, al lugar donde se contarían oficialmente los votos de los colegios electorales que eligieron a Joseph Biden presidente.
Trump sabía que muchos de sus simpatizantes iban armados. El Servicio Secreto, la guardia presidencial, lo había advertido ya cuando quienes le creyeron al presidente que había habido un fraude electoral en su contra estaban ávidos de escucharlo antes de dirigirse a la sede del Congreso.
La congregación inicial no lucía tan llena, lo cual preocupaba al mandatario, pensando en la imagen televisiva que ello iba a producir. Y una de las razones de la aparente escasa audiencia fue que no dejaban entrar al mitin a quienes portaran armas (detectaron a algunos con pistolas Glock y rifles automáticos). Trump, sin embargo, pidió que les permitieran el ingreso, porque ellos no estaban allí para causarle daño a él.
Mientras Trump hablaba con sus emocionados seguidores, los Proud Boys (chicos orgullosos), una organización extremista neofascista y racista, abandonaron la reunión y se adelantaron a caminar hacia el Congreso. Líderes de esta organización, encabezada por un cubano-americano Enrique Tarrio y los de Oath Keepers (apegados al juramento) que la lideriza un graduado de Yale Stewart Rhodes están siendo juzgados por los tribunales, acusados de sedición por confabularse para atacar al Congreso. Rhodes está preso esperando juicio.
Trump es del tipo moderno de líderes autoritarios que llegan al poder electos democráticamente y aprovechan los resquicios que les ofrece la institucionalidad y sus normas (tanto legales como consuetudinarias) para intentar mantenerse gobernando. Una novedad característica de este tipo de líderes es que dicen y hacen abiertamente lo que piensan y creen que debe hacerse, sin importar que ello rompa cualquier tipo de reglas. Sus seguidores se lo perdonan e incluso simpatizan con ellos por esa razón. Ven en estos autoritarios a su redentor. Los Trump, los Chávez, los Bolsonaro son descarados, y se atreven a violar las reglas enfrente de todos. Es una manera, como se dice en Venezuela, de huir hacia adelante y tratar de normalizar su conducta. Trump es experto en eso y lo practica desde su primera campaña presidencial, cuando ya afirmaba que si mataba a alguien en la 5ª Avenida de Nueva York, sus fanáticos se lo perdonarían.
La mala conducta de Trump, entonces, es harto conocida. Fue lo que lo llevó a cargar con dos “impeachments” (la investigación y enjuiciamiento de un presidente en el Congreso) de los cuales salió ileso.
El segundo “impeachment” de Trump fue específicamente por los hechos de aquel funesto 6 de enero. Se buscaba enjuiciarlo políticamente para impedirle que en el futuro volviera a ocupar un cargo de elección popular. El Senado negó esa posibilidad, debido a que se requería que las dos terceras partes de sus miembros estuvieran de acuerdo y una mayoría republicana no quiso sancionarlo. Los votos de los demócratas y el del ex candidato presidencial republicano Mitt Romney no bastaron. El líder de la bancada republicana, Mitch McConnell, se levantó para criticar a Trump; dijo incluso que lo que había ocurrido el 6 de enero fue por su culpa. McConnell fue muy detallado y describió muchas de las mentiras sembradas por Trump después que perdió la presidencia. Sin embargo, el senador de Kentucky se agarró de la norma que indica que los “impeachment” son para quienes ejercen el cargo para el cual fueron elegidos, no para ciudadanos comunes y corrientes. Durante el segundo enjuiciamiento del Congreso, Trump ya no era presidente. El proceso se llevó a cabo casi un mes después de su salida del cargo. Y con base en ese argumento legal, la mayoría de la bancada republicana votó como votó: No.
McConell, no obstante, señaló lo siguiente: “El presidente Trump es todavía responsable de todo lo que hizo cuando ocupaba la presidencia, como un ciudadano común, (y) a menos que haya una prescripción legal, es aun responsable por todo lo que hizo cuando estaba en el cargo, no se libró de nada todavía; todavía. En este país tenemos un sistema de justicia penal. Tenemos litigación civil. Y los expresidentes no son inmunes a rendir cuentas en ninguno de los dos campos”.
La investigación actual del Comité del 6 de Enero de la Cámara de Representantes se ha llevado un tiempo mucho más largo –más de un año- que las realizadas para los juicios políticos del Congreso. En teoría, esta investigación se lleva a cabo para esclarecer por qué se produjo la violenta insurrección, establecer responsabilidades y legislar para que los hechos que la facilitaron no se repitan. El comité no tiene facultades penales, pero en la práctica sus audiencias revelan que, además de la facultad legislativa, se busca la intervención del Departamento de Justicia, después de hacerse públicos los testimonios de quienes fueron presionados por Trump para que invalidaran la elección que perdió.
Casi la totalidad de los testimonios obtenidos por el comité investigador actual -que parecieran incriminar al expresidente, a su jefe de gabinete y a abogados que “asistían” a Trump en todo esto- fueron de funcionarios que votaron por Trump en sus dos elecciones, republicanos declarados, conservadores, algunos designados por él mismo en el gobierno. Por ese comité pasaron el jefe de Gabinete de Mike Pence; el ex fiscal general William Barr, abogados de la Casa Blanca, el subsecretario de Estado de Georgia, el presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, y los últimos secretario y subsecretario de Justicia de su administración. Todos alegaron haberse resistido a las presiones del entonces presidente para invalidar la elección presidencial y haberse apegado a lo establecido en la Constitución.
La última audiencia pública del comité especial del Congreso fue para que testificara Cassidy Hutchinson, asistente principal del exjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, quien por razones de su cargo estaba involucrado en todas las reuniones de importancia para la oficina del presidente. Y Hutchinson era la sombra permanente de Meadows.
Hutchinson testificó por varias horas, varios días, en audiencias privadas, pero el comité dio a entender que esta interpelación pública se daba para proteger su integridad física y personal. Muchos de los interpelados han sufrido amenazas contra ellos y sus familias. Dos empleadas electorales de bajo nivel del estado de Georgia se vieron obligadas a mudarse y buscar protección del FBI por calumnias contra ellas hechas por el mismo Trump sobre supuestas irregularidades que habrían cometido en el conteo de votos de su estado.
La información pública que ofreció Hutchinson fue de mucha relevancia, especialmente en lo concerniente al conocimiento que tenía Trump sobre el modo de la manifestación contra el Congreso, antes, durante y después de que ella se realizara. A pesar de que el entonces presidente sabía que sus partidarios estaban armados en su marcha hacia el Capitolio y que era muy factible que hubiera actos de violencia, insistió en acompañarlos, pero el Servicio Secreto se lo impidió.
La versión de Hutchinson -según le habría contado a ella el coordinador de operaciones de la presidencia- fue que el presidente le ordenó a su chofer, al salir del mitin en La Elipse, que se dirigiera hacia el Congreso, pero que el jefe de seguridad, Bob Engel, quien estaba en el vehículo, dijo que no. Ante la negativa, Trump supuestamente alcanzó a agarrar el volante del automóvil, insistiendo que fueran al Capitolio, y Engel lo impidió también físicamente, lo cual provocó que el entonces mandatario le pusiera a Engel la otra mano en el pecho para intentar atajarlo. El carro regresó de todas maneras a la residencia presidencial.
Para que el Departamento de Justicia le abra un juicio penal al expresidente, una de las cosas difíciles de demostrar es que hubo intención de cometer un crimen. Es una vara alta para cualquier Fiscal General. A mi modo de ver, y según todo lo que ha salido a la luz con las investigaciones parlamentarias actuales, no se trata solamente de que Trump hubiera incitado a una turba a que atacara el Congreso, o hubiera participado en la planificación de la insurrección. Él quería ser parte de la turba. Más que presidente, él, simplemente, era uno de ellos, era uno más de ese montón.
@LaresFermin
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