OPINIÓN

El ejercicio profesional, homologación y diplomacia universitaria

por Genaro Mosquera Genaro Mosquera

 

Foto Pixabay

Las universidades les están dando prioridad a la construcción de redes académicas aprovechando las virtudes de las tecnologías de la información que han permitido facilitar el intercambio de variados tipos de planes de estudio, pasantías estudiantiles, intercambio de profesores , compartir el trabajo de investigación, mejorando las relaciones institucionales e individuales entre pares académicos cuyos resultados se hacen evidentes, el mejor ejemplo de ello ha sido la construcción de una gran red de investigación global para encontrar solución a los efectos de la pandemia de covid-19.

Estas facilidades contribuyen al desarrollo de los objetivos institucionales, especialmente la internacionalización de las universidades, para tal fin, se firman multitud de acuerdos, convenios marco, convenios específicos, se crean procedimientos y reglamentos para normar las relaciones académicas, así como el reconocimiento de las carreras profesionales y la homologación de títulos académicos para de esta manera contribuir al ejercicio profesional.

Los gobiernos de diferentes países a través de las carteras de educación oficialmente han propiciado el desarrollo de la internacionalización con acciones diplomáticas convenientes, los cuales se han traducido en acuerdos entre gobiernos, e incluso sustentadas en el enlace con universidades, y de organismos gremiales para facilitar los trámites oficiales para que se tenga el debido sustento institucional para contribuir con los citados intercambios, la articulación de programas, reconocimiento  de contenidos de los pensa de estudios, validación de las carreras universitarias y doble titulación, siempre en la búsqueda de beneficiar la cultura y el desarrollo. En tal sentido, se han definido políticas para la aplicación de los procesos definiendo iniciativas destinadas a los organismos responsables.

Los despachos oficiales hacen gala de los acuerdos firmados destacando en su narrativa la ventaja intrínseca para la globalización de la sociedad del conocimiento. Destacan las políticas adoptadas como logros importantes para la educación; sin embargo, un examen de muchos de esos acuerdos dejan ver en la práctica que esas directrices son ignoradas o sencillamente no se aplican, desestimulando completamente los instrumentos firmados  y refrendados, los cuales afectan no solamente los objetivos para los que fueron creados, sino que perjudican directamente a los  profesionales que por razones circunstanciales desean ejercer la profesión en otros países y no lo pueden hacer debido a la gran cantidad de obstáculos que consiguen cuando se aventuren a intentar a ejercer la profesión más allá de su país de origen.

Dicha problemática se hace evidente cuando en los trámites normales seguidos para la respectiva calificación profesional o incluso para  dar continuidad a los estudios de perfeccionamiento privan otros intereses, como el nacionalismo mal entendido, o gremiales los cuales se apoyan en la supuesta defensa de su empleo. El problema se complica ante las consecuencias socioeconómicas y políticas que proliferan en el mundo actual producto de gobiernos que discriminan políticamente a su población, especialmente a los egresados universitarios, los cuales emigran como consecuencia de problemas económicos, acciones de guerra o malas condiciones de vida que imposibilitan el ejercicio profesional en sus países de origen. Todo ello determina por lo general grandes movilizaciones hacia un entorno más favorable y especialmente a los centros más desarrollados.

Cualquiera de las razones anotadas determina la migración profesional que incluso favorece a los países receptores a los cuales aportan no solo competencias profesionales sino cultura y preparación intelectual que a fin de cuentas contribuyen al desarrollo. Las circunstancias anotadas también producen el rechazo para la aceptación de las credenciales profesionales, y por lo general profesionales de diversas especialidades están sujetos a grandes obstáculos, sin plena justificación, limitando la aspiración al debido reconocimiento dentro de los parámetros procedimentales convenidos, sometiendo a los aspirantes a largas tramitaciones y plazos burocráticos. Finalmente se desprecian capacidades determinado en buena medida que por razones de supervivencia estos profesionales tengan que elegir oficios diversos, muchos de ellos marginales para poder mantenerse.

El caso venezolano es evidente, ante la crisis económica y social inducida por el régimen y la eliminación de la clase media,  y la pérdida de oportunidad laboral, cientos de miles han emigrado a casi cualquier parte del mundo, van a otros países cargados de credenciales de gran calidad académica y profesional, poseedores de una cultura general amplia y en posesión de gran experiencia, pero son rechazados y no pueden trabajar en su especialidad, incluso se obligan a hacerlo como personal obrero o auxiliar en una acción francamente humillante. Es evidente reconocer la incorporación de profesores ultracalificados a centros universitarios e institucionales en general que los acogen, incluso dirigen programas importantes, instituciones universitarias o se insertan en la cultura científica con gran éxito; sin embargo, estos distinguidos académicos no son la mayoría.

Las peticiones oficiales inútiles duran años en tramitarse y los obligan prácticamente a tomar la carrera desde sus inicios o, sencillamente, reanudar estudios en otra carrera. Por lo general, no se reconocen los créditos académicos en franca violación de reglamentos, acuerdos internacionales o incluso de las propias casas de estudio. La población afectada por esta situación puede ubicarse dentro de las variables determinantes de violación de sus derechos humanos y segregación social, por esa única razón, los gobiernos deben tomar cartas en el asunto, los cuerpos legislativos deben revisar la aplicación de la leyes que tiene que ver con el ejercicio profesional y las organizaciones internacionales, creadas con capítulos relevantes para la protección de la educación deben intervenir y revisar completamente los acuerdos nacionales, binacionales y globales cuya falta de aplicación están perjudicando a gran número de profesionales que los ponen en el limbo profesional perdiendo todo el esfuerzo, experiencia, y conocimiento adquirido. Se deben poner de lado intereses nacionalistas o de oportunismo como las que políticamente dictan los gobiernos en detrimento de los profesionales migrantes o privilegiando a otros por razones circunstanciales como es el caso venezolano que sin requisitos de ningún tipo aceptan médicos cubanos, algunos de los cuales no pasan de ser camilleros, pero que ejercen una profesión sin ningún trámite, ni participación o comunicación al gremio médico y el agravante que se les remunera muy por encima de las tablas oficiales de médicos venezolanos favoreciendo la práctica esclavista de tomar un alta porcentaje de esa remuneración para alimentar al gobierno  pagando una miseria al supuesto profesional .

Obviamente no todos los países tienen la aptitud de limitar el ejercicio de la profesión favoreciendo la obtención de títulos equivalentes mediante fórmulas adecuadas de convalidación de títulos, de reconocimiento o descertificación profesional cuya experiencia es perfectamente ajustada a la realidad del mercado laboral en una competencia en determinada tarea que puede formar parte o no del plan de estudios de una carrera universitaria. Es trascendente la experiencia en el cambio del paradigma universitario, se percibe notable desinterés de las personas por una carrera universitaria, de su abandono y por lo general se ha potenciado la preferencia por programas de certificación profesional que les permite insertarse en el mercado laboral. Esta tendencia ya generalizada, debe de tomarse en cuenta en relación a la homologación de programas académicos para fortalecer la estrategia de vinculación con la profesión de un egresado universitario.

La experiencia que se exhibe en esa materia permite inducir a las universidades a dictar programas de esta naturaleza, es decir, de certificación profesional en competencias específicas, pero que deben ser validadas como créditos académicos para la obtención de un grado, el trámite o reconocimiento de una carrera haciéndolas explícitas en los planes curriculares, de esta manera se facilita la articulación con los requisitos no solo para favorecer la actividad laboral de los profesionales que por una razón u otra emigran facilitando su inserción en la sociedad de manera  democrática, colaborativa, intercambio y desarrollo creativo.

Los gobiernos e instituciones educativas deben tomar carta sincera en estos asuntos con la experticia universitaria adecuada en beneficio del usuario final que dispone de calidad profesional y eficiencia para el desempeño profesional para que realmente beneficie a la internacionalización, la ciencia, colaboración académica, la investigación y a la cultura nacional e internacional.