A pesar de la proliferación de bandas criminales y organizaciones de narcotráfico que están causando estragos en Latinoamérica, las medidas que ha tomado el gobierno de El Salvador para declararle la guerra a las pandillas han logrado que 50.000 pandilleros hayan sido capturados. Estas acciones hacen pensar que existe una vía efectiva para erradicar al crimen en la región.
El Salvador lleva más de 77 días sin homicidios. Las operaciones que están poniendo en práctica las autoridades de ese país, deberían ser estudiadas por los futuros gobernantes de Venezuela, uno de los países con mayor delincuencia del mundo, aunque el régimen de Maduro trate de hacer creer que ya no hay inseguridad. La verdad es que en Venezuela los delincuentes incluso se han institucionalizado y adquirido fachadas corporativas para ampliar sus tentáculos bajo el cobijo del chavismo.
No hay manera de conocer las verdaderas cifras de criminalidad en Venezuela, el gobierno mantiene la censura y el control para que la información no trascienda a nivel mediático. Hay infinidad de señalamientos que vinculan al régimen con las acciones de los grupos delictivos.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele, parece estar comprometido con la erradicación de la delincuencia en su país, ha puesto en marcha un plan audaz y preciso para capturar y encarcelar a los criminales más temidos, lo ha hecho sin vacilaciones, sin miramientos y sin tener en cuenta las críticas de quienes justifican a los antisociales. Mientras la criminalidad aumenta en otras naciones, El Salvador está dando un ejemplo de contundencia en contra de Las Maras. En el territorio venezolano ocurre exactamente lo contrario con las bandas internas, pero hay que tomar medidas contundentes y mano dura para que el país vuelva a ser seguro y para que la delincuencia no siga teniendo poder.
Una de las primeras acciones que hay que poner en funcionamiento en el caso de Venezuela debe ser la privatización del sistema carcelario mediante una concesión otorgada por el Estado; y un proyecto estratégico que ponga a los reos a trabajar, cotizar y pagar impuestos, su estancia y los gastos que generan en la penitenciaria. Además, es fundamental crear una nueva fuerza policial con mayor preparación y libre de los vicios que adquirieron las actuales. Esto sólo será posible una vez que se recupere la democracia y llegue al poder un gobernante que no tenga vínculos con el crimen.
Mucho queda por aprender y aplicar para solucionar la situación en Latinoamérica, pero los pasos de El Salvador en materia de seguridad nacional abren un nuevo capítulo que hay que observar, pues parecen contener la fórmula para neutralizar a las bandas criminales del continente.