Como observador europeo de la política exterior latinoamericana, uno se pregunta a menudo si esta se orienta con base en principios o normas generales. Los gobiernos europeos están acostumbrados a que se les acuse, a menudo con mucha razón, de aplicar un doble rasero en su política exterior. Pero parece que algunos gobiernos latinoamericanos quieren igualar o incluso superar a Europa en este aspecto.
AMLO y su injerencia selectiva
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un gran defensor de la no injerencia en los asuntos de otros Estados latinoamericanos. Por eso, no ha criticado ni las masivas violaciones de los derechos humanos ni las expatriaciones forzosas en Nicaragua. Tampoco se ha interesado por la legitimidad del régimen de Daniel Ortega que encarceló a todos los candidatos opositores serios antes de las últimas elecciones y luego reprimió brutalmente las protestas ciudadanas, lo que acarreó numerosos muertos.
Sin embargo, de repente AMLO se ha interesado por los asuntos de otro Estado latinoamericano y se convierte, así, en el árbitro de la política peruana. Tras el autogolpe televisado y frustrado de Pedro Castillo, y su posterior destitución por el Congreso, el expresidente de Perú está en la cárcel y la justicia debe dictar sentencia.
Para AMLO, Castillo es una víctima y el nuevo gobierno peruano es ilegítimo. Ciertamente, se puede criticar la actuación del gobierno peruano al reprimir las protestas, y la actitud del Congreso al no convocar elecciones anticipadas. Sin embargo, no se debe reescribir la historia. Castillo no fracasó por ser de izquierda, sino por su ineptitud. Fue elegido como el menos malo de dos candidatos que, juntos, recibieron solo el 32% de los votos en la primera ronda. Castillo perdió el cargo porque intentó dar un golpe de Estado.
Por un lado, AMLO muestra indulgencia hacia un exrevolucionario que ha establecido un régimen personalista autocrático en la mejor tradición de Somoza. Por otro lado, defiende a un golpista y como daño colateral causa una crisis en la Alianza del Pacífico, una de las pocas organizaciones regionales que, hasta ahora, ha manejado bien los cambios en la orientación política de los Gobiernos de sus países miembros. El gobierno mexicano se niega a traspasar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Gobierno peruano.
Lula da Silva y el conflicto de Ucrania
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quiere convertirse en mediador en el conflicto de Ucrania. Cuando el canciller de Alemania, Olaf Scholz, visitó Brasil en enero, Lula rechazó categóricamente la entrega de municiones a Ucrania para tanques antiaéreos de fabricación alemana que eran utilizados por el Ejército ucraniano, los cuales no son un sistema de armamento ofensivo, pero pueden repeler ataques aéreos contra la población civil. En este contexto, cabe preguntarse si no es moralmente reprobable negar este apoyo a un país que está siendo atacado, pese a la violación del derecho internacional y que lucha por su supervivencia.
Poco después, a principios de marzo, el mismo gobierno brasileño permitió la entrada de buques de guerra iraníes en el puerto de Río de Janeiro. Irán es un país que apoya con armas (drones) al agresor en el conflicto de Ucrania y oprime brutalmente a su propia población, en particular a las mujeres.
Volviendo al tema de Nicaragua. El largo silencio de Lula y de su gobierno sobre la expatriación forzosa de nicaragüenses demuestra que la defensa de la democracia y de las convenciones internacionales sobre derechos humanos solo desempeñan un papel subordinado en la política exterior del nuevo gobierno brasileño.
Recientemente, el 7 de marzo, Brasil rompió su silencio cuando su embajador ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Tovar da Silva Nunes, expresó la profunda preocupación de su gobierno «por la decisión de las autoridades nicaragüenses de privar de su nacionalidad a más de trescientos nicaragüenses” y por “las informaciones de graves violaciones de derechos humanos y restricciones al espacio democrático, en concreto, ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y torturas”. Sin embargo, a diferencia de otros países latinoamericanos (como Chile y Colombia), Brasil no respaldó una declaración conjunta de 55 gobiernos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
A veces puede ser ventajoso no posicionarse en cuestiones difíciles y controvertidas de política exterior, pero de una potencia regional se espera que establezca normas para la región. En este sentido, Lula ya ha decepcionado durante sus anteriores presidencias demostrando cierta tolerancia hacia las tendencias autoritarias en el campo de la izquierda.
En última instancia, esto ha llevado a la crisis y parálisis de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). En el Consejo de Derechos Humanos, el Gobierno brasileño finalmente se ofreció a explorar la posibilidad de entablar un diálogo constructivo entre el gobierno de Nicaragua y los protagonistas relevantes. No obstante, se plantea la cuestión de quiénes deben ser estos interlocutores relevantes, ¿los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil prohibidos y disueltos, o las figuras de la oposición expatriadas? La iniciativa de Brasil llega muy tarde y es dudoso que el gobierno nicaragüense esté interesado en el diálogo y la mediación.
Existen, por supuesto, loables excepciones y gobiernos latinoamericanos de izquierda con una política basada en principios y en la defensa de los derechos humanos, donde su aplicación no depende de si estos han sido violados por gobiernos de derechas o de izquierdas. Se trata de gobiernos de la nueva izquierda.
El gobierno colombiano ha adoptado una postura inequívoca respecto a Nicaragua. Sin embargo, la reacción más clara y rápida fue la del gobierno chileno del presidente Gabriel Boric, quien, sin duda, tampoco habría permitido la entrada de buques de guerra iraníes en puertos chilenos, debido a una clara posición sobre el conflicto en Ucrania y por respeto a las mujeres iraníes.
Las políticas exteriores ambivalentes de Brasil y México, y erráticas en el caso de este último, dan la impresión de una falta de principios que no facilitan los procesos de cooperación e integración regional. Por lo tanto, existe el peligro de que la profundización de la cooperación regional, impulsada por esta nueva marea rosa, termine de forma tan decepcionante como la marea anterior cuando los estándares democráticos terminaron diluyéndose.
Detlef Nolte es Investigador asociado del German Institute for Gobal and Area Studies – GIGA (Hamburgo, Alemania) y del German Council on Foreign Relations (DGAP). Fue Director del Instituto de Estudios Latinoamericanos y Vicepresidente del GIGA.
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