El dilema de cómo caer: o estallido social o votos

Para que el régimen aceptara volver a la Mesa de Negociación que, con recurrentes altibajos, se instaló en México en 2021; para que llegasen a los dos primeros acuerdos genéricos que se firmaron el 6 de septiembre de aquel año -uno, de Promoción de los Derechos Políticos y Garantías Electorales; y otro sobre Derechos Vitales de la Nación-; y, en definitiva, para que los representantes del gobierno y de la Plataforma Unitaria protagonizaran una ceremonia en Barbados, el pasado 17 de octubre, en la que suscribieron y anunciaron nuevos acuerdos -por muy frágiles o imprecisos que luzcan los textos-, han tenido que establecerse las condiciones básicas de toda negociación.

Esas condiciones son las tres señaladas en cualquier manual o teoría sobre la negociación. La primera, que las partes aceptan la entidad y autonomía del interlocutor (que, en este caso, significa que el régimen reconoce a la Plataforma Unitaria como el ente vocero de la mayoría venezolana que aspira a un cambio político en Venezuela). La segunda, que ambas partes están interesadas en llegar a un acuerdo, que les permita avanzar en sus respectivos propósitos. La tercera, la más importante, es que cada una de las partes cuenta con una fuerza relativa, suficiente para obtener, en alguna medida, la petición que ha formulado a la contraparte.

Si el gobierno aceptó respetar el derecho de la oposición venezolana a escoger un candidato presidencial, que se medirá con el candidato del gobierno (Maduro u otro), en el segundo semestre de 2024, ello se debe, en lo esencial, a su desesperada necesidad de dinero. No exagero cuando escribo “desesperada necesidad de dinero”. Y esa es la razón por la que volvió a la Mesa de Negociación en México, la razón por la que se retrató en Barbados: porque es cuestión de vida o muerte, que los cerrojos y limitaciones establecidas por las sanciones, se levanten o se alivien, para así tratar de paliar en alguna medida el grave estado de las finanzas del poder, arrasadas, en primer lugar, por las demenciales políticas de destrucción de la producción en Venezuela -incluida la producción petrolera- y, a continuación, por el saqueo sin precedentes en la historia del mundo, encabezado por Tareck el Aissami, nada menos que de una cifra entre los 25.000 y 30.000 millones de dólares, es decir, más de 2 años completos del presupuesto nacional.

Es tal la magnitud de la crisis que, por ejemplo, no tienen cómo pagar las utilidades y bonos de fin de año a los más de 5,5 millones de empleados públicos que hay en Venezuela. No tienen cómo pagar ni una factura a los contratistas del Estado que, en su mayoría, no reciben ni un céntimo desde junio. No tienen cómo avanzar en centenares de obras públicas que están totalmente paralizadas. Ni tampoco cómo iniciar obras y proyectos que habían sido aprobados en 2022. Ni disponen de los recursos para las bolsas de alimentos de los CLAP, cada vez con menos productos y los que tienen de peor calidad. Ni pueden aumentar el salario mínimo, actualmente en 5,25 dólares, congelado desde hace 16 meses, el cuarto más bajo del mundo, superado por Uganda, Burundi y Ruanda.

¿Es posible cuantificar el tamaño del problema al que se enfrenta Maduro? Sí, pero solo de forma aproximada, porque los mecanismos de la opacidad no permiten conocer las realidades financieras con exactitud. Sin embargo, del análisis de los datos conocidos, y de información obtenida por distintas vías, es posible una estimación razonable: de cada 10 dólares que el gobierno necesita para atender solo las demandas básicas de su gestión, dispone únicamente de 2. Léase bien: 2 de 10. Necesita 10 y tiene 2. Por eso llegaron hasta Barbados.

Llegaron a Barbados porque no tienen alternativa. O sí la tienen, pero a costos insoportables. Me explico. Los análisis de las salas situacionales del gobierno advierten que están dadas las condiciones para que se produzca un amplio estallido social. El pueblo con hambre no aguanta más. Las realidades alimentarias y de servicios en Venezuela continúan empeorando. Hay todo un país -que incluye a las familias de los militares y los policías, cancerberos del régimen- esperando por los pagos y beneficios de diciembre. No es una espera pasiva: es la ansiedad del hambre. El país constituido por inmensas mayorías no ha sido informado del descomunal robo cometido por la mano derecha de Maduro, robo cuyas consecuencias no son otras que hambre real, crisis de los servicios públicos y expansión de las enfermedades.

Entonces, o le conceden a la sociedad venezolana, representada por la Plataforma Unitaria, algunos de sus derechos políticos, o tendrán que enfrentarse en las calles a un escenario masivo de protestas, cuyo final o desenlace, ahora mismo, es imposible de prever.

El gobierno vive horas de enormes convulsiones internas. Hay grupos militares, guiados por Diosdado Cabello, que sostienen que hay que volver a la tesis de comienzos de 2023, que es la de ir a una elección presidencial, pero con un candidato opositor escogido por el gobierno, y que en lo que aparezcan las protestas hay que cortarlas de raíz y reprimir sin piedad: para eso fueron creados el Consejo Especial para la Paz -Cepaz- y las 45.542 Unidades Populares para la Paz -UPAZ-, y por eso ya se han producido arengas de voceros militares amenazando a quienes protesten, pero también a las fuerzas opositoras que, en el marco de la ley, realizaron unas exitosas primarias y han escogido a la candidata que se medirá con Maduro o con quien lo remplace en la contienda.

La reacción de las últimas horas -el intento de ilegalizar las elecciones primarias que, además de legales cuentan con el paraguas del acuerdo de Barbados- es una evidente expresión de las convulsiones señaladas. Hay varias corrientes en el PSUV, es decir, en las narices de Cabello, que defienden la tesis pragmática: mantener firmes los acuerdos firmados y prepararse para la contienda electoral, aprovechando los recursos financieros que recibirá el gobierno si respeta los acuerdos. Pero hay otros que, después de lo ocurrido el domingo pasado -la indiscutible movilización que se produjo durante las primarias opositoras-, han comenzado a propagar, en voz alta, que el PSUV debe designar a Rafael Lacava como candidato presidencial, ya que él sería el único que podría enfrentar a María Corina Machado con probabilidades de éxito. Mientras, esto hay que advertirlo, el poder real, el poder de las balas y las bombas lacrimógenas, se prepara para actuar contra los ciudadanos hambrientos.