Lo que ocurrió el pasado viernes 30 de junio no debe sorprender a nadie. Esta pequeña muestra no es más que parte de un libreto perfectamente confeccionado por el régimen que, con el transcurrir de esta interminable pesadilla, ha aprendido todos los trucos habidos y por haber para perpetuarse en el poder.
El aviso lo había dado descaradamente y sin ningún rubor uno de los alacranes de Nicolás Maduro, o tal vez está más de moda decir uno de sus fieles mercenarios políticos, José Brito. Este señor se presentó la semana pasada ante la Contraloría General chavista, con su cara bien lavada y más cínica aún, solicitándole un dictamen –con carácter perentorio– para que todo el mundo en el planeta pudiera saber, de una vez por todas, si María Corina Machado era potable para participar en la elección presidencial de 2024.
Por supuesto que la respuesta más que expedita de la Contraloría cumplió con el plan trazado desde Miraflores, y ya el viernes 30 de junio (sólo cinco días después) fue noticia urbi et orbi la inhabilitación de MCM para ejercer cargos de elección popular por un período de 15 años.
No hace falta ni siquiera detenerse en el contenido aberrante y bizantino del oficio de la Contraloría, exponiendo las razones que pretenden cercenar los derechos políticos de la candidata de Vente Venezuela. Baste con decir que, más allá de supuestos errores relacionados con omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio, se le echa la culpa a MCM de todos los males que aquejan a nuestra pobre Venezuela. Esto incluye, entre otras acusaciones, la de haber estado involucrada, junto a Juan Guaidó, en una dizque trama de corrupción que propició el bloqueo criminal al país, así como el “despojo de empresas y riquezas de la nación en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos”.
El momento escogido por el régimen para inhabilitar a MCM no fue por azar. Teniendo siempre en mente su objetivo estratégico de hacer implosionar la elección primaria pautada para octubre de este año, ya el Ejecutivo chavista había tomado todas las previsiones para desmantelar el Consejo Nacional Electoral y hacer notoria su intención de crear uno a su medida; todo ello, con el propósito de seguir alimentando la sempiterna desconfianza que tiene el mundo opositor (mayoría del país) en el voto administrado por el CNE; y, de esta forma, fomentar al máximo la abstención de cara a las todavía no anunciadas oficialmente elecciones presidenciales.
El régimen, que había estado observando el indudable arrastre que ha generado la candidatura de MCM, en gira nacional permanente, forzó el anuncio de la inhabilitación en un momento en que pronto vencerá el plazo para la inscripción de potenciales votantes venezolanos en el exterior, a sabiendas de que esta decisión pudiera desmotivar a un gran número de los que se disponen a registrarse. Hasta ahora, la cantidad de personas inscritas en el exterior es bastante decepcionante, y el gobierno quiere asegurarse de que eso siga así.
El punto de inflexión
Pero, es posible que el régimen haya incurrido en un mal cálculo. Las reacciones que ha generado la inhabilitación de MCM, tanto a nivel interno como en el exterior, representan ciertos retos que no pueden ser desestimados por Miraflores.
Pertinente es advertir que quizás con la medida anunciada el 30 de junio, Nicolás Maduro y su corte de asesores pudieran estar creando un peligroso mártir en la figura de MCM, que seguro ha de reflejarse en una entusiasta e indetenible multiplicación de seguidores, hartos de la actitud déspota y arrogante de un régimen que sigue cerrando todas las vías políticas de solución a una crisis todavía sin fondo.
Por otra parte, todo el liderazgo opositor, particularmente los candidatos aspirantes a la elección primaria de octubre han condenado la arbitrariedad de la medida, convirtiéndose tal vez este escollo en un detonante inesperado que ha de contribuir a un mayor acercamiento y unidad de propósitos de los factores democráticos, todavía muy dispersos.
En el plano externo, ya ha habido numerosas manifestaciones de parte de la comunidad internacional condenando el atropello político del régimen. La Unión Europea, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, e incluso el mismo presidente de Colombia, entre otros, se han sumado al coro de voces que llaman a la desactivación de la medida.
El rechazo del presidente Gustavo Petro a la inhabilitación de MCM, señalando que para él resulta claro que “ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano”, pudiera de alguna manera generar roces con su contraparte venezolana. Representa una manifestación incómoda para el régimen, tomando en cuenta el mejoramiento relativo que han experimentado las relaciones entre ambos países, con un presidente Petro que ha sido visto por el propio Maduro como mediador y garante del formato de México -aunque sólo sea de la boca para afuera-, y a un inquilino de Miraflores que ha fungido con el mismo carácter en las negociaciones que tienen lugar entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Lo cierto es que la inhabilitación de MCM pudiera de alguna forma dar al traste con gran parte del terreno que había estado ganando Maduro en eso tan necesitado por él como es el reconocimiento internacional. Ya este fin de semana se conoció la noticia de que el Grupo del Partido Popular Europeo, del cual es parte la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, solicitará en el próximo plenario del Parlamento Europeo que se le retire a Nicolás Maduro la invitación para asistir a la Cumbre UE-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a celebrarse entre los días 17 y 18 de julio en Bruselas.
Lula da Silva, después de su cuestionado esfuerzo reciente convocando a los jefes de Estado y de Gobierno de Unasur para reinsertar a su homólogo venezolano en la región, tendrá que pensar en otra artimaña más para lavarle la cara al régimen madurista frente a una nueva dinámica que se espera sea de mucha presión por parte de la comunidad internacional luego de la inhabilitación de MCM.
Dadas las circunstancias actuales, resulta previsible que el régimen siga aplicando la misma receta de siempre; esto es, continuar su carrera desbocada hacia adelante, arrasando con todo lo que signifique un obstáculo en su objetivo existencial de mantenerse en el poder. Después de todo, Maduro sigue contando con un aparato represivo y político-judicial de envergadura, que, junto a una red de gobiernos aliados del bloque autoritario que lo secundan, le permiten asumir los costos políticos y económicos de su irracional gobierno.
El día después ha comenzado para una oposición democrática que no debe cesar en su empeño de llevar a feliz término el proceso de elección primaria. La Comisión Nacional de Primaria tiene el deber de emitir un pronunciamiento categórico de respaldo a los candidatos que sean víctima de injustificadas inhabilitaciones y continuar con el cronograma ya establecido.
Y tal vez lo más importante: corresponde única y exclusivamente al electorado opositor, que es decir la mayoría nacional, hacerle pagar al régimen su más reciente fechoría, asegurando su soberbia y masiva participación en las primarias de octubre, dulce preludio de un movimiento indetenible que unificará a todo un país para las presidenciales de 2024.