En el año que inicia se profundiza el desmadre del gobierno de cara al 10 de enero. Pareciera no haber límites, ni reglas, ni siquiera el marco legal o constitucional del país, que pueda poner freno al “desenfreno” de su actuación. Se impone la máxima de “aquí se hace lo que yo diga” o más claro aún, “lo que a mi me da la gana”. Mala señal, el país se desliza velozmente hacia una crisis aún peor que la vivida en este terrible período del madurismo.
El 2024 estuvo signado por lo sucedido el 28 de julio y el fracaso del gobierno en ganar la legitimidad perdida, donde los “expertos” políticos de su entorno convencieron a maduro de hacer unas elecciones relámpago, algo así como un Blitzkrieg: adelantaron la fecha de votación, secuestraron partidos y tarjetas electorales, inhabilitaron a sus posibles contendores —del chavismo y la oposición—, impidieron el voto en el exterior, cambiaron los centros electorales y, aun así, el pueblo se expresó mayoritariamente en su contra.
Las manifestaciones de rechazo al gobierno, durante el breve periodo de campaña electoral, se produjeron en todo el país con contundencia inocultable, siendo notable en aquellas regiones y circuitos electorales tradicionalmente chavistas. Todo le salió mal, en un erróneo cálculo de “expertos” desconectados de la realidad; como dirían en la calle: “vinieron por lana y salieron trasquilados”.
Luego, vino el fraude electoral, con Elvis Amoroso al frente del CNE. Un proceso de totalización confiscado, violación de la Ley Electoral, las actas desaparecidas (al día de hoy, no se han mostrado), la proclamación de maduro como vencedor, la actuación del TSJ —designado para tales fines por el propio gobierno— y la represión.
El 29 de julio, el pueblo, frustrado por lo sucedido, salió a las calles a manifestar su descontento, donde lo dejaron solo, sin dirección, sin objetivos. En Miraflores dieron la orden de arremeter contra los manifestantes y todo el mundo, produciéndose miles de detenciones arbitrarias, incluso de menores de edad. La acusación —como siempre genérica— de “terroristas” o simplemente “enemigos”, dio la luz verde para que las fuerzas policiales y parapoliciales actuaran a sus anchas; había que cumplir la orden de los “jefes”, instaurándose el concepto de la unidad “cívico-policial” y el miedo como recurso fundamental.
Así cerró el año y así abrió el 2025, con mayor incertidumbre que nunca respecto al futuro. Nosotros lo hemos advertido, no es cualquier cosa lo que sucederá el 10 de enero con la autoproclamación de maduro, su juramentación como presidente electo —producto de un fraude— sin haber mostrado las pruebas de ello, coloca al país en otra situación. Estaremos ante un gobierno inconstitucional, completamente al margen de la Constitución, sin ningún tipo de legitimidad; la juramentación será un Carmonazo, como aquel del infausto 12 de abril de 2002: una dictadura.
Uno de los pilares fundamentales en la actuación del presidente Chávez fue siempre mantenerse apegado a la Constitución y, por supuesto, subordinarse al pueblo –el Poder Originario– y lo que éste decidiera con su voto. Por su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que, en su concepto doctrinario, nació el 13 de abril de 2002 con la unidad cívico-militar, tuvo siempre como fundamento la defensa de la Constitución. Fue esto lo que motivó la actuación del general Baduel desde la 13 Brigada de Paracaidistas, así como del general Carneiro desde el Fuerte Tiuna y de los militares patriotas que condujeron la retoma de Miraflores y la Operación Restitución de la Dignidad Nacional que, finalmente, permitió volver al presidente Chávez y a la Constitución violada por los golpistas.
Viendo lo que sucede, en perspectiva histórica y política, queda en evidencia que la actuación del madurismo es absolutamente contraria al Chavismo, a la conducta y principios del presidente Chávez y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ya no nos referimos solo al giro a la derecha del gobierno y la destrucción de la obra y del legado del presidente Chávez, sino en términos estrictamente políticos y Constitucionales, al andamiaje del Estado y su legalidad. Es un tema para una reflexión profunda en el campo bolivariano, incluyendo el ámbito militar (como garantes de la Constitución), sobre el futuro político del país.
El gobierno, en su desenfreno, ha ocupado policialmente el país, sobre todo Caracas, con un fuerte despliegue de sus fuerzas policiales y organismos de seguridad. Lo que queda claro es que el gobierno no tiene Pueblo, lo que tiene son policías. Se ha convertido en un gobierno policial. Aquí habría que hacer otra reflexión: ¿a cuenta de qué, una cúpula de políticos viola el Orden Constitucional basados en su fuerza policial?
Pero, la actuación desenfrenada del gobierno, tiene sus consecuencias.
En el ámbito internacional está más aislado que nunca. No es cualquier cosa que el gobierno de Brasil —por cierto, presidido por Lula y no por Bolsonaro— envíe solo a su embajadora. En efecto, los embajadores van a todos los actos protocolares del país donde están. Igual ha sido la postura del gobierno de Petro —no de Duque— en Colombia y el gobierno de Boric —no de Piñera— en Chile.
Ni siquiera los países que eran más afines a la Revolución Bolivariana, incluyendo a líderes que son referencia ética, como el expresidente Pepe Mujica, están dispuestos a reconocer el gobierno de maduro, surgido de un fraude. Ni siquiera fuimos admitidos en el BRICS.
En la esfera nacional, el despliegue de fuerza policial y la actuación violenta contra la población lo que hace es acumular un resentimiento enorme contra el gobierno y contra todo lo que la gente crea que es parte del mismo.
El gobierno no está dispuesto a dar la batalla de las ideas, porque no tiene qué defender; y pero aún, no tiene nada que ofrecer. Esto no es chavismo, ni es revolucionario, ni emociona a nadie.
Pero los altos jerarcas del madurismo y jefes policiales, muchos de los cuales están señalados por los organismos internacionales como responsables de la violación de los derechos humanos, creen que “se la están comiendo”, que tener miles de presos, secuestrados y rehenes políticos, no tendrán consecuencias; que la judicialización de la política no se volverá contra ellos; que las acusaciones por crímenes de lesa humanidad son poca cosa. Lo cierto es que están desconectados de la realidad, del sentimiento del pueblo y, sobre todo, no serán capaces de hacer frente a los grandes retos de la geopolítica internacional.
Porque cuando se entrega la soberanía y se carece de legitimidad, de piso constitucional y apoyo popular, no se puede defender nada.
El país se desliza a escenarios extremadamente complejos, como nunca antes. Necesitamos una dirección patriota, bolivariana, para poder restablecer la Constitución y las leyes, con la legitimidad que da el pueblo para hacer frente a ellos, para poder iniciar la enorme tarea de reconstruir la patria.
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