Migrantes exigen su derecho a votar
El régimen de Nicolás Maduro, como el de su predecesor Hugo Chávez, el responsable principal de la tormenta que atraviesa el país hoy, viola impunemente los derechos humanos, para lo cual cuenta con la complicidad de las instituciones sometidas al Ejecutivo, un Poder Judicial a la orden, un poder legislativo sin iniciativas propias y de las que integra el Poder Ciudadano: la Fiscalía, mano acusadora de quienes luchan por la libertad, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo cuyas actuaciones conocemos por su sometimiento a la dictadura. Inexistente la independencia de poderes salvo en el discurso de cinismo.
No solo se violan los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo digno, entre otros, si no los derechos civiles y políticos, reflejado en los crímenes internacionales que se cometen contra los ciudadanos, la persecución sistemática de todos aquellos que puedan constituir un peligro para el plan concebido aun siendo inocentes y la ejecución de prácticas para continuar en el poder por todos los medios, para seguir actuando en beneficio propio.
Los venezolanos queremos un cambio y tenemos ante nosotros la ruta electoral, la misma acordada por el régimen y parte de la oposición, en relación con la cual se han exigido condiciones para que la elección que constitucionalmente debe realizarse en 2024 sea un proceso transparente, en el que todos los venezolanos puedan expresarse libremente y decidir nuestro propio destino.
Hoy se negocian los derechos naturales de los ciudadanos, recogidos en instrumentos internacionales aceptados por todos como vinculantes y en la Constitución Nacional, como si el resultado de una negociación fuera un gesto bondadoso o concesiones de gracia de la dictadura hacia sus sometidos. Lamentablemente nos han llevado a negociar nuestros derechos y en ese proceso estamos.
Todos los ciudadanos, tal como lo establece la Declaración Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, tienen derecho a ser elegidos y además a elegir libremente y sin restricciones a sus autoridades tal como se recoge en el artículo 23 de la Convención Americana de 1969 en la que se establece que “todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país” normas incorporadas en la Constitución de 1999, en sus artículos 62 y siguientes.
En el primer contexto vemos el atropello constante, reiterado y amenazante, de intentar impedir que la candidata de los venezolanos, María Corina Machado, quien goza del respaldo de más de 80% de los venezolanos, pueda presentarse como tal, para lo cual han creado procesos absolutamente contrarios a la ley, como el que actualmente se encuentra en curso en el Tribunal Supremo de Justicia, originado por una decisión de la Contraloría que sin fundamento alguno y excediéndose en sus funciones lo inicia con fines perversos del sistema dominado desde Miraflores.
Sobre la situación de María Corina Machado, los juristas expertos en la materia, constitucionalistas y administrativistas, han sido muy claros y precisos sobre el origen, la razón y la precariedad de este proceso esencialmente político. Sin embargo, no está de más recordar que a Corte Interamericana de Derechos Humanos fue muy clara en decisión de septiembre de 2011 en el caso López Mendoza, cuando precisó que “el artículo 23-2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten restringir los derechos reconocidos en el artículo 23-1, así como en su caso los requisitos que deben cumplirse para que proceda tal restricción. En el presente caso -afirmó la Corte- que se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, debería tratarse de una condena, por juez competente, en proceso penal”. Más adelante, en su decisión la Corte precisó que “los ciudadanos no solo deben gozar de sus derechos sino también de oportunidades”.
Es clara la violación del derecho de un ciudadano de ser elegida y de poder ejercer cargos públicos. No es más que proceso político que refleja la debilidad de un régimen en decadencia y sin duda, en su fase terminal, que insiste en un modelo político, económico y social contrario a los valores e intereses de los venezolanos.
Pero el régimen no solo viola el derecho a participar en la vida política del país, sino que impide por sus acciones y omisiones perversas que los venezolanos podamos ejercer nuestro derecho a votar en la elección que tendrá que realizarse en unos meses. Es un derecho que no es negociable. Ante ese derecho, y eso responde a la estructura de la norma, el Estado tiene la obligación de garantizar y proteger su ejercicio.
Si bien dentro del país el régimen a través del CNE obstaculiza el ejercicio del voto de cientos de miles de venezolanos que no se han podido inscribir o que no han podido actualizar su estatus, en el exterior la situación es aún más grave cuando se evidencia que busca por sus omisiones principalmente, impedir que esa enorme población que ha debido huir de la violencia, la persecución y la miseria, participe en el proceso electoral.
El régimen viola abiertamente un derecho humano intrínseco a la dignidad de la persona y a la democracia como sistema político, al no facilitar la inscripción de los nuevos votantes y la actualización, en general, del registro electoral.
La elección presidencial debe celebrarse este año, no es una concesión. Es una obligación del Estado organizarla y realizarla. En ella deben participar como candidatos los que tengan el respaldo para hacerlo como es el caso de María Corina Machado y deben votar todos los venezolanos, dentro y fuera del país.
Los derechos y más los fundamentales, que tiene un origen natural, recogido en los instrumentos internacionales y de rango constitucional, no son negociables.