Foto AFP
Principio fundamental de los derechos humanos, el cual resume todas las conquistas que la humanidad ha logrado en su prolongado y tortuoso camino, elemento central de cada una de las luchas libradas tanto por la libertad, como por el progreso de los pueblos que hoy están presentes en el planeta.
Y no hay discusión posible en torno al progreso humano al margen de su reafirmación, que cualquier reivindicación en torno a la libertad y la prosperidad de la especie comienza por la reafirmación de la igualdad de sus integrantes, sin importar color, sexo, religión, ideología, recursos o conocimientos.
En la Venezuela del presente refrescar estos criterios se ha convertido en una necesidad, la dinámica económica y social que hemos vivido en los últimos 20 años nos ha impuesto un peligroso retroceso, toda una verdadera desgracia ha sucedido, al extremo de que nuestra comunidad se encuentra atrapada en una política de Estado que amenaza nuestra integridad como nación.
Una perversa combinación de avaricia, ignorancia y corrupción demuele en la vida cotidiana nuestro cuerpo social, en un proceso de erosión sistemática que pone en peligro la integridad de la República y por lo tanto las condiciones de vida de los venezolanos.
Vivimos en un estado de desorden y de agresión en contra de nuestros ciudadanos, cuya extensión, profundidad y complejidad crece todos los días, problemas claramente identificados, pero frente a los cuales la capacidad y disposición de resolución de parte del Ejecutivo no se aprecia en resultados efectivos.
Problemas de elevada trascendencia, frente a los cuales las soluciones están a la vista, pero inexplicablemente las medidas destinadas a su abordaje y resolución viven sometidas a un proceso de desgaste y agotamiento humanamente incomprensible, impresiona el olvido y la torpeza como actitudes deliberadas destinadas a fatigar a la comunidad.
Tanto la libertad como el derecho a la felicidad de nuestros compatriotas dependen del absoluto respeto del básico derecho a la vida, aspecto esencial del debate que nos conmueve desde hace unos años, sin resultados positivos y efectivos como ha debido suceder, ha sobrado el tiempo, los recursos y las exigencias, para emprender un consistente y claro camino de recuperación del bienestar de nuestra población.
Sin embargo, ha sucedido todo lo contrario, en sus ejecutorias el poder político y militar del Estado solo demuestra una profunda negación de soluciones al deterioro de nuestras condiciones de vida, por lo que cada día nos despertamos acuciados por nuevos e importantes elementos de crisis.
Situación a la cual es necesario identificar y responsabilizar, porque han sido tanto los gobiernos del finado Hugo Chávez, como el actual de Nicolás Maduro, los que han construido toda una política destinada a quebrar económicamente el Estado, empobrecer salvajemente a la población y generar una situación de inseguridad integral que ha conducido a la migración más importante de la historia americana.
Ninguno de los frentes de nuestra superestructura estatal, educación, salud, comunicaciones, seguridad, electricidad, teléfonos, funciona satisfactoriamente. Al igual que la economía petrolera están en quiebra, a extremos de las carencias de agua, gasolina, gasoil y gas.
Quiebra que ha tocado extremos como el retorno a la leña para cocinar, fenómeno inexplicable dados los recursos productivos de la nación, escenario que caracteriza entonces por el deterioro estructural, la corrupción, la ignorancia y la pobreza, recibe en su seno la agresión de una pandemia, cuya incidencia y letalidad son elevadas.
Problemas estructurales económicos y sociales urgentes pero pendientes, que reciben el impacto de una agresión biológica de desconocido origen, de la cual hay que defenderse inmediatamente, problemática que demanda una respuesta nacional, porque se trata de salvar la República de la miseria, de la dispersión, de la violencia y de la muerte de sus habitantes.
Política de salvación nacional que el régimen se ha negado asumir, pretendiendo construir una respuesta unilateral a la inmensa crisis sanitaria que la naturaleza nos ha impuesto, para lo cual se ha colocado al margen del universo científico y médico de la nación, ignorando incluso las recomendaciones internacionales (OPS-OMS) sobre la materia.
Errores gubernamentales que se han convertido en malas noticias y peores realizaciones, de dominio internacional incluso, tal como lo recoge El País de España (1-4-2021) compitiendo con las imprudencias del expresidente Trump o las del actual mandatario brasileño Bolsonaro, personajes que se niegan a trabajar con la sociedad y especialmente los educados en el conocimiento de la materia, comprometiendo la vida y el destino de nuestros ciudadanos.
De urgencia necesitamos una dirección unitaria de las políticas en materia de salud pública, gobierno y sociedad civil, con un manejo compartido de las orientaciones, de las decisiones y de los recursos, apoyados en la comunidad organizada y en las instituciones internacionales calificadas, realizaciones entre las cuales es de primer orden un plan nacional universal de vacunación, el fortalecimiento de las instituciones hospitalarias públicas y el mejoramiento de las condiciones económicas de los trabajadores de la salud.
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