Es inaceptable el silencio cómplice y abandono de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que siguen ejecutando detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial con encarcelamiento en contra de la ciudadanía que votó el pasado 28 de julio por un cambio y que solamente exige al Consejo Nacional Electoral que respete el verdadero resultado.
Esta conducta reprochable de los órganos de seguridad es avalada por un sistema de justicia penal que derogó de hecho el artículo 49 de la Constitución Nacional referido al debido proceso al imponer jueces sin rostros acompañados de defensores públicos. Aparte de quedar desplazada la defensa privada, se registra algo tan grave como es la violación total de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Han desaparecido los derechos del imputado, como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 125: información a los familiares de su detención, saber de los hechos y su asistencia jurídica.
El defensor del pueblo aún no se da por informado sobre hechos que han sido públicos notoria y comunicacionalmente: más de 2.500 detenciones arbitrarias y 24 fallecidos durante las protestas poselectorales del 29 y 30 de julio.
Como he dicho en otras ocasiones, urge el retorno de la autonomía e independencia de los poderes públicos.
La paz no se construye con violaciones graves de los derechos humanos y justicia impregnada de parcialidad política.
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