El 18 de septiembre, un día después de que una ONG y fiscales solicitaron a la justicia argentina la detención de Maduro por crímenes de lesa humanidad, la Fiscalía venezolana anunció la gestión de órdenes de aprehensión contra el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y Karina Milei, secretaria general de la presidencia, por el decomiso del avión de Emtrasur.
El afán de desviar la atención de esos crímenes, sobre los que no puede descartarse una inminente intervención de la Corte Penal Internacional, hizo que el fiscal chavista insistiera el 30 de septiembre al anunciar que también solicitarán el arresto de un juez argentino y otras 10 personas por la misma causa.
El régimen venezolano pretende ocultar que antes presionó al entonces presidente argentino Alberto Fernández, un aliado político, para que le devolviera el avión pasando por encima de la justicia de su país y a pesar de la lluvia de insultos que descargaron contra él.
Sin embargo, la soberanía de la justicia argentina y la independencia de sus decisiones han presentado un flanco sumamente ingrato para Miraflores, que ha convertido el sentido de la justicia en mera depravación.
Argentina ha dicho que el caso del avión de la empresa Emtrasur “fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia”.
Y eso parece ajeno a la jerarquía chavista -apuntalada por militares también corruptos-, pues la complicidad orgánica entre el crimen y la justicia de Venezuela ha echado raíces en más de dos décadas de secuestro de las instituciones por mafias para traficar con drogas y robar.
La acción del régimen de Caracas contra Patricia Bullrich parece por cierto una retaliación aparte, pues la dirigente tenía previsto en enero de 2023 denunciar a Maduro ante la DEA para que fuera detenido al llegar a Buenos Aires por ser jefe del Cartel de los Soles. El mandatario, que suele llamar cobarde al adversario, no asistió entonces a la VII Cumbre de la Celac en la capital argentina. Allá dijeron que tuvo miedo.
La aeronave de Emtrasur, retenida en Buenos Aires desde 2022 por orden judicial, fue vendida a Venezuela por la compañía iraní Mahan Air, sancionada por Washington, que en 2011 la acusó de haber prestado apoyo a la Guardia Revolucionaria Islámica y a Hezbolá en acciones terroristas.
Había llegado sigilosamente de México con una tripulación de 14 venezolanos y 5 iraníes, impropia de un vuelo de “carga”, y sospechosa de espionaje. El decomiso por Estados Unidos se cumplió en febrero pasado por orden del juez federal Federico Villena, por encima de la dudosa justicia chavista con el cuento del avión.