Una de las más polémicas promesas electorales de Gustavo Petro, la que cuenta con el más fuerte cuestionamiento expresado tanto por tirios como cristianos en Colombia y fuera del país, es el de la Transición Energética Justa.
El presidente no es un experto petrolero, pero algún asesor del sector consiguió meterle entre ceja y ceja que es preciso, en el corto plazo, eliminar los contratos de exploración de hidrocarburos y erradicar la minería a cielo abierto en Colombia. Con su flauta de Hamelin, quien quiera que haya sido el artífice de esta obsesión presidencial, lleva al gobierno nuevo y al país también hacia un abismo.
La inspiración filosófica no puede ser menos plausible: es preciso salvar al planeta Tierra de los efectos de la emisión de gases de efecto invernadero y Colombia debe poner su granito de arena. Solo que el granito de Colombia es realmente imperceptible, a decir de expertos y académicos como Leonardo Arbeláez Lamus. “Colombia no es gran emisor global (menos del 0,7% de la emisión mundial) de gases efecto invernadero (GEI) y mucho menos de los asociados al sector energético, que no superan el 0,25% (el mayor aporte del país a los GEI es por deforestación y ganadería extensiva)”. En dos palabras, el cambio de rumbo energético del país no aporta nada o prácticamente nada a la causa planetaria ambiental.
Pero una vez asumida como justa la filantrópica voluntad del presidente y su séquito en este terreno habría que preguntarse tres cosas: ¿es este el momento adecuado para plantearse una principista migración de efecto ambiental y toda una nueva estrategia energética en Colombia cuando todas las variables que intervienen en lo ambiental y en la matriz energética en el ámbito mundial están en el momento de mayor volatilidad de precios, inestabilidad de suministro y cuestionamiento como consecuencia de la crisis generada por la guerra de Rusia contra Ucrania? ¿Puede el país neogranadino asumir el costo de la pérdida de la renta petrolera y minera que aporta 3% del PIB y configura más de la mitad de la canasta exportadora? ¿Los 3 billones de dólares que las regalías aportan al flujo de caja nacional de un país con tanta necesidad económica como Colombia serían sustituidos por cuál ingreso en el corto y mediano plazo?
Lo más dramático del posicionamiento gubernamental en esta transición que se anuncia con bombo y platillo por sus autoridades es que ella se sustenta en la convicción de que Colombia apenas necesitará petróleo para 8 años, pues en ese período la matriz energética planetaria habrá dado paso a vehículos propulsados por energías limpias y la industria por doquier tendrá acceso a fuentes de energía renovables. Una fuerte apuesta, la de la seguridad del cumplimiento global de las metas ambientales, que va acompañada de la certeza de que el país, de aquí a allá, habrá armado toda una estructura productiva capaz de generar crecimiento y bienestar para la colombianidad.
Por donde se mire, la propuesta de la que hablamos carece de un sustento sólido, aunque no es posible negar la pertinencia, dentro del largo plazo, de una migración hacia energías limpias bien planificada en cada una de sus vertientes y que resuelva cada uno de los efectos adversos que generará en la economía nacional.
Aceptando también que la más evidente hoja de ruta –según lo indican los conocedores– es la de la transición hacia energías limpias como la eólica costa afuera, se hace imprescindible que la improvisación no sea la tónica del abordaje y que haya una visión diáfana del volumen de las inversiones que se requieren, la disponibilidad de talento técnico para acometerlas, el marco normativo que la favorece y las instituciones para manejarla. Y, más que nada, la manera de financiar toda esta transformación. No hacerlo de esta manera es hablar de la transición como si ella fuera un cuento de hadas.