Cortesía Provea
Yo, Gustavo Coronel, me solidarizo plenamente con la organización SOS Orinoco y acuso formalmente al régimen chavista de Nicolás Maduro de crímenes contra las poblaciones indígenas del Alto Orinoco y los crímenes ambientales que están conduciendo a una irreversible degradación de nuestro territorio. Estos crímenes ocurren mientras sectores de la sociedad venezolana -las llamadas “fuerzas vivas”- se muestran sumisos ante el régimen y acuden a las mesas de negociación con estos criminales, a pesar de saber que, al hacerlo, descienden a su nivel y se hacen cómplices del inmenso crimen cometido contra nuestro país en todos los órdenes, algo que está plenamente documentado y por lo cual estos criminales y sus cómplices deberán pagar con su libertad y, ciertamente, con el repudio de la Venezuela decente.
Una área del tamaño de Austria, la Reserva de Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare y el parque nacional Parima Tapirapeco, la cual ha sido objeto de protección legal desde 1991, ya que aloja etnias Yanomami, Yekwana, Piaroa/Wótüja, Baré, Yeral/Ñengatú, Warekena, Sanema, Baniva, Kurripako, Inga, Jivi/Guajibo, Yavarana, Mapoyo/Wanai, Jodi, Mako, Guanano y Tukano, está en este momento amenazada de muerte por los mineros ilegales que llegan de Brasil, los llamados ”garimpeiros”, además de aventureros y depredadores de la naturaleza llegados de Colombia y de nuestro propio y ya profundamente degradado país. Esta invasión genocida ha sido posible gracias a la total ausencia de acción por parte del régimen y, peor aún, debido a la complicidad de la Fuerza Armada venezolana, quienes – según los informes de organismos internacionales– son cómplices de esta actividad ilegal a cambio de sobornos.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos nos dice que “el establecimiento de la región del Arco Minero del Orinoco y la expansión de la minería tuvieron un impacto negativo sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, sobre sus derechos a sus tierras, territorios y recursos; sus derechos ambientales, su derecho a vivir en paz y seguridad, así como sus derechos económicos, sociales y culturales. Se siguen recibiendo alegaciones de muertes y amenazas contra líderes indígenas en zonas mineras por parte de ‘sindicatos’, en particular en las zonas mineras y en las áreas controladas por grupos armados no estatales”.
Por su parte, la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), junto con 12 organizaciones indígenas de base del estado Amazonas, publicaron un comunicado el 7 de junio de 2021, en el cual dicen: “Numerosos territorios indígenas en el estado Amazonas se encuentran ocupados por diferentes agentes externos que generan diferentes tipos de impacto en nuestras comunidades que afectan nuestra vida cotidiana».
De acuerdo con un reciente informe publicado por los Yanomami y Ye’kwan, el año 2021 ha sido el peor año en términos de la invasión de garimpeiros en la Tierra Indígena Yanomami (TIY), desde que fue demarcada y homologada, hace 30 años. Para el mes de octubre de 2018, el área destruida por la minería sumaba poco más de 1.200 hectáreas, pero en diciembre de 2021 alcanzó un total de 3.272 ha. La población directamente afectada por los impactos del garimpo en el medio biofísico, la diseminación de enfermedades como la malaria y el covid-19, la contaminación por metilmercurio y la sobrecarga del sistema local de salud, alcanza las 273 comunidades, que agrupan más de 16.000 personas o 56% de la población.
Cuando vemos este desastre en el sur del Orinoco, cuando vemos el desastre petrolero, cuando vemos los diarios abusos de poder del régimen, cuando vemos que existen en el país centenares de presos y torturados, cuando vemos que quienes hoy apoyan una negociación con esta gente se hacen todavía llamar demócratas, entonces:
Yo, Gustavo Coronel, digo que es necesario rebelarnos de manera ciudadana en contra de esta podredumbre que nos asfixia, si es que deseamos recuperar algún día nuestra dignidad.