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Las compañías farmaceúticas y los investigadores y científicos han hecho un esfuerzo supremo al conseguir en el lapso de un año las ansiadas vacunas (al menos ya existen cuatro, una inglesa, una norteamericana, una rusa, etc), pero de repente ha surgido un problema político: al ser los gobiernos los que están adquiriendo en grandes lotes las vacunas, ya han aparecido dificultades de financiamiento y expedición de vacunas a diferentes países, y además son los gobiernos los que eligen quiénes deben ser vacunados. En el reino de España, por ejemplo, se ha armado un escándalo porque las hermanas de Felipe VI fueron a visitar a su padre, el rey emérito, en Abu Dabi y allá se vacunaron contra el covid-19. El mismo rey está sujeto a un gran riesgo de adquirir la enfermedad porque tiene que recibir a un gentío en sus funciones protocolares, si la adquiere y muere; el problema político que se generaría sería mayúsculo porque entonces el trono estaría vacante y habría que nombrar a un regente. En Venezuela, como buenos socialistas convictos y confesos, el gobierno ha dicho que las altas jerarquías del Estado serán los primeros en recibir la vacuna, los demás que esperen por favor. Y creo que también el gobierno de Maduro enfrenta problemas para cancelar el costo o precio de la vacuna Sputnik.
En Argentina ya se ha armado un escándalo político por varios personajes del alto gobierno que han accedido a vacunarse. Al finalizar enero, Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y salud de México, rechazó un contrato con Moderna de entrega para su vacuna . Y entonces, la semana pasada tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador que rogarle al presidente Biden de Estados Unidos que compartiera las vacunas producidas en Estados Unidos con su país. Chile bajo la dirección de Sebastián Piñera ha sido el país latinoamericano que ha sabido anticiparse a la elevada demanda por las vacunas anticovid-19, mientras que los otros la amenaza de esta pandemia sigue latente.
Según Iván Alonso en un artículo publicado en la página web del Instituto Cato: en el proceso político las vacunas se aplican siguiendo un orden de prioridad basado en la exposición al riesgo: primero los médicos, las enfermeras, el personal de limpieza de los hospitales, la policía; después los maestros, los mayores de 60 años con enfermedades crónicas etc. No tenemos ninguna duda de que así debe ser si queremos lograr una vacunación masiva y gratuita. Por lo tanto, se confía en que los epidemiólogos sabrían definir los niveles de exposición para distintos grupos de la población, con la idea de bajar el número de muertes y desactivar la cadena de contagios lo más rápidamente posible.
Adicionalmente, Iván Alonso plantea la siguiente pregunta:
¿Debería permitirse que los laboratorios y las clínicas privadas pongan vacunas contra el COVID-19? Nuestra respuesta es sí. ¿Debería permitírselo con la condición de que la vacuna sea gratuita? Nuestra respuesta es no. La principal ventaja de la vacunación privada es introducir un mecanismo de mercado en lo que, de otra manera, sería un proceso puramente político (dicho esto sin ninguna connotación peyorativa).
En el proceso político se decide en la práctica a priori quienes deben vivir o pasarla mejor, mientras que otros a pesar de que tienen medios no se les permite inmunizarse a sus expensas. Iván Alonso escribe para el caso peruano, pero en el caso venezolano, la cosa es peor, porque los hospitales públicos están sin medios para curar el covid-19 y los privados están casi colapsados. Por lo tanto, es urgente que quienes tengan medios puedan vacunarse, y no esperar que papá Estado les ponga la vacuna.