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El método que sigue utilizando el Estado para contener la cadena de contagios del covid-19 en Venezuela, decretos de alarma y estados de excepción perpetuos, lo que ha servido es para violar los derechos humanos de los ciudadanos con puntos de control y alcabalas fantasmas para la matraca por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. El protagonismo caprichoso dado a los militares ha sido un verdadero fracaso por el desconocimiento en el manejo de la pandemia.
Para el Estado el derecho a la vida y a la salud están en segundo plano porque solo están pensando en las elecciones de alcaldes y gobernadores, en las que dilapidarán recursos que pueden ser utilizados para adquirir más camas de cuidados intensivos en los hospitales. ¿Cuántos contagios y fallecidos deben ocurrir para que el Estado se conmueva y proceda a adquirir el mayor número de vacunas para nuestro pueblo, ya sufrido por los sueldos miserables que no le permiten hacerle frente a la hambruna por la hiperinflación y por los servicios básicos deficientes? Una población que tampoco cuenta con un seguro de salud porque todo está dolarizado y no tiene cómo hacer frente al contagio del covid-19, que sigue creciendo sin límites dejando a diario fallecidos.
Le recuerdo al Estado que el derecho a la vida y a la salud son derechos humanos universales y está obligado a protegerlos como lo establece nuestra Constitución en su artículo 19.
600.000 vacunas no son suficientes para una población de 30 millones de venezolanos y su aplicación debe hacerse como lo ha sugerido la OMS, dando prioridad al sector salud y a los más vulnerables, recomendaciones que no se cumplen en nuestro país.