“Excepto construir hospitales en 10 días, Venezuela copió desde el principio el libreto chino para lidiar con el virus: ocultar información del número de contagiados y lo grave de la epidemia, centralizar el manejo de los tests y amenazar y apresar a médicos, personal sanitario y periodistas”, dice un colega en un tuit haciéndose eco de la indignación general.
El Programa de Educación Acción en Defensa de los Derechos Humanos (Provea) denunció que efectivos del régimen de Nicolás Maduro habrían detenido a cuatro trabajadores del sector salud, todo por reclamar las precarias condiciones en las que se encuentran los hospitales del país ante la llegada del covid-19. Entre ellos Rubén Duarte, enfermero del Hospital Central de San Cristóbal, capital del estado Táchira, quien fue detenido el martes 17 de marzo por funcionarios de la Dgcim, luego de exigir la dotación de equipo de seguridad para todo el personal hospitalario.
El sábado 21 fue secuestrado de su casa el periodista Darvinson Rojas. Su falta: informar sobre el real número de infectados.
El estado de alarma no debe ser usado para la represión y persecución con motivos políticos. Porque vamos a estar claros, lo que se esconde detrás de estas detenciones es el desgobierno, que apela a lo único que tiene, la fuerza, para dar una imagen de control.
Es necesario que asumamos la cuarentena con espíritu crítico. Si bien el estado de alarma, justificado en caso de catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan en peligro la seguridad de la nación, otorga facultades al Poder Ejecutivo de limitar o suspender ciertos derechos constitucionales, hay derechos que no pueden ser restringidos.
Como ya han señalado los especialistas, la Constitución establece en su artículo 337 que no pueden ser limitados el derecho a la vida, al debido proceso y a la información.
Los médicos y enfermeras que atienden en centros públicos sin la debida dotación están exponiendo su vida; los periodistas no pueden ser apresados o peor aún “desaparecidos” por informar o negarse a develar sus fuentes.
Pero más allá de esta situación que toca a profesionales de la salud y la comunicación en países con regímenes autoritarios como los de China y Venezuela, la pandemia está afectando en general el derecho al trabajo, clave para la realización de otros derechos humanos y para una vida digna.
La Organización Internacional del Trabajo advirtió que la pandemia puede llegar a destruir hasta 24,7 millones de empleos en todo el mundo. «Ya no se trata solamente de una crisis sanitaria global, sino que supone una grave crisis económica y laboral que está teniendo un fuerte impacto en las personas», dijo Guy Ryder, director general de la OIT (BBC, 19 de marzo, 2020).
La cuarentena mundial ha abierto muchas incógnitas: si tengo que paralizar la actividad en mi empresa o colegio, ¿qué hago con los empleados?, ¿quién cubre sus salarios? ¿Cómo hacen los que no tienen sueldo y viven de lo que ganan día a día, como los vendedores informales? ¿Habrá que pagar en su totalidad los alquileres de los locales afectados por el cierre? ¿Debo pagar mis impuestos?
Como aborde esta materia cada país será clave para el mantenimiento de la paz y el orden y para la recuperación de su economía. Enfrentados a la recesión más brutal en la memoria viva, algunos gobiernos están estableciendo paquetes de rescate en una escala que excede incluso la crisis financiera de 2007-2009 (The Economist, 22 de marzo, 2020), pero estos paquetes difícilmente cubren todos los casos.
Como no se sabe por cuánto tiempo se puede extender la pandemia, es difícil para las autoridades calcular cuánto dinero pueden inyectar en las economías y qué medidas de emergencia pueden poner en práctica para mitigar los efectos más inmediatos en los ingresos de las personas.
En España, por ejemplo, repartidores, camareras de hotel y empleadas del hogar temen por sus ingresos y lamentan no encajar en las políticas del gobierno (El País, 20 de marzo, 2020).
En Venezuela se impone más carga sobre las ya golpeadas empresas y se apela de nuevo a bonos mediante el carnet de la patria. Porque solo los rojos tienen derechos. Control social puro y duro. Sin gasolina, sin servicios. Receta para un desastre.
Tenemos que crecernos en la adversidad. Que los días de obligada reclusión sean también días para repensar estrategias y encontrarnos con el nosotros venezolano.
@mariagab2016