Al escuchar a ciertos sectores empresariales venezolanos solicitar aranceles, controles y fiscalizaciones para promover al empresario nacional, surge de inmediato el recuerdo de que estas demandas no son algo nuevo en nuestra historia. Por el contrario, gran parte del siglo XX estuvo marcada por este debate.
Recientemente revisé el artículo de Xavier Lope Bello titulado “Del Convenio Tinoco a la Comisión Nacional de Abastecimiento”, un texto que recoge una ponencia que Lope Bello presentó en una conferencia organizada por el Partido Democrático Venezolano (PDV) en 1944 sobre la libertad económica y la intervención estatal.
Es interesante observar que muchos de los ponentes en estas conferencias apoyaban, de una u otra forma, la intervención del Estado en la economía. Algunos lo hacían de manera más radical, otros de forma más moderada, pero todos coincidían en la necesidad de intervenir. Era 1944; los efectos de la Segunda Guerra Mundial ya se hacían sentir, y con ellos llegó el establecimiento de controles de precios, tipos de cambio y restricciones a las importaciones. Controles y más controles.
Uno de los elementos más destacados del texto de Lope Bello es su análisis sobre el “Convenio Tinoco”, un instrumento regulatorio con el que el gobierno del general Juan Vicente Gómez, en 1934, estableció un control de cambio diferencial para Venezuela. Este convenio, vigente hasta 1937, fue acompañado de subsidios agrícolas, diseñados para promover la actividad exportadora agrícola y pecuaria venezolana.
¿Les resulta familiar? No dudo que a más de un empresario actual le agradaría este tipo de políticas. Sin embargo, incluso el propio Lope Bello, defensor de los controles en la economía, reconocía la ineficacia de estas medidas. El texto señala que los subsidios eran tan ineficientes que consumían casi el 80% del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Cría.
Más de 80 años después, algunos sectores del empresariado venezolano siguen apostando a este tipo de intervenciones, como si fuesen el remedio que sacará al país del estancamiento. Más preocupante aún es que algunos consideren que el sistema económico actual de Venezuela es un sistema de “libre mercado”. ¿En serio?
No se trata de entrar en polémicas estériles, pero es difícil justificar que en Venezuela exista hoy un sistema de libre mercado. Las constantes fiscalizaciones relacionadas con el tipo de cambio (la obligación de usar la “tasa BCV” en lugar de una tasa que derive del mercado), junto con las exigencias fiscales y parafiscales —por mencionar solo dos ejemplos— socavan cualquier premisa de libertad de mercado. Si bien es cierto que ciertos controles han sido desaplicados de manera laxa, esa desaplicación es discrecional, carece de seguridad jurídica y deja a los empresarios expuestos a la voluntad de las autoridades.
Experiencias como el Convenio Tinoco, la Junta Reguladora de Precios o la Comisión Nacional de Abastecimiento, aplicadas durante las décadas de 1930 y 1940, deben servir como advertencias de los efectos negativos de la intervención estatal en la economía. Ni hablar de las medidas impuestas en el período democrático de 1958 a 1998, que en muchos casos desataron los peores demonios del proteccionismo e ineficiencia en las empresas venezolanas.
Para algunos, parece que el libre mercado equivale a facilitar negocios bajo la supervisión benévola del gobierno. Nada más lejos de la realidad.
Justamente en 1944 se celebró la Primera Convención Nacional de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción en el país. En una de las ponencias, el Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas señala lo siguiente: “La cuestión de la intervención del Estado en la economía, en el sentido en que se ha venido ejerciendo en estos últimos años, es algo que a la persona que sabe que el libre juego de las fuerzas económicas ha creado la riqueza del mundo y está acostumbrada a comprar y a vender sin tener que llenar requisitos, tales disposiciones se le hacen gravosas y entorpecen el desarrollo de sus actividades económicas”.
Una reflexión oportuna sobre la postura que deberían adoptar los gremios y líderes empresariales en un país con una larga historia de controles y regulaciones que, en su mayoría, han demostrado ser un fracaso y retroceso para el desarrollo del país.