A propósito de las declaraciones de su eminencia cardenal Porras, quien alertó que en el país se está desarrollando un mercado negro de vacunas, escudriñamos en la red para obtener una mayor información y precisión del alcance de esa impactante afirmación. que pone a prueba lo que aún nos queda de capacidad para escandalizarnos.
Nos encontramos unas interesantes líneas que pueden dibujar el caso venezolano. En ellas se indica que es habitual que en las economías dirigidas surjan «mercados negros» como respuesta del mercado frente a la intromisión estatal, que son usualmente tolerados por las propias autoridades encargadas de controlarlo. Esto es, que usualmente el mercado negro no es causante de ninguna crisis, sino la consecuencia de una crisis creada por la política inflacionaria sumada a la intromisión estatal tendiente a ocultar las consecuencias. Es una mácula que debe superarse.
Queremos vivir en un país en el que no sea una ingenuidad pretender que la salud de los venezolanos se priorice como una política de Estado, que como tal esté por encima de intereses subalternos. Es la expectativa que tenemos en el que el venezolano de a pie sea el privilegiado pese a la confrontación y a la diatriba política. De allí que nuestro cardenal Porras haya expresado con tino que quienes deben estar en el plan nacional de vacunación deben ser los más vulnerables y débiles. Hasta ahora, estos hechos, y la incertidumbre de contar con esa vacunación en tipo, costo, tiempo, modo y lugar, nos indican que estamos adentrándonos al mundo de las segundas intenciones.
El zigzagueo en las propuestas y el bagaje de frases y términos que se han hecho del conocimiento público (OPS, Covax, AstraZeneca, Sinopharm, Sputnik V, Soberana 02 y Abdala), en el que participaron como actores el gobierno, la oposición y sectores privados, contribuye a una incertidumbre y desesperación tal que ha abonado el terreno para que los inescrupulosos pesquen en el río revuelto del mercado negro de la venta clandestina e ilegal de las vacunas.
Según información tomada del portal de noticias Venepress, el modus operandi se estaría ejecutando mediante “las presuntas ofertas engañosas en redes sociales de la medicina con precios que oscilan entre 200 y 700 dólares por dosis”; que supuestamente alertó el doctor Jaime Lorenzo, coordinador nacional de Médicos Unidos por Venezuela. Refiere también el portal, que “el periodista Federico Black denunció que a través de WhatsApp están ofreciendo las vacunas Vero Cell, fabricadas en China, por un precio de 285 dólares”. Es una práctica que, aun a esa escala, debe ser erradicada por inhumana, sobre todo en este país que ya de por sí está sufriendo la peor de las crisis que haya vivido en toda su historia.
Los venezolanos condenamos esa práctica, pero es a este gobierno a quien le compete ponerle punto final. Es el gobierno el que ha administrado hasta ahora las 750.000 dosis (500.000 de la china de Sinopharm y 250.000 de la rusa Sputnik V) para apenas 1,3% de la población. Esas vacunas se han aplicado discrecionalmente a una pequeña parte de los trabajadores del sector sanitario, diputados, gobernadores, y al tren ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro y su familia. Entonces, es al gobierno al que le corresponde detectar por dónde están drenándose las vacunas que han ido a parar al mercado negro.
Sin embargo, la mayor preocupación es que pueda producirse en términos perentorios un verdadero y eficaz plan de vacunación para toda la población. Se sostiene que para aplicar una dosis a 70% de los venezolanos se necesitan 20 millones de vacunas; igualmente se señala que el país está muy lejos de ese objetivo, menos aun cuando el régimen –con su discrecionalidad– no cederá su protagonismo en el control y administración de las vacunas. Para ellos, es un instrumento más de dominación social.
Nunca dejarán que se les vaya de las manos ese poder. El caso de Fedecámaras confirma esa tesis. Ese organismo, que hace poco tiempo fue uno de los sectores invitados al ya frustrado “Gran Diálogo Nacional”, y que en esa onda presentó un plan para la vacunación y aportar fondos para comprar 5 millones de dosis para inmunizar a trabajadores del sector privado, hoy ha sido satanizado y en consecuencia descalificado para llevar adelante ese objetivo. La forma excluyente de condicionar la aplicación de la vacuna con la plataforma Patria también confirma ese control unívoco.
Los venezolanos no podemos permitir retrasos por intencionalidad económica o política alguna. Antes, por el contrario, debemos sumar esfuerzos incondicionales en esta titánica tarea. La vacunación para enfrentar lo peor de esta pandemia –que se antoja de más largo plazo– debe formar parte fundamental de la política de Estado para la salud integral de los venezolanos a la que tenemos derecho y así lo debemos exigir con una generalizada determinación. ¡Vacunación para todos ya!
@vabolivar
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