Durante 4 días se han reunido en Sucre, capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, 2.200 personas, 1.500 participantes de forma virtual y 700 de manera presencial, para debatir y analizar los avances y retrocesos, así como las innovaciones y fracasos de las administraciones públicas. Ha sido en el marco del XXVII Congreso del CLAD y sus resultados han sorprendido a todos, por el alto número de personas procedentes de 16 países, que se han acercado hasta el Palacio de Convenciones de Sucre y, especialmente, por quienes han decidido participar de forma virtual desde aquellos países, algunos muy lejanos, donde los temas tratados llamaban su atención.
Terminados los debates y las conferencias plenarias a cargo de Cristian Asinelli, Patria de Junes y Ramón Ventura Camejo, los asistentes han aprobado por unanimidad el Consenso de Sucre, cuyo contenido es de especial interés para todos aquellos que estén interesados en el accionar de las administraciones públicas, así como por los ciudadanos en general, pues del éxito o fracaso de las políticas públicas se deduce en buena medida la felicidad o malestar de las personas..
El documento realiza un análisis de la repercusión de la pandemia en la vida ciudadana y en los Estados, y además pone de manifiesto con valentía, muchos de los males que aquejan a nuestra sociedad, reclamando soluciones a los gobiernos para el desarrollo de una administración más verde e inclusiva, más abierta a la diversidad y más equitativa.
Concluyen que la pandemia ha puesto de manifiesto que el funcionamiento eficaz del Estado y las administraciones públicas y en particular los servicios de salud, sanitarios, de emergencia y seguridad, son esenciales para el mantenimiento de la vida y la dignidad de las personas. En virtud de ello, el Estado debe ser fortalecido en sus capacidades de intervención y dotado de instituciones sólidas. Un Estado fuerte no significa más grande, sino más estratégico e innovador, más técnico, más ágil, más sostenible, más eficaz y centrado en las necesidades de la ciudadanía. Por ello, reivindican la necesidad de que los servicios públicos, sobre todo los esenciales, dispongan de los recursos humanos y materiales necesarios para que puedan cumplir su misión con eficacia y agilidad.
Pero la pandemia del covid-19 ha mostrado también que pueden continuar prestándose servicios gracias al uso eficaz de medios antes infrautilizados e, incluso, que es posible la generación de nuevas prestaciones gracias a innovaciones en procesos y servicios gestionados e incluso inventados por los servidores públicos.
Afirman que el funcionamiento de las administraciones públicas durante estos años de pandemia ha sido irregular y que la respuesta tecnológica a través del teletrabajo no ha permitido atender totalmente las necesidades ciudadanas, sobre todo las de los más desprotegidos. Para paliar este problema proponen mantener el desarrollo de los procedimientos digitalizados y el uso de tecnologías avanzadas, pero creen que deben continuar las actividades presenciales para atender eficazmente aquellos sectores de la población con más dificultades para acceder a las nuevas tecnologías. Consideran, en suma, que la actividad presencial continúa siendo una necesidad de primer orden para numerosas capas de la población, que no han podido superar la brecha digital, sin perjuicio de mantener el desarrollo de una innovación tecnológica al servicio de la ciudadanía.
De forma tajante, se muestran partidarios de que los Estados deben continuar invirtiendo en procedimientos digitalizados, con la finalidad de que las administraciones sigan innovando tecnológicamente para evitar fraudes y corrupción, además de reforzar la prestación eficiente de servicios.
En opinión de los congresistas de Sucre, la inteligencia artificial, que ya está en funcionamiento en las administraciones públicas en actividades repetitivas y simples, debe continuar desarrollándose y, en consecuencia, los Estados deben seguir invirtiendo en investigación e innovación tecnológica, pero estiman que deben extremarse los sistemas de regulación, de forma tal que los algoritmos, que sustentan decisiones que afectan a la ciudadanía, no generen nuevas desigualdades, sino que contribuyan al bienestar público. Por ello, reclaman un desarrollo tecnológico al servicio de la ciudadanía, controlado éticamente y sometido a decisiones evaluadas pre y post, de forma que nunca generen daño a la gente y a sus derechos.
En función de los aprendizajes históricos, de la experiencia internacional y de los consensos académicos, señalan los firmantes del Consenso de Sucre, que un servicio civil profesional y meritocrático respeta mejor los derechos humanos, es más eficiente y eficaz y es menos corrupto. Por ello reivindican, una vez más, que las administraciones públicas iberoamericanas estén nutridas por servidores públicos profesionales, responsables, íntegros, con las competencias necesarias,incluyendo el uso de la disrupción, con garantía de imparcialidad en su desempeño y seleccionados por mérito y capacidad, de forma que garanticen la continuidad y calidad de las políticas públicas esenciales, con independencia de los cambios gubernamentales. En este sentido, indican que la dirección pública profesional constituye una garantía del derecho a la buena administración.
Consideran intolerable que los gobiernos y las administraciones públicas no hayan sido capaces, en demasiadas ocasiones, de evitar graves episodios de corrupción en los momentos más álgidos de la pandemia. Todo ello se suma a la persistencia de la corrupción habitual, vinculada muy a menudo al cobro de sobornos y por ello llaman a continuar de forma incansable la lucha contra la corrupción, que en definitiva sólo sirve para enriquecer a unos pocos en detrimento de todos los ciudadanos, aumentando la pobreza y la desigualdad, impidiendo alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
A pesar de todas las dificultades, de los enormes retos que las pandemias, el deterioro climático, la violencia y la guerra, la desigualdad y la pobreza generan, creen los congresistas, que aún no es demasiado tarde para reaccionar. Para ello, se debe aprender a crear resiliencia, evaluar con mayor rigor y criterio la acción pública, usar los datos con sentido predictivo y estrategia, procurar la mayor participación ciudadana en la coproducción y gestión de servicios y, finalmente, conectar gobierno y universidades, organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas y comunidades locales. Pero, para ello, reivindican un Estado inteligente y justo, que no deje a nadie atrás y genere respuestas adecuadas a los tiempos disruptivos que vivimos.
El Consenso de Sucre, en definitiva, reivindica la diversidad, la inclusión y el diálogo entre las diversas culturas, con una Administración abierta a la igualdad de género y racial, a la inclusión de las personas con discapacidad, y volcada en salvar a la humanidad del colapso medioambiental que irremisiblemente crearemos si no actuamos de forma rápida y efectiva. Solo desde la incorporación de todas las personas a este proyecto colectivo de humanidad podremos salir adelante, solo desde el respeto a nuestro planeta podremos dejar a nuestros jóvenes y niños un mundo habitable.
Ojalá el Consenso de Sucre sustituya en la mente de nuestros responsables políticos, de forma definitiva, al Consenso de Washington. El aprendizaje que debemos extraer de la pandemia a ello nos obliga y los ciudadanos lo demandan.
@sgeneralClad