Una de las consecuencias de la demolición del Estado de Justicia y Derecho en Venezuela es que cualquier persona, investida de autoridad o sin ella, puede lesionar-detener-extorsionar a otra, cometer «actos deleznables e ilegítimos» contra la propiedad privada o pública, mantener bajo asedio a vecinos, robar, violar domicilios, destruirlos, et., sin que podamos exigir correcciones judiciales. La causa principal: lo que llaman Estado Mayor Conjunto está integrado por individuos que tienen «órdenes de captura internacional», inclusive recompensada con millones de próceres impresos imperiales norteamericanos. Los infractores del régimen de gobierno terrorista, junto con un gran número de ciudadanos, actúan como si cada atropello que cometen fueran «derechos adquiridos». En el curso de años de imponernos la esclavitud como estilo de vida internacionalmente consentido, la impunidad legitimó las conductas deplorables en una sociedad destruida con premeditación y sevicia por pandilleros organizados.
Las satrapías de quienes destacan en Venezuela en el ejercicio [vulgarizado] de cargos públicos, son celebradas por sectores de personas intelectualmente disfuncionales, con ciudadanía en el país, se presume, empero igual regocijan a resentidos y desquiciados que habitan otras repúblicas. El salvaje latinoamericano expone sus malas intenciones o comete actos bárbaros sin que ello suscite reacciones de protesta, entre civiles de buena conducta porque le perplejidad abruma. Esa postura pasiva se debe a la inoperatividad de organismos relacionados con la aplicación de castigos: fiscalías, tribunales, organismos policiales. Conforme al impacto de acciones delictivas, ningún malhechor es castigado salvo que no sea adherente del gobierno y activista político a favor de mantenernos en situación de orfandad jurídica.
No es admirable ni espectacular el «nuevo hombre», sino un salvaje que exhibe la arrogancia de quien vive días gloriosos en nuestro [por ellos] devastado país. La prepotencia de brutos con mando sobre regimientos e instituciones los vulnera frente a quienes ideamos métodos para enfrentar, con incuestionable legitimidad, a esa casta de alimañas que encorva una nación sin parque de armas para defenderse.
He propugnado que Latinoamérica debe aliarse al imperio norteamericano, convirtiéndose en un «hemisferio asociado», con libertades ciudadanas. Esa unión fortalecería nuestros inalienables y universales derechos. El sistema que rige la potencia política-militar más grande del planeta exalta el precepto según el cual los Estados son de las naciones. Ello aparta megalómanos del poder, frena sus tentaciones tiránicas. Es una república que, desde su fundación, no hace sino prosperar. Los pueblos exitosos ovacionan la inviolabilidad de la separación de poderes, al individuo productor, obrero, financista, empresario, científico, profesor, intelectual o artista propenso a elegir su destino sin obstaculizar el de otras personas. Arraigo es experimentar vivir en un territorio donde sus instituciones públicas son fiables e independientes.
Si yo estuviera equivocado en mi percepción política de la realidad norte-centro-suramericana, Estados Unidos no sería el lugar hacia donde tanta gente quiere ir para escapar de la inaudita pobreza en la cual estamos inmersos en Venezuela, diezmada por exterminadores en funciones de gobierno.
@jurescritor