El Estado descarga todo su poderío contra la disidencia opositora al restringirle sus derechos políticos y convalidar conductas de odio y violencia con total impunidad.
El Consejo Nacional Electoral debe someterse a la Constitución, que le obliga a ser imparcial y deslindarse de disciplina partidista para garantizar los derechos políticos del elector que hoy se siente desinformado en cuanto al lugar de votación y los cambios de residencia que han solicitado; también de los testigos designados que no conocen los cambios hechos, al igual que el formato de su acreditación. No hay promoción ni motivación por parte del ente rector para garantizar confianza en algo tan sagrado como es el derecho al voto; lo que sí se observa es el ventajismo sin límites que disfruta el candidato oficialista sobre los demás aspirantes.
Estamos en presencia de una conducta impregnada de impunidad por parte del sistema de justicia al guardar silencio ante los hechos protagonizados por parte de cuerpos de seguridad del Estado que cierran las vías a dirigentes políticos opositores, como el fin de semana cuando se trasladaban a la ciudad de Valencia con su candidato en el cumplimiento de actividades de campaña electoral. Vulneran el derecho al libre tránsito y permiten conductas violentas impregnadas de odio como las ejercidas por funcionarios en un restaurante en La Encrucijada. Lo más grave es la actuación de la Guardia Nacional, que se limitó a grabar lo que estaba sucediendo sin asumir el control del orden público.
No quiero finalizar sin recordar a los militares que el Plan República debe someterse a nuestra Constitución y sus atribuciones para garantizar a los electores el ejercicio de sus derechos políticos, votar con tranquilidad y no repetir conductas anteriores como la usurpación de funciones del CNE que constituyen una clara violación a lo establecido en la carta magna.