Nicolás Maduro está desesperado. Sus cínicas y airadas declaraciones sobre el trascendente informe presentado ante el mundo por la doctora Michelle Bachelet, ex presidente de Chile y alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, así lo evidencian. La estrategia diseñada por el régimen usurpador resultó ser totalmente inútil. Creyeron que las convicciones ideológicas de la alta funcionaria harían que dicho informe minimizara la crudeza del anterior del 20 de marzo, en el cual ya se señalaban “numerosas violaciones y abusos de derechos humanos2. No ocurrió así. Michelle Bachelet fue leal a su conciencia y cumplió cabalmente sus deberes al ratificar que Venezuela atraviesa una grave crisis política caracterizada por la permanente “vulneración de los derechos políticos, económicos, sociales, civiles y culturales”, con el consecuente “éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”. Además, ratifica que el régimen madurista puso en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”.
El informe de Michelle Bachelet constituye una fehaciente descripción de la realidad venezolana: “Nadie puede negar que el régimen madurista ha impuesto una hegemonía comunicacional; se ha restringido el espacio democrático debilitando las instituciones y la independencia del poder judicial; se han cometido graves violaciones de los derechos políticos, económicos y sociales; se ha atacado a determinadas personas o grupos, entre ellos a miembros de la oposición política; miles de personas, principalmente jóvenes, han sido asesinados en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales, ocurriendo muchas de esas muertes mediante ejecuciones extrajudiciales; en la mayoría de los casos se sometió a mujeres y hombres detenidos a torturas tales como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas plásticas, palizas, violencia sexual, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas; los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad; el número de personas que han abandonado Venezuela alcanza más de 4 millones”.
La gravedad de los hechos expuestos en el informe de Michelle Bachelet podría causar sorpresa en algún miembro de la comunidad internacional. Sin embargo, nuestro pueblo y amplios sectores de esa comunidad conocen muy bien que esa es la trágica realidad que vive Venezuela y no tiene duda en responsabilizar a Nicolás Maduro y a su corrupta camarilla de tan terrible situación. Para colmo, a pocas horas de haber culminado la alta comisionada su visita, la opinión pública fue impactada profundamente por el cruel y cobarde asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo mediante terribles torturas, quien falleció después de haber sido presentado en estado agónico ante un tribunal, como medio para infundir terror en la oposición democrática. No conforme con el dolor infligido a sus seres queridos, los obligaron a aceptar, por orden de un tribunal, que su entierro fuera “una inhumación controlada”. De igual manera, el adolescente Rufo Chacón fue salvajemente atacado por miembros de Politáchira, acostumbrados a actuar con total impunidad, con la consecuente pérdida de la visión en ambos ojos.
Ante tantos desmanes, Nicolás Maduro se ha dedicado a descalificar el contenido del informe de Michelle Bachelet alegando: “El informe de la señora Bachelet es un informe hecho por una oficina de gente enemiga de la revolución bolivariana, un informe cargado de mentiras y de datos inexactos. Creo que dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron desde el Departamento de Estado”. Esta es una inaceptable manipulación de Nicolás Maduro en su afán de ocultar la verdad. Es imposible negar, aun manteniendo posiciones ideológicas diferentes a la señora Bachelet, que ella ejerció la presidencia de su país demostrando una firme personalidad caracterizada por una gran ecuanimidad y sentido de justicia. Además, fue elegida por aclamación como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el voto favorable de 193 Estados de sus miembros. Por otra parte, el informe fue realizado por un grupo de funcionarios especializados en la defensa de los derechos humanos con una amplia experiencia alcanzada en numerosas investigaciones en todo el mundo.
La pregunta que nos hacemos los venezolanos, al ver el inusitado interés demostrado por Nicolás Maduro y su camarilla en lograr el inicio de las negociaciones en Barbados, es la siguiente: ¿No buscará el régimen madurista, con su asistencia a dicha reunión, que la comunidad internacional olvide los graves señalamientos mantenidos en el informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas? Es verdad que la crisis venezolana exige una solución negociada que permita avanzar consistentemente hacia una solución pacífica que garantice el ansiado cambio político mediante la convocatoria de unas elecciones transparentes, equitativas y justas. Pero no es menos cierto que la urgencia de esa solución no debe impedir que se desarrollen las investigaciones penales correspondientes y se establezcan las responsabilidades personales de Nicolás Maduro y de los altos funcionarios de su gobierno, quienes, de manera permanente, violan la Constitución Nacional irrespetando los derechos humanos de los ciudadanos y cometiendo delitos de lesa humanidad.
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