En la distinción tradicional (y un tanto anticuada) entre izquierda y derecha, los partidos de izquierda representan a los trabajadores, mientras que los partidos de derecha representan a los dueños del capital. Según esta visión, cuando la izquierda está a cargo, tiende a usar su poder para reducir el porcentaje del ingreso nacional que va a manos del capital, ya sea aumentando los impuestos corporativos o gravando las ganancias de capital de las personas naturales.
Sin embargo, algunos políticos de izquierda intentan minimizar el porcentaje del capital regulando o nacionalizando las industrias intensivas en capital, como la electricidad y la infraestructura. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, recientemente anunció que no cumpliría con los términos de las concesiones viales y congelaría los peajes. Sin embargo, dadas las cláusulas contractuales, el Ministerio de Finanzas se vio obligado a compensar a los inversores, pero espantando a los inversores futuros. Petro también anunció su intención de asumir la responsabilidad de quitarle al regulador independiente la tarea de fijar los precios de los servicios públicos, de manera que él podría, personalmente, recortar la factura eléctrica.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (ampliamente conocido como AMLO) ha lanzado una reforma del mercado de la electricidad que consolidaría el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un organismo estatal, y desactivaría las reformas pro-mercado previas implementadas por su antecesor, Enrique Peña Nieto. Como consecuencia de ello, la inversión privada en el sector energético mexicano se ha desplomado.
Petro y AMLO deberían aprender las lecciones de Suráfrica y Venezuela, donde el intento de consolidar el monopolio estatal de la electricidad ha llevado a un colapso del sistema eléctrico y a cortes masivos de energía. Para superar el desastre, profundizado por la necesidad de una transición a energía limpia, ambos países tendrán que dar marcha atrás y recuperar la confianza de los inversionistas.
La ineficiencia del monopolio estatal de la electricidad en Suráfrica se hizo evidente en 2007, cuando una capacidad insuficiente generó apagones generalizados y obligó al gobierno a empezar a racionar la electricidad. La resistencia ideológica, junto con una corrupción descontrolada en el gobierno del presidente Jacob Zuma y en la empresa estatal Eskom, impidió que el gobierno liberalizara la generación de electricidad hasta hace 7 meses, cuando ya era demasiado tarde para impedir la catástrofe. El 10 de febrero, el presidente Cyril Ramaphosa declaró un estado de desastre nacional, anunció un rescate de Eskom de 254.000 millones de rands (13.900 millones de dólares) y prometió acelerar nuevos proyectos energéticos privados.
En Venezuela, la decisión de Hugo Chávez de nacionalizar el sector energético en 2007 llevó a apagones frecuentes y a una generación de electricidad marcadamente reducida en 2009, lo que culminó en un apagón nacional de una semana en marzo de 2019. A pesar de las enormes transferencias de capital público, la generación de electricidad del país sigue siendo una pequeña fracción de los niveles alcanzados en 2007.
La electricidad, las carreteras, el almacenamiento de baterías y la energía solar y eólica son industrias intensivas en capital, lo que significa que las empresas deben hacer grandes inversiones en activos fijos que esperan recuperar en un período prolongado de flujo de caja positivo. Esto les ofrece a los gobiernos un incentivo para hacer promesas poco realistas para atraer a los inversionistas y luego intentar expropiar sus activos o sus flujos de caja a través de la nacionalización o de controles de precios. En estas condiciones, los inversionistas exigirán aún mayores retornos sobre el capital a fin de protegerse de este riesgo, pero esto solo les dará a los gobiernos aún más incentivos para expropiar. En estas condiciones, los mercados no pueden funcionar bien.
Sin embargo, como demuestran Suráfrica y Venezuela, depender de monopolios estatales puede producir crisis energéticas de proporciones históricas. El control gubernamental da la ilusión de precios más bajos, pero a costa de dejar a las empresas sin los recursos financieros necesarios para modernizar y expandir sus redes o levantar capital nuevo, lo que genera escaseces crónicas y la necesidad de rescates financieros por parte del fisco. Asimismo, las empresas de servicios públicos estatales tienden a ser semilleros de corrupción.
Este dilema se puede resolver si se les permite a las empresas privadas aumentar su participación en la generación de electricidad y si se otorga poder a reguladores independientes para que supervisen y regulen al sector. Otorgar poder para regular el mecanismo de fijación de precios y realizar una supervisión regulatoria a una junta independiente, y no a funcionarios electos, aumenta la confianza, la rendición de cuentas, y genera mejores resultados a largo plazo.
El razonamiento económico es similar a la lógica subyacente en la independencia de los bancos centrales. Cuando los inversores compran bonos gubernamentales de largo plazo, se desprenden de dinero hoy, con la esperanza de recuperarlo con intereses después de un tiempo. Pero eso les da a los gobiernos un incentivo para erosionar el valor de los pagos futuros mediante un alza de la inflación. Previendo esto, los mercados exigirán tasas de interés más altas, lo que aumenta las expectativas de inflación y hace que el mercado termine siendo ineficiente. En este contexto, al otorgarle poder a los bancos centrales independientes, los gobiernos esperan ganar la confianza del mercado, obteniendo así mayor estabilidad de precios y menores costos de endeudamiento.
La combinación de proveedores privados de electricidad y de una supervisión regulatoria independiente ha ayudado a Chile, Colombia y Perú a superar las crisis energéticas que sufrieron en décadas pasadas. Al convencer a los mercados de que el riesgo de expropiación era bajo, Colombia logró grandes inversiones privadas y una electricidad más barata. Pero, ahora, Petro amenaza con revertir el progreso hecho por sus antecesores.
Parte del problema es que muchos en la izquierda todavía se oponen ideológicamente a los mercados. Como consideran que el capital es abusivo, piensan que el poder político debe ser el medio para restringirlo. Pero los políticos de izquierda como Petro y AMLO no entienden que esta lógica inevitablemente será contraproducente. Como las nuevas inversiones se hacen mirando al futuro, las expectativas de mayor coerción gubernamental hacen que el capital sea más escaso y más oneroso. Para asegurar sus necesidades de electricidad de sus economías en el contexto de la transición energética, muchos países, entre ellos Argentina, Colombia y México, tienen mucho para ganar si se abren a la inversión privada en materia de generación energética y si restablecen su credibilidad fijando reglas de juego claras y otorgándoles poder a reguladores independientes para hacerlas cumplir.
Desafortunadamente, como alguna vez observó el economista indio Montek Singh Ahluwalia, la credibilidad crece igual de lento que un cocotero y cae tan rápido como un coco. Mientras que los gobiernos de izquierda no adopten una estrategia más amigable con el capital, como lo ha hecho Uruguay, los mercados de capital seguirán castigándolos.
Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela y execonomista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, es profesor en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y director del Harvard Growth Lab.
Copyright: Project Syndicate, 2023.