A la izquierda, Alex Saab recibido en Miraflores por Maduro; a la derecha, en el avión que los llevó a su país, los estadounidenses que estaban presos en Venezuela por quienes fue canjeado el empresario colombiano
El canje de presos, secuestrados o rehenes forma parte de la política internacional de los países desde hace siglos. En este marco hay que entender el intercambio de detenidos entre el gobierno del presidente Joe Biden y la administración de Nicolás Maduro. El encarcelamiento en Estados Unidos de Álex Saab –el empresario de origen colombiano, nacionalizado venezolano, y convertido por Maduro súbitamente en «diplomático»- fue transformado por el régimen venezolano en un símbolo de las tensiones entre Washington y Caracas, y en la personificación de los supuestos abusos de poder por parte del gobierno norteamericano y la violación del derecho internacional que protege a los diplomáticos. Tal fue el significado que Maduro le concedió a la liberación de Saab, que llegó a suspender la ronda de conversaciones con la oposición iniciada en México y continuada en República Dominicana hace un par de años. En aquel momento, Maduro afirmó que quedaba interrumpido el diálogo hasta que el gobierno estadounidense liberara al «diplomático».
Ahora se presentó la oportunidad de alcanzar un compromiso que permitió intercambiar presos. El ambiente de distensión y relativo acercamiento entre la Casa Blanca y Miraflores lo posibilitó. El acuerdo de Barbados creó una atmósfera que aproximó las posiciones de ambos gobiernos. Maduro aprovechó para reclamar la joya de la corona: la liberación de su amigo Saab; mientras el gobierno de Biden exigió la libertad de los norteamericanos retenidos en las cárceles del país y la de un grupo de compatriotas a quienes se les inventó un expediente por «traidores a la patria» y «terroristas». Fueron liberados ocho estadounidenses y trece venezolanos entre los que se encuentran Roberto Abdul, presidente de Súmate, y seis dirigentes sindicales que lideraron la lucha por mejores condiciones de trabajo y salarios, especialmente en Guayana.
El régimen de Maduro presentará el caso de Saab como una victoria contundente frente al «imperialismo» norteamericano. Nada más alejado de la realidad. Maduro necesitaba con urgencia anotarse un triunfo luego de las tres derrotas consecutivas sufridas durante los últimos dos meses: la realización exitosa de la primaria, el fiasco del referendo del 3 de diciembre y la fallida reunión en San Vicente y las Granadinas, con el presidente de Guyana. Las conversaciones secretas entre Washington y Caracas le permitieron anotarse una modesta victoria.
El pacto que hizo posible la libertad de los presos fue el resultado de una negociación que seguramente se extendió por varias semanas. Para la administración Biden, los objetivos que se había propuesto con la captura y detención del empresario del régimen venezolano ya los había logrado con creces. El año que viene Biden tendrá una dura campaña por permanecer en la Casa Blanca y derrotar a su enconado rival, Donald Trump, quien al parecer será el candidato del Partido Republicano. Desde ya Biden necesita mostrar éxitos concretos en un tema tan sensible para la opinión pública norteamericana, como es la excarcelación de norteamericanos encerrados en presidios extranjeros. Sin duda que lograr esta meta con sus compatriotas detenidos en Venezuela significa un gran éxito.
Aún quedan numerosos confinados políticos que deben alcanzar la libertad. Venezuela forma parte, junto con Nicaragua y Cuba, de las naciones donde existe la mayor cantidad de perseguidos y detenidos por razones políticas. Sin embargo, ahora se ha dado un paso importante para estos venezolanos y norteamericanos sometidos a un cautiverio injusto y cruel. Esperemos que en el futuro cercano se produzcan nuevas y mayores liberaciones.
Espero que, como parte de los acuerdos entre el gobierno de Biden y el de Maduro, se encuentre la realización de unas elecciones inclusivas, competitivas y transparentes en 2024. Este enfoque tendría que incluir a María Corina Machado como candidata de ese amplio sector de la oposición que participó en la consulta del 22 de octubre. María Corina realizó una brillante jugada política al desconocer la supuesta decisión de la Contraloría General que la inhabilitó, y al introducir en el TSJ un amparo para protegerse de una medida arbitraria e ilegal, como la que pretende materializar la Contraloría. Estamos a la espera de lo que resuelva el TSJ. Si el gobierno aspira a mantener vigente el Acuerdo de Barbados, María Corina tendría que ser habilitada para que compita en los comicios de 2024.
A Nicolás Maduro hay que recordarle que ahora, cuando Biden ha logrado liberar a los norteamericanos que se hallaban confinados en las cárceles venezolanas, el costo para su gobierno de recrudecer las sanciones es mucho menor que antes. Se redujeron las fichas para intercambiar. Mientras que, para Venezuela, retornar al régimen de sanciones sería catastrófico.
PD: Feliz Navidad para todos. Que disfruten al máximo estas fechas decembrinas.
@trinomarquezc