El camino adecuado

La sociedad venezolana es totalmente consciente de la necesidad y urgencia del cambio político. Aun sectores del gobierno usurpador saben que lo mejor sería dejar el poder. La reciente carta de renuncia de Isaías Rodríguez a su condición de funcionario de la revolución lo deja claro: “No aguanto más… Renuncio, presidente, a mis dosis de insomnio, estrés, aflicción y a las víboras con cabeza triangular que desde hace mucho tiempo lo acompañan”.

Isaías ha definido claramente a la camarilla roja: “Un nido de víboras con cabeza triangular”. Cada día los asientos del poder son un tormento para muchos de los agentes que observan cómo su vida se reduce a sobrevivir, en medio de “ese nido de víboras” en que se ha convertido la dictadura chavista.

Para el resto de la sociedad el tema es más dramático. Es sobrevivir en la vida misma. Es poder conseguir alimentos con los salarios miserables que paga el socialismo bolivariano. Es conseguir medicinas, o un centro de salud dónde curar las enfermedades. Es tener una vida medianamente normal. Contar con agua potable, energía eléctrica, gas doméstico y otros servicios fundamentales. Es poder respirar un ambiente de libertad, de respeto a las normas fundamentales de la convivencia civilizada.

Los ciudadanos cada día nos interrogan. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar esta tragedia? ¿Cuándo finalmente se logrará el cese de la usurpación? Preguntas para las que no hay una respuesta precisa, con fecha cierta. Todos somos conscientes de que este modo de vivir es insostenible, y que la dictadura está cataléptica.  Que debemos producir un desenlace a la tragedia.

Y es aquí donde se producen diferencias estratégicas entre quienes buscamos, con autenticidad, producir un cambio político. Somos conscientes de que la cúpula usurpadora, orientada por la dictadura cubana, sigue su libreto de aferramiento al poder. Para Maduro, Cabello, Rodríguez, lo importante es ganar cada día en los aposentos del poder. Para nada les interesa la vida de millones de seres humanos que padecemos, de una forma u otra, los rigores de un régimen deshumanizado. Mientras ellos tengan las armas y recursos para garantizar su presencia en el poder, para nada les interesa la tragedia nacional.

Una dirigencia, con talante democrático, jamás habría llevado la situación a los niveles que ha llegado nuestra catástrofe social, política y económica. Hubiesen acatado las reglas básicas de la democracia, y favorecido una alternancia normal del poder.

Ahora estamos en una lucha extenuante, larga, sostenida para rescatar la democracia. Lo ideal sería lograr ese anhelado cambio por una vía democrática, electoral y constitucional. La dictadura ha cerrado ese camino de forma total. No aceptan una elección trasparente. Se acostumbraron a efectuar elecciones “controladas”, donde quienes acudimos a disputar el poder tenemos un ambiente brutalmente adverso.

Desde el mismo momento en que Chávez asumió el poder, el ventajismo y el irrespeto a las reglas básicas de una elección, se convirtieron en una forma normal de adelantar dichos procesos. Ya en 1999, con la promulgación de la nueva Constitución, se eliminó el financiamiento a los partidos políticos. El aparato del Estado dedicó su mejor esfuerzo a demoler moral y políticamente a los partidos tradicionales. Los nuevos partidos se frotaban las manos. Pensaban que eso les beneficia y que a ellos nos los tocaría la estrategia de poder adelantada por Chávez. Hasta que tomaron espacio en la sociedad y empezaron a sentir los efectos del neoautoritarismo en marcha.

Todo el aparato de un Estado, cada vez más avasallante, es utilizado en los recurrentes procesos electorales lanzados para legitimar la instauración de “la revolución socialista”. Dineros públicos, medios de comunicación del Estado, cada vez más numerosos, y hasta la Fuerza Armada Nacional, pasaron a convertirse en agentes y operadores en las ventajistas campañas electorales a las que nos tocaba concurrir.

En medio del salvaje ventajismo de todo el Estado contra la sociedad democrática, logramos victorias importantes en los poderes locales y regionales, que en lo formal fueron aceptadas. Y digo en lo formal, para anotar la circunstancia de reconocer al alcalde o gobernador electo y permitirles su investidura, para luego designar a un funcionario paralelo, ordinariamente un militar; desarrollando, luego, toda una acción de obstrucción y saboteo a las gestiones de los líderes locales opositores.

Este formato de ventajismo y reconocimiento limitado, en aquellos procesos que se lograban ganar, llegó a su fin con la elección de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. A partir de ese evento, la cúpula gobernante se lanzó abiertamente por el camino de la dictadura.

Permitieron la investidura de los diputados y la instalación de la AN. Acto seguido inician su proceso de desconocimiento, hasta anularla totalmente en el ejercicio de sus facultades constitucionales. Establecen su asamblea paralela con la fraudulenta constituyente, para lo cual ya asumen de manera abierta el fraude electoral como instrumento de validación de su usurpación.

La empresa Smartmatic, utilizada durante años en los sospechosos procesos de automatización del voto, informa al país su retiro en el manejo de la informática electoral, ante la decisión asumida en la cúpula roja, de adulterar los resultados numéricos del evento electoral con el cual establecieron la inconstitucional asamblea constituyente. Ya queda claro que el fraude no solo era al orden constitucional, sino también la data numérica.

Con ocasión de la elección presidencial correspondiente al término del período constitucional, de nuevo surge la alevosa conducta del fraude. Este comienza con la adulteración de la normativa constitucional y legal respecto de la fecha del proceso. Adelantarlo de tal forma, para impedirle a la oposición democrática seleccionar su plataforma política, ya evidencia claramente la ruta marcada. Secuestrar el proceso, hasta el punto de impedir a la oposición política acceder a las garantías fundamentales de toda elección democrática, constituye ya un fraude adelantado.

La obstinada negativa del régimen a garantizar las condiciones mínimas, puesta de manifiesto en las reuniones de República Dominicana, llevaron a la oposición a no participar en el amañado proceso del 20 de mayo de 2018.Tal decisión, avalada por la mayoría de las democracias occidentales, ha sido la base generadora de la total ilegitimación que hoy tiene el régimen madurista.

La presencia de algunos actores políticos, buscando hacer el rol de la oposición, en el fraudulento proceso del 20 de mayo de 2018, no legitimó a Maduro. El argumento sostenido de que si toda la oposición hubiese concurrido a dicho proceso, Maduro ya no estaría en el poder, resulta por decir lo menos ingenuo. Es no ponderar los antecedentes fraudulentos ocurridos, no conocer la naturaleza criminal de la cúpula gobernante, y su reiterado discurso de negar la alternancia democrática para nuestro país.

Una participación unitaria en la emboscada del 20 de mayo de 2018, con la consiguiente decisión de acometer el fraude, habría generado el mismo efecto: el descontento internacional de Maduro y su consiguiente aislamiento diplomático, político y económico.

Ahora que dicho aislamiento se ha concretado, surge de nuevo la disyuntiva para lograr una solución a la crisis existente.

La comunidad internacional busca obligar a la camarilla roja a restituir la democracia, mediante un cese de la usurpación o la realización de un proceso electoral trasparente, con plenas garantías para todos, y con una supervisión directa de organismos especializados. Una vez más la dictadura se niega a realizar dicha elección. Propone adelantar la elección de la Asamblea Nacional, como su oferta de solución al conflicto.

Una nueva Asamblea Nacional para sustituir a la fraudulenta constituyente. Una nueva propuesta para huir del problema, para burlar a la nación y a la comunidad internacional. Solo que ya nadie se llama a engaños. Ya todos saben que Maduro se sostiene en el poder con el aval de las armas, mas no con el del pueblo y tampoco de la Constitución.

En medio de la tragedia nacional, y de la postura firme de rechazo a la usurpación consumada, surgen las voces que tratan de ofrecer un salvavidas a la dictadura. Se propone aceptar la elección adelantada del Parlamento. Nos llaman a prepararnos desde ya, para concurrir a las elecciones de la Asamblea Nacional, cuya fecha debe ser a finales del próximo año, pero que el régimen quiere adelantar con el deliberado propósito de sacar del foco de la lucha la cuestión presidencial, donde se concentra la causa primaria de la tragedia conocida.

Y para hacerle un mejor servicio a la dictadura se alega que, si ya ganamos con el actual CNE la anterior elección parlamentaria, no deberíamos descartar participar con el mismo Poder Electoral. De forma indirecta se nos propone aceptar a Maduro como presidente constitucional, cancelando la lucha por el cese de la usurpación. De nuevo se deja de lado todo el expediente fraudulento ejecutado y la natural desconfianza generada.

Por supuesto que, para un demócrata, la solución electoral es la solución. Nadie en su sano juicio va a preferir una solución violenta antes que una electoral. Hasta ahora la dictadura ha demostrado de forma reiterada su total negativa a concurrir a un proceso electoral general, o por lo menos de la Presidencia de la República, con todas las garantías que deben existir para calificarlo como trasparente. Esto pasa por elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, integrado de tal forma que no sea sujeto de control por las partes.

Esta lucha no puede prolongarse en el tiempo, hasta el punto de hacerla nugatoria. El juego de la cúpula roja de agotar a la sociedad democrática hasta que extenuada acepte para siempre un sistema político y económico miserable y autoritario no puede ser tolerado hasta el infinito.

Ciertamente, la solución violenta no es conveniente, pero tampoco es conveniente aceptar para siempre una dictadura hambreadora, deshumanizada y corrompida como la que padecemos. Pensar que debemos acostumbrarnos a una réplica del modelo cubano, donde una camarilla somete a toda una nación por tantos años, constituye un despropósito. De ahí la importancia de la colaboración de la comunidad internacional, para poder recuperar nuestra democracia.

Venezuela no puede ser la segunda Cuba del continente. Ya hemos pagado demasiado, en términos de vidas humanas, y destrucción de nuestra nación. No deberíamos pagar más costos y superar la tragedia por la vía política. La dictadura debe sentir que la comunidad internacional está dispuesta a no permitirles una burla más, para que podamos lograr esa solución política. De lo contrario la solución de fuerza se hará ya inevitable y necesaria.