Foto: Kenny Linares. EN
En medio de la cantidad de adversidades que enfrenta la ciudadanía venezolana, existe un grupo que es especialmente golpeado por la situación nacional y, para colmo, está entre los más olvidados.
Estamos hablando de la enorme masa de funcionarios del país, especialmente destinados para servir a la gente y que lo hacen con las uñas, sin los recursos necesarios, abandonados de la tecnología y, para colmo, son miserablemente pagados. Sus salarios son los peores de todo el continente.
Nos referimos a empleos tan sensibles para la buena salud de una sociedad como lo son los maestros, los bomberos, los médicos y los policías, entre muchos otros. Además de ellos, todos los que están en funciones administrativas y de oficina en los numerosos organismos que están encargados de ser el motor del país, en quienes descansa la responsabilidad de que esta monumental maquinaria llamada Venezuela pueda seguir adelante.
Es demasiado lo que se espera de ellos y muy poco lo que se les entrega en contraprestación.
El país en estos momentos presenta una nómina de más de 5 millones y medio de personas de que dependen del sector público, de acuerdo con la organización Transparencia Venezuela. Es una carga enorme para el presupuesto nacional de un país que ni siquiera alcanza los 30 millones de habitantes, y además permite ver que, aproximadamente 1 de cada 6 venezolanos depende de la administración pública para su subsistencia.
Crear una desproporcionada nómina de empleados del sector público es un arma de doble filo. Por un lado, puede sonar como seductor y hasta prestigioso para posibles empleados; pero por otro es un paso en falso que presagia el eventual colapso del sector.
Una visión de país con este componente, solamente es un indicio claro de que no se ha comprendido a cabalidad cómo se estructura una sociedad eficiente, que pueda crear felicidad y bienestar para todos.
Una nación donde el gobierno sea el mayor empleador debe entrar sin duda en un urgente alerta, porque más pronto que tarde la receta no va a funcionar.
Este es otro elemento clave a tener en cuenta cuando se analizan las razones de la adversa situación de los servidores públicos. Los gobiernos y los Estados más eficientes del mundo tienden a reducir las dimensiones de su aparato estatal, en pro de incentivar el crecimiento y desarrollo de la empresa privada, para que ella genere la mayor cantidad posible de puestos de trabajo.
No hay que sacar muchas cuentas para llegar a la conclusión de que el Estado venezolano como empleador está absolutamente exhausto y es totalmente incapaz de mantener empleados en una situación digna y ventajosa a los numerosos trabajadores a quienes les ha abierto las puertas. Esos mismos que quizá alguna vez confiaron en que podrían encontrar decencia y sustento bajo el techo de un organismo público, que ahora los ha arrastrado a niveles de apenas una angustiosa subsistencia.
Quizá eso se podía hacer, de una manera peligrosa e inorgánica, cuando los precios petroleros nos favorecían y nuestra producción de hidrocarburos era abundante y robusta.
Sin embargo, eso ha quedado en el pasado y, con el panorama actual, no hay indicios de que regrese. Ahora se entiende por qué crear puestos de trabajo con base en ese espejismo era un terrible error.
A todo esto hay que adicionar el hecho de que los beneficios para los trabajadores de la nómina pública actual son prácticamente inexistentes. Entre las numerosas ventajas que deberían tener los puestos de trabajo para la nación, deberían estar las sólidas ofertas de una excelente atención de salud, beneficios para el retiro, formación y crecimiento profesional y bonificaciones atractivas. Adicionalmente, deberían extenderse a los familiares iniciativas como descuentos en compras de primera necesidad o programas de becas para los hijos.
En otras naciones, las posiciones de la administración pública son altamente apetecidas por la ciudadanía. Ofrecen prestigio, estabilidad y unos beneficios económicos que alcanzan suficientemente para sacar adelante con éxito un plan familiar de vida. Adicionalmente, se promueve su crecimiento profesional a través de becas, estudios y cursos de primer nivel.
El hecho de incentivar el empleo privado –que ha sido tan satanizado en Venezuela– garantiza mejores oportunidades tanto para los trabajadores públicos como para quienes dependen de la iniciativa privada para su sustento.
Esto equilibra las cargas y permite que la nómina gubernamental, de menores proporciones, pueda recompensar adecuadamente a sus trabajadores en cuanto a honorarios y beneficios.
Lamentablemente, no vemos a corto plazo las posibilidades de un cambio de rumbo al respecto. Vamos a dejarlo como unos apuntes para la Venezuela posible, algún día.