Es muy probable que María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y sus asesores políticos estén acelerando al máximo oportunos contactos con algunos de los ya nominados funcionarios que formarán parte del gabinete de Donald Trump, así como ya lo han venido haciendo con otros actores claves dentro del Congreso de Estados Unidos, ya reconocidos y de considerable trayectoria, abocados a la causa democrática venezolana.
Existen señales que pudieran respaldar esta presunción: las recientes declaraciones de Magalli Meda, desde la acosada Embajada de Argentina en Caracas, invitando vehementemente a la gran vigilia y movilización ciudadana del 1 de diciembre con los rostros y manos manchados de rojo en signo de protesta; el mensaje en clave de MCM en el que pide a la población venezolana estar bien atenta a las señales que surgirán en los días por venir, y lista para hacer lo que corresponda llegado el momento preciso; y los no menos desafiantes señalamientos de EGU, quien, desde Madrid, aseguró que será él y nadie más el juramentado como presidente electo el 10 de enero, agregando que está “moralmente preparado” para afrontar su posible detención una vez aterrice en Maiquetía.
La consigna sería: ustedes en Venezuela terminen de decir y hacer lo que les corresponde, que nosotros desde aquí en la Casa Blanca aportaremos nuestra parte.
Y es que la revelación de ciertos nombres catalogados de halcones dentro de las filas del renovado republicanismo para ocupar puestos en el gabinete trumpista, caso del senador Marco Rubio, en Relaciones Exteriores, y Mike Waltz, uno de los promotores de la Ley Bolívar, y quien se constituye en figura clave como asesor principal de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, pareciera no ser una muy buena noticia para Maduro y su régimen, en virtud de sus sostenidos desempeños y narrativas hostiles a las autocracias en América Latina y el Caribe (Venezuela, Nicaragua y Cuba).
Lealtad y mano dura
A juzgar por los rasgos más notorios de su primera administración (2016-2021) y de su discurso durante y después de la reciente campaña electoral, Donald Trump ha dejado muy claro que la lealtad casi absoluta es una de las condiciones indispensables que exigirá a aquel que quiera formar parte de su equipo gubernamental. Y esta lealtad está íntimamente ligada a la visión compartida que tengan el reelecto mandatario y sus máximos colaboradores; de lo cual se infiere que la línea dura en contra del régimen madurista que han anunciado Rubio y Waltz cuenta con la anuencia total de Donald Trump.
Por otra parte, es también bastante probable que, paralelamente a los contactos entre el liderazgo opositor venezolano y el nuevo plantel de funcionarios ungidos, los equipos de enlace de la administración saliente de Joe Biden y de Donald Trump, hayan dedicado un tiempo razonable al tema de la necesaria transición política en Venezuela, como lo están haciendo (conservando la obvia distancia marcada por las prioridades en materia de política exterior y de seguridad nacional), con los casos de la guerra en Ucrania, el conflicto del Medio Oriente, y el estatus de la relación comercial y política con China, entre otros.
En su política hacia Venezuela, la saliente administración demócrata ha cometido enormes pifias que quizás quiera remendar de alguna forma antes de dejar el poder. Basta con recordar su absurdo enfoque, exageradamente inocente, gracias al cual el régimen de Maduro obtuvo numerosas y notables concesiones, entre otras, la renovación periódica de las licencias petroleras a la empresa Chevron, la liberación de los narcos sobrinos y la inexplicable excarcelación del testaferro mayor, Alex Saab, todo ello y más, a cambio de promesas incumplidas respecto al proceso electoral venezolano y la transición política hacia la democracia.
Tal vez por ello, en plena transición de una administración a otra, y consultas bipartidistas de por medio, se produce la reciente decisión de la administración demócrata de reconocer oficialmente a Edmundo González Urrutia como presidente electo, en el marco de la reunión del Grupo de los Siete, y las nuevas sanciones personales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en contra de 21 altos cargos del régimen madurista, acusados de formar parte de la maquinaria represora, violadora de derechos humanos y del complot electoral que declaró ilegítimamente a Nicolás Maduro como vencedor de las elecciones del pasado 28 de julio.
No se conoce a ciencia cierta si otras medidas adicionales serán implementadas durante lo que resta de la administración saliente antes del 20 de enero. En todo caso, el nivel de consulta bipartidista respecto al caso Venezuela sigue en plena marcha, con el fin de dejar, quizás al menos, la mesa servida para que los equipos de Trump completen la tarea de traer la democracia de nuevo a Venezuela.
Descartable tampoco es que antes del final del mandato de Joe Biden, pero muy en especial próximos a la fecha del 10 de enero, la presión que se acumule en los hombros del régimen sea de tal magnitud que éste se vea obligado a aceptar los términos de una transición que no tiene vuelta atrás. Maduro es consciente de que el costo de permanecer en el poder una vez se instale Trump en la Casa Blanca será mucho más alto y riesgoso, y en ese momento deberá hacer frente a un escenario en el que su posición de relativa fortaleza para negociar, de la que hoy todavía disfruta, será prácticamente nula.
No está de más recordarlo: Nicolás Maduro culmina su período presidencial (ya de por sí cuestionado) el próximo 10 de enero. A partir de allí, no solamente estará usurpando la silla presidencial que el electorado venezolano otorgó soberanamente a EGU el pasado 28 de julio. Desde ese instante, Nicolás se encontrará despojado de inmunidades y prerrogativas inmerecidas, y cualquier cosa pudiera ocurrirle. A las causas abiertas por narcotráfico y otros motivos en Estados Unidos, se le puede unir una mal atravesada orden de captura de la Corte Penal Internacional. Cuidado y si no antes del 10 de enero.
Las traiciones siguen acechando el entorno de Maduro y Cilia. Tal vez no sea muy tarde para él vender y entregar a algunos de sus personeros con quienes ahora comparte el poder. ¡Qué tal Diosdado Cabello!, el factor que quizás sea el mayor estorbo para enrumbar definitivamente al país hacia una transición ordenada y en paz.
Quien quita y el próximo 10 de enero veamos a EGU aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en un avión, cortesía de Joe Biden.
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