Durante la última semana, la idea de un adelanto de elecciones con reformas se desinfló rápidamente ante la presión de los grupos violentistas que, en diversas ciudades del país, siguen causando estragos en perjuicio de sus propios ciudadanos.
El retiro del apoyo de Fuerza Popular al adelanto de elecciones para 2024 significa, en la práctica, que no existe ni la voluntad política ni el consenso necesarios para aprobar las reformas constitucionales, políticas y electorales que este país necesita urgentemente para salir del bucle de crisis políticas en el que estamos zambullidos desde hace más de un lustro.
Por otro lado, el planteamiento de retomar el proyecto de adelantar las elecciones al 2023, impulsado, entre otros, por la congresista Flor Pablo (con candidatura a la Mesa Directiva incluida) demuestra nuevamente el descarado y miserable oportunismo de una clase política que, con razones de sobra, está absolutamente desprestigiada.
Está claro que nuestra República está en un momento crítico y se esperan respuestas inmediatas del Congreso. Sin embargo, ¿no es ingenuo pensar que adelantar las elecciones al 2023 apaciguará las violentas manifestaciones?
De aprobarse dicho adelanto, ¿cesarán las protestas? Desde esta columna, tenemos motivos para pensar que no.
Destino: Asamblea Constituyente
Si algo ha quedado claro, es que las principales consignas políticas que motivan las violentas protestas a lo largo del país son, principalmente, la renuncia de Dina Boluarte y la convocatoria a elecciones, incluyendo la elección de una asamblea constituyente.
Debemos tener en claro que la asamblea constituyente que estas minorías buscan es una de corte bolivariano, es decir, absolutamente antidemocrática en su conformación.
Y es que la asamblea constituyente que exigen violentamente estos sectores de la población no es nada que no hayamos visto antes en países vecinos de la región (Venezuela, Bolivia, Ecuador y Chile). En todos los casos, se ha caracterizado por manipular en su conformación la representación y los resultados electorales a través del establecimiento de cuotas para candidatos independientes, para grupos étnicos y para organizaciones gremiales en detrimento de los partidos políticos.
Este ha sido el modus operandi que ha permitido que minorías políticas, generalmente izquierdistas radicales, redacten y aprueben en varios de nuestros países vecinos Constituciones Políticas hechas a la medida del Socialismo del Siglo XXI, a saber: autoritarias, liberticidas y empobrecedoras.
Pero no tenemos que ir tan lejos. Basta con leer el ideario de Perú Libre o el proyecto de ley que presentó Aníbal Torres al Congreso en abril del año pasado para conocer exactamente lo que se busca replicar en nuestro país. Y esto implica, necesariamente, la destrucción del Estado de Derecho, siendo la Asamblea Constituyente un paso previo.
No cesará la violencia
No sabemos con certeza si los impulsores del adelanto de elecciones al 2023 son ingenuos u oportunistas. Sin embargo, desde esta tribuna si estamos seguros de algo: no importa cuántos meses adelanten las elecciones, sin la renuncia de la presidenta y sin la asamblea constituyente, la escalada de violencia que estamos sufriendo va a continuar.
Por ello, exhortamos al Congreso a reconsiderar la posibilidad del adelanto de elecciones con reformas al 2024 y, al Gobierno, a mantenerse firmes en la defensa del Estado de Derecho y del orden constitucional.
Articulo publicado en el diario El Reporte de Perú
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