Una cantidad de meses esperaron las activistas del feminismo en Colombia para ver llegar la decisión que acaba de tomar la Corte Constitucional Colombiana en la que resuelve despenalizar el aborto. La propuesta fue aprobada por los magistrados por 5 votos en contra de 4 que sustentaban mantener su condición delictiva y ello hace ver lo controvertida que debe hacer sido esta decisión
Antes de que el tema fuera zanjado por la Alta Corte, la práctica del aborto en el Código Penal establecía que toda “mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses de prisión». Y solo se preveían 3 causales admitidas para que el Sistema de Seguridad Social para garantizar el derecho: violación o incesto, malformación fetal que haga inviable su vida, o cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida de la mujer. Esta, pues, era la situación desde 2006.
Este hecho legal que obligará a Colombia a partir del presente a crear una serie de mecanismos que hagan posible practicar abortos en condiciones de seguridad y de salubridad representa un golpe de timón de gran importancia en toda América Latina. En el subcontinente solo es legal la interrupción del embarazo en pocos países y apenas se ha legislado sobre ello en Cuba, Uruguay, Guyana y Guayana Francesa. Argentina acaba de incluirse en el grupo que lo aprobó antes de Colombia. Y otra cosa son las instituciones que lo facilitan a las mujeres de pocos recursos en cada uno de esos países, las que son cuasi inexistentes, dejando al aborto asistido solo como un privilegio de las clases más pudientes.
En la vecina Colombia este tema dio origen a una diatriba con ribetes políticos porque Gustavo Petro ha sido uno de los grandes defensores de esta práctica, mientras desde la Casa de Nariño se han opuesto fieramente a su autorización. Las razones para apoyar la tesis de la legalidad del procedimiento no eran banales. 70 mujeres mueren al año por procedimientos inseguros y más de 1.300 sufren complicaciones por los métodos empleados desde la clandestinidad. Ello ha dado pie a que una miríada de organizaciones de feministas englobadas en el movimiento Causa Justa apadrinaran la despenalización. El reclamo era el de salvar vidas.
El candidato de Colombia Humana ha aprovechado la decisión de la Alta Corte para intentar generarse el apego de las mujeres liberales y las feministas y desde su campaña ha apoyado la iniciativa de la descriminalización. Pero al final le ha costado mucho a Petro verbalizar su apoyo a la decisión de la Corte para conseguir el propósito de englobar a tirios y a troyanos. Lo más lejos que ha podido llegar es a afirmar que es partidario del empoderamiento de la mujer dado que “la educación sexual y las libertades son el mejor camino para proteger la vida”. Confuso y ambiguo, pero es que el electorado no olvida posicionamientos incongruentes.
Resulta complicado explicar ahora el apoyo del exguerrillero a los cristianos seguidores del pastor Alfredo Saade. Bien conocida es la influencia que estas corrientes cristianas tienen en Colombia y bien conocida igualmente es la tajante oposición al aborto de este y los otros 450 pastores que lo acompañan.
Ya sabemos que todo es válido en el ejercicio político, pero traspiés como este tienen, sin duda, un costo electoral.