Este mes ha sido de trabajo arduo. Estoy escribiendo mi segundo libro y he tenido poco tiempo para mis acostumbrados artículos semanales, por lo que les pido disculpas a mis lectores. Es un libro muy importante, pues relato en primera persona los sucesos que me afectaron y terminaron con mi exilio en 2017. Ya les haré saber de qué se trata cuando esté publicado en Amazon.
Continuando con el tema de la semana, en esta oportunidad abordo la convocatoria que hace la CPI para que participen las víctimas de crímenes cometidos por el régimen de Maduro. Se trata de que tanto las víctimas como testigos de crímenes de lesa humanidad en Venezuela tienen hasta el martes 7 de marzo de 2023 para enviar sus testimonios y observaciones a los jueces de la Corte Penal Internacional. Es un hecho muy importante para Venezuela, dado que es un mecanismo vital para otorgarle legitimidad y fuerza a las causas que se impulsan ante la CPI. También es la forma de demostrarle al mundo que los crímenes cometidos por el régimen de Maduro tienen dolientes.
La ONU ha documentado 2.552 casos que corresponden al asesinato de 5.094 personas a manos de los organismos de seguridad de Maduro. La Misión de Determinación de los Hechos realizó seguimiento de 223 casos, llegando a la conclusión de que dichos crímenes formaron parte de un sistema de operaciones criminales que involucran a múltiples actores del Estado bajo el control de Maduro. “Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión.
La misión estudió 2.891 casos, en los que se pudo corroborar los patrones de violaciones y crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura. «Lejos de ser casos aislados, fue política de Estado», concluye el organismo multilateral.
Según la misión de la ONU, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas “no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad” debido a que los altos mandos de las fuerzas de seguridad estaban al tanto de las acciones de sus subordinados, y los asesinatos “parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen”.
«El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual», han declarado las autoridades ante el extenso dossier de graves acusaciones que se ha preparado contra funcionarios del régimen de Maduro.
El informe de la ONU ha denunciado como principales responsables de estos delitos a los jefes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), así como actores del entorno político directo de Maduro.
En el caso del Sebin, el informe señaló en su momento como responsables de dichos crímenes al director general, Gustavo Enrique González; al director del Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón; y a su número dos en ese periodo, Ronny González.
En el caso de la Dgcim se ha mencionado al director general Iván Rafael Hernández, y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
Para los efectos de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en gran medida se puede decir que el trabajo está hecho, todos hemos participado, las agencias de derechos humanos, los denunciantes y los medios de comunicación, en fin, todos los que hemos contribuido para dar a conocer esta terrible realidad que ha asolado a Venezuela, refiriéndonos a los miles de crímenes cometidos por el régimen de Maduro. Se ha cumplido con el objetivo de revelar que es el régimen de Maduro ante la opinión pública, se trata de miles de denuncias que se han introducido por los canales regulares como paso preliminar. Ahora les corresponde a los afectados directos cumplir con sus obligaciones y presentar su versión de los hechos.
Yo mismo he enviado mi planilla totalmente llena con suficiente información en mi calidad de testigo y afectado directo para dos casos. El primero, el asalto que sufrimos por parte de los colectivos y funcionarios armados del régimen de Maduro en el palacio federal en el año 2017, exposición en la que hago referencia a los sucesos que vivimos los empleados secuestrados, pero con énfasis en una segunda situación de la que fui testigo y víctima debido a la amenazas que recibí por haber denunciado estos sucesos. Se trata de la persecución de los masones que ordenó el régimen de Maduro como consecuencia de la afiliación de Oscar Pérez a la logia Santiago Mariño Número 208, misma de la cual yo formo parte. En este sentido no me he guardado nada, he hecho lo propio y he enviado mi respectiva versión de los hechos a la Corte Penal Internacional, que incluye circunstancia y tiempo histórico de lo sucedido. Espero que todos los sujetos que he mencionado sean citados, incluyéndome, también hago un exhorto público para que presenten su declaración los miembros de la logia Santiago Mariño, en particular aquellos que fueron afectados directamente, y menciono los casos, los cinco que fueron citados por el Cicpc a declarar por más de 12 horas Rubén Rodríguez, Yhonny Calderón, Jameson Jiménez, Galian Sánchez y Marcial Jiménez; también los que fueron arrestados y presuntamente torturados Yhonny Calderón, Jameson Jiménez y Ramón Delgado. En el mismo orden de ideas, también los que tuvieron conocimiento de las desapariciones forzadas de los masones Wilmer Muñoz y Juan Hurtado; entiendo que ya el detective Méndez ha enviado su planilla, pero es importante que lo hagan los familiares de las víctimas.
A modo de conocimiento general conviene saber quiénes son las víctimas de acuerdo con el criterio de la Corte Penal Internacional.
En la CPI, las víctimas son personas naturales que han sufrido daño por la comisión de un delito de su competencia.
Las victimas pueden ser víctimas directas o indirectas.
- Las víctimas directas son aquellas personas que sufrieron un daño directo como resultado de un crimen dentro de la jurisdicción de la CPI.
- Las víctimas indirectas son aquellas que sufrieron un daño, como resultado del daño sufrido por la víctima directa (por ejemplo, si la persona es un familiar de una víctima que murió o sufrió otro tipo de daño como resultado de un crimen dentro de la jurisdicción de la CPI).
También se consideran victimas las organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos a algunos de sus bienes que esté dedicado a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia, y a sus monumentos históricos, hospitales y otros lugares u objetos que tengan fines humanitarios.
¿Qué dice la CPI acerca de cómo pueden las víctimas proporcionar sus opiniones y observaciones a los jueces?
“Las víctimas que deseen participar de este proceso deberán enviar sus opiniones y observaciones a la VPRS a más tardar el 7 de marzo de 2023, para dar tiempo a que esta procese la información y prepare un informe que se presentará a los jueces de la Sala antes de la fecha límite del 21 de marzo de 2023. Es por esto que se invita a las víctimas a mandar sus opiniones y observaciones cuanto antes. La VPRS publicará en la página web de la CPI, en los próximos días, un formulario en inglés y en español, destinado a ayudar a las víctimas a proporcionar sus opiniones y observaciones; si individuos u organizaciones han sido afectados por cualquier crimen bajo la competencia de la CPI, pueden completar este formulario, que estará disponible en dos formatos:
Una versión en línea que puede ser rellenada directamente en el sitio web de la CPI sin necesidad de descargar el formulario en un computador. No se necesita incluir ningún documento. La confirmación de recibo es automática.
Una versión PDF descargable disponible en el sitio web de la CPI que puede ser rellenada a mano o de manera electrónica. Una vez finalizado, este formulario se puede enviar a la Sección para la Participación de las Victimas y las Reparaciones (VPRS), de las siguientes maneras: Por correo electrónico: VPRS.Information@icc-cpi.int
Por correo postal: Corte Penal Internacional, Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS), P.O. Box 19519, 2500CM, La Haya, Países Bajos.
Finalmente, espero que pronto se haga justicia con relación a los miles de casos de víctimas de crímenes en Venezuela y que el régimen forajido de Maduro finalmente llegue a su conclusión y sean llevado ante la corte todos estos bandidos. La semana entrante les escribo sobre qué sucede cuando el no hacer nada, el mentir u ocultar información se convierte en delito.
Si aún no tienes tu planilla, descárgala aquí https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2022-12/Form_Venezuela_ESP_0212_FINAL.pdf
@estebanoria