El 5 de enero de 2020 comienza otro año legislativo en Venezuela, el primero de una nueva década. Será el último de la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre de 2015, cuando la Mesa de la Unidad Democrática obtuvo 65,27% de los votos y las dos terceras partes de los diputados. Cabe mencionar que es el único órgano del Estado reconocido con legitimidad de origen por toda la comunidad internacional, una condición de la que adolecen el presidente de la República, gobernadores y alcaldes elegidos en 2018 y 2017.
Ante esta situación, la elección de la junta directiva de la AN para el período 2020-2021, el próximo 5 de enero, será vital para el futuro de Venezuela.
Basta recordar la declaración de Vladimir Putin cuando Nicolás Maduro viajó a Moscú hace dos meses: “Rusia respalda todos los órganos de poder (…) de Venezuela, incluida su Presidencia y su Parlamento”. Y para Estados Unidos es “el único órgano democrático legítimo en el país [bolivariano]”.
Diosdado Cabello, que quiere presidir de nuevo la AN para el próximo período legislativo comprendido entre 2021-2026, busca instalar un presidente distinto a Juan Guaidó para el lapso de la AN 2020-2021. Por lo que la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela se reincorporó al Parlamento después de más de dos años de ausencia. Una decisión acordada entre el régimen de Maduro y algunos factores minoritarios de la oposición, Cambiemos (Timoteo Zambrano), Soluciones (Claudio Fermín), Avanzada Progresista (Henri Falcón) y Movimiento al Socialismo (Felipe Mujica), entre otros dirigentes.
Desde el inicio de esta AN en 2016, el régimen de Maduro ha venido estrangulando la supermayoría de 2/3 conseguida en las elecciones de diciembre de 2015. Lo primero que hizo para romper la amplia mayoría fue la suspensión de los tres diputados indígenas por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Luego, la AN fue declarada en situación de “desacato” y de invalidez de las actuaciones al no cumplir con la orden del TSJ. Por lo que la Sala Constitucional del TSJ decidió asumir las competencias legislativas a partir del 30 de marzo de 2017.
A pesar de estas acciones, el régimen no tomó la decisión de cerrar el Parlamento. Sabía que era cruzar una línea roja. Optó por reducir el número de diputados de la MUD, por medio del allanamiento de su inmunidad parlamentaria. De los 112 diputados que obtuvo inicialmente solo quedan 87, porque 25 son perseguidos. Están presos, en embajadas, en la clandestinidad o fuera del país.
Por otro lado, de los 55 representantes que tiene el PSUV solo se reincorporaron 38 hace 2 meses al Parlamento, con la mira puesta en el 5E –una estrategia para sacar a Juan Guaidó de la presidencia de la AN–.
Si este número de diputados se mantiene constante el 5E, se necesitarán 63 votos para elegir al nuevo presidente del Parlamento venezolano. Por lo que el PSUV necesita 25 votos para imponer otro candidato distinto a Guaidó. Mientras que el G-4, constituido por Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, actualmente, cuenta con 70 votos para reelegirlo.
La estrategia de Cabello para cambiar esta correlación de fuerzas es “comprar la conciencia” de los diputados hasta alcanzar la mayoría simple, bien sea con el voto presencial o con su inasistencia ese día.
El mejor candidato de Cabello para sustituir a Guaidó es Timoteo Zambrano, porque forma parte de la Mesa de Diálogo Nacional que le da oxigeno al régimen de Maduro. José Luis Zapatero -su mejor amigo- se encargaría de hacer el lobby para su reconocimiento en la Unión Europea. Una situación que dividiría los casi 60 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Para el gobierno de Trump sería difícil reconocer a Zambrano como la autoridad legítima de Venezuela, pues la maniobra de Cabello convierte la elección en un acto fraudulento.
Si Zambrano es el nuevo presidente de la AN, el PSUV buscará resolver la crisis de gobernabilidad en el país con una elección parlamentaria en el primer semestre de 2020. Esto permitiría a la Unión Europea (Borrell-Zapatero), a la izquierda norteamericana y a la seudooposición venezolana ejercer presión sobre la administración de Trump, para que retire las sanciones económicas a Venezuela en el segundo semestre del próximo año. Además, por mandato de la Constitución, los nuevos diputados asumirán el 5 de enero de 2021, cuando Diosdado Cabello aspira a ser el presidente de este Parlamento.
Hasta ahora, Guaidó cuenta con el apoyo de los diputados de los partidos minoritarios de la AN –a quienes por un pacto político correspondía asumir la directiva del Parlamento el 5E– para que continúe en la presidencia rotativa anual de la Asamblea.
En este escenario, Guaidó seguiría contando con el apoyo de los 60 países como presidente interino de Venezuela en 2020. Por lo que permanecería la presión, internacional e interna, para realizar una elección presidencial libre, justa y competitiva. Habría elecciones presidencial y parlamentaria el próximo año. Un recurso que facilitaría la resolución de la crisis de gobernabilidad en el país bolivariano.
Por lo tanto, el 5E es clave para el futuro de Venezuela.