La fecha del 10 de enero de 2025 tiene especial importancia para la vida de nuestra amada Venezuela. De conformidad con lo establecido en el artículo 231 de la vigente Constitución Nacional, en esa fecha comienza un nuevo período del gobierno nacional. A la letra, dicha norma dice lo siguiente: “Artículo 231. El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia.
El texto es claro y categórico: “El candidato elegido tomará posesión del cargo de presidente de la República el 10 de enero del primer año de su período constitucional…”, es decir, el próximo 10 de enero de 2025. El mundo, y todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos venezolanos, sabemos que el candidato elegido fue Edmundo González Urrutia. Lo hemos demostrado centro por centro de votación, parroquia por parroquia, municipio por municipio y estado por estado. Tenemos publicados esos resultados en la web. Por esa razón quien debe jurar el cargo en la fecha indicada es el receptor del voto mayoritario de los venezolanos, el embajador Edmundo González Urrutia.
Nicolás Maduro y su camarilla decidieron desconocer la soberanía popular, la votación de la aplastante mayoría que lo destituyó del cargo. Para ello, apelaron a un burdo fraude numérico, anunciado por el ciudadano presidente del CNE, en abierta y total violación al bloque de la legalidad vigente que le obligaba a ofrecer un resultado sustentado en la suma de las actas de todas y cada una de las mesas de votación. A la fecha, no solo no ha presentado dichas actas, sino que el CNE, luego de cuatro meses, mantiene cerrada la página web donde están obligados a publicar esos resultados.
El mundo democrático ha repudiado el fraude y ha exigido a Maduro que exhiba la prueba, es decir, las actas sobre las cuales sostiene haber ganado. En el transcurso de estos meses, ya es muy importante y elevado el número de países que han reconocido como ganador del proceso presidencial a Edmundo González Urrutia. Nuestra ciudadanía ha exigido en las calles el respeto a su voto. La respuesta de Maduro y su camarilla a la comunidad internacional ha sido el insulto, la soberbia y la ruptura de relaciones diplomáticas. A nosotros, los ciudadanos, nos han respondido con represión, cárcel, muerte y exilio. Ese es el saldo de su política para imponer a sangre y fuego su presencia en el poder.
La dinámica de la vida interna, sobre todo las turbulencias existentes en el seno de las estructuras políticas y militares del país, así como la intensa gestión de la comunidad internacional, buscan evitar que se haga efectiva la determinación de la camarilla gobernante de permanecer por la fuerza ejerciendo las funciones públicas. Las especulaciones diarias no cesan; por el contrario, se multiplican y convierten este diciembre en un tiempo de elevada incertidumbre.
Pueden ocurrir eventos que obliguen a Maduro a abandonar el poder, como también es posible que se mantenga y, desafiando al país y al mundo democrático, se instale nuevamente el 10 de enero. Guardando la distancia histórica y las especificidades de los personajes, es oportuno recordar que Venezuela vivió un diciembre de angustia e indignación en 1957, luego del fraude del general Pérez Jiménez en el plebiscito de ese mes. La determinación de la sociedad de entonces de repudiar el fraude lo obligó, el 23 de enero de 1958, a abandonar el poder, y con ese hecho se logró el establecimiento de la democracia.
El empeño de la camarilla roja, encabezada por Maduro, de perpetuarse en el poder tiene, a partir del 10 de enero, si finalmente logran mantenerse por un tiempo adicional, unas consecuencias más severas para nuestra nación. Ya no estarán por haber ganado unas elecciones antidemocráticas, aunque sea por forfait, como ocurrió en 2018. Ahora lo estarán en base al fraude y al terror, prevaliéndose del control sobre los poderes del Estado y, sobre todo, del control de una estructura armada que les sirve de soporte. No será ya por decisión del soberano; este fue categórico en su mandato de dar por terminado el gobierno del socialismo del siglo XXI. Al instalarse sobre esos parámetros, estarán dando inicio a una etapa turbulenta donde la incertidumbre será la constante. Esa obsesión por el poder nos aislará como país, impedirá a ciudadanos de bien participar en la función pública, generando más ineptitud y corrupción en la administración pública y en los demás poderes del Estado; pero también limitará severamente las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico porque el mundo occidental y democrático tendrá limitaciones muy importantes para interactuar con nuestro país. Esto no le importa a Maduro ni a su entorno. Ellos solo piensan en sus intereses y no en una nación que se desangra cada día con la estampida humana que su política ha generado y seguirá generando.
La historia demuestra que los regímenes instalados por el fraude y la fuerza de las armas terminan destruyendo a sus pueblos, generando lamentables situaciones de violencia. Maduro, en esas circunstancias, no podrá gobernar y terminará saliendo del poder más temprano que tarde. Las circunstancias del mundo actual no le van a permitir burlarse de nosotros, la inmensa mayoría de la nación, ni tampoco de la comunidad internacional. Aún tiene un mes por delante para evitarle un daño más severo a nuestra Venezuela, a su propio movimiento político, a su nombre y al de su familia. Ojalá estos días de Navidad le permitan reflexionar sobre su errado camino y busque evitar meter a nuestro pueblo en el túnel oscuro que significa desconocer definitivamente la soberanía popular expresada en las urnas el pasado 28 de julio. Aún está a tiempo.