La crisis de la educación en América Latina no está siendo bien observada por los hacedores de políticas públicas quienes parecen haber orientado sus recursos y esfuerzos a la instrucción en todos sus niveles y no a una educación de sólidos principios democráticos. Es desde los centros de formación y no desde la política pública de los actores nacionales que se ha empezado a ejecutar acciones para revertir los efectos de mucha instrucción de buena y mala calidad sobre ningún esfuerzo por sembrar los valores de educación para la libertad, la democracia con fundamentos éticos y humanísticos en una sociedad.
Esto se constituye en un problema de salud política cuando no se siembran los valores en una sociedad que pueda, en un momento histórico, responder contra intentos autocráticos de control social para desmontar las libertades públicas. Muchos ejemplos existen en la historia de la humanidad, cuando sociedades abiertamente democráticas, que han atravesado crisis de valores en el relacionamiento Estado-burocracia-sociedad han visto perder su estabilidad democrática en manos de tiranos y déspotas que, frente a una sociedad sin estructura interna de valores morales como respuesta, han establecido regímenes autoritarios competitivos y gobiernos autocráticos con el uso de las normas para reprimir y castigar, producto de variables que han socavado el tejido político, social y económico generando altos niveles de corrupción, irrespeto a las normas desde las esferas de autoridad, impunidad desmedida y dependencia del poder judicial y policial a poderes económicos y políticos, y ausencia de políticas públicas para atender los grandes problemas sociales.
Una sociedad que se rija por el imperio de la ley, que encuentre en la justicia la legitimidad de su defensa pública, es una sociedad sana que podrá enfrentar cualquier amenaza de desmontaje democrático. Dentro de una variedad casi inagotable de principios, he identificado dos (02) rectorías de vida para una sociedad democráticamente sana que abordaré brevemente con un ejemplo vivo en el tejido político latinoamericano. Estas rectorías son: 1-Democracia como forma de vida y la libertad como espacio de convivencia, 2- La justicia y sanción como respuesta a la infracción y el respeto a los fundamentos éticos de una sociedad: familia, lealtad y trabajo.
Democracia como forma de vida y libertad como espacio de convivencia
Si revisamos la doctrina de los grandes teóricos de las ciencias políticas respecto a lo que es ontológicamente la democracia, como Robert Dahl por ejemplo, encontraremos lugares comunes que dicen de la existencia de un consenso societal cooperativo en donde todos los miembros que se han otorgado una Constitución que los rija, y a la cual deciden obedecer se consideran “…políticamente iguales.”[1] Igualdad que les faculta para someterse a la Constitución y a la estructura normativa que de ella dependa. Son reglas de juego fundamentales que va a facilitar la viabilidad del espacio de libertades que gobernarán la vida de todos: los gobernantes, electos por una mayoría en comicios libres sometidos a esa estructura normativa y a sus espacios de transparencia y honestidad y los gobernados, garantes del equilibro social en el amplio respeto mutuo en función de la ley, a pesar de las profundas y amplias diferencias que puedan existir en la forma de cómo observan a la sociedad y a la política y cómo son observados por sus conciudadanos.
Ahora bien, una vez engendrada la idea de democracia en una sociedad, sus valores y fórmulas de viabilidad publica se constituyen en mecanismo para su permanencia. Es decir, que una democracia sana como forma de vida del colectivo es promovida por cuatro aspectos fundamentales: 1- Participación equitativa en la definición de una agenda pública a través de sus representantes, y transparencia en su elección. 2- Igualdad en el sufragio, 3- Educación para vivir en democracia y 4-Respeto a las reglas de juego.
Considero a estos aspectos piedras angulares para que, en una sociedad, la democracia se constituya en una forma de vida. Primero, si el grueso o una parte importante de la población no se siente corresponsable de la agenda pública decisional, en cada uno de los temas de su elección, y ésta siempre es definida por los poderes públicos sin la debida consulta y correspondencia, el interés por la participación electoral se irá perdiendo lentamente y cada día más esa población sentirá una distancia con sus representantes que podrá ser cuantificada en los niveles de abstención electoral a la hora de elegir a los gobernantes de turno de acuerdo a las reglas electorales que se haya dado esa sociedad. Es decir, pueda que existan aun las reglas, pero, la población lentamente empezará a apartarse de ellas y a dejar la responsabilidad en las manos de unos pocos. Lo mismo ocurre cuando el derecho al sufragio, se desdibuja en la conciencia ciudadana o porque las instituciones no facilitan la transparencia que le otorgue legitimidad al acto decisional, o porque la agenda social ha perdido correspondencia con la agenda pública por falta de interés por parte importante de la sociedad.
Por ello, la educación para la democracia que propicie una didáctica clara, directa y sencilla a buena parte del pueblo no capacitado formalmente en el conocimiento de las leyes y de sus efectos de cómo son las reglas de juego social, la obediencia constitucional, inclusive, en forma lúdica y amena, se constituye en la columna vertebral para generar ese sentimiento de necesidad de que la democracia sea una forma de vivir en sociedad. Eso evitará que regímenes o democracias fallidas que decantan en autoritarismos competitivos, como es el claro ejemplo de la Venezuela de Maduro, intenten gestionar implantaciones democráticas sobre sociedades que se han acostumbrado a obedecer por dádivas o a resistir sin libertad.
Justicia y sanción como respuesta a la infracción y el respeto a los fundamentos éticos de una sociedad: familia, lealtad y trabajo
La necesidad de erradicar la impunidad del tejido social y que operen los canales justiciables de manera correcta sin la intermediación de intereses es una de las metas que toda sociedad democrática debe buscar alcanzar. Eso garantizará dos aspectos fundamentales de la convivencia en libertad: 1- la seguridad jurídica y ciudadana y 2- el respeto que toda sociedad debe darse a sí misma en un foro de subordinación absoluto al acuerdo de consenso social (Constitución y leyes) que se han otorgado. Una sociedad que livianamente juegue con el rol que debe acometer el aparato judicial, permitiendo fisuras de corrupción, dependencia a órdenes de espacios políticos o empresariales, y que no actúe en función a los principios de bien común, justicia y seguridad para todos, está condenada tarde o temprano a perder su libertad en manos de una autocracia u otra forma despótica que nace de los rastrojos de una democracia fallida.
Crimen y castigo, esa debe ser la ecuación perfecta para vivir en democracia, así como también el respeto a los fundamentos más sagrados sobre los cuales se han fundado las sociedades libres: el respeto a la familia, traducido en la lealtad que debe un hombre a su esposa y a sus hijos y viceversa, en función de valores morales intrínsecos, que engrandecen a su sociedad, lealtad que se traduce en una sana educación sexual para los jóvenes y adultos a partir de valores éticos de estabilidad emocional, del respeto a los padres, al adulto mayor y finalmente el respeto al trabajo, al cumplimiento de las normas de cada empresa y al aparato ético-laboral individual, la producción de riqueza en cada rubro en el cual el ciudadano sea encomendado, menos apego a la dependencia estatal que posibilite una sociedad mucho más libre y rica de valores, creencias, crecimiento y emprendimiento que le permita sentir a la democracia como una experiencia educativa y de múltiples aprendizajes.
[1]Robert A. Dahl 1989 Democracy and Its Critics, Table 17.2, 240..