Por Freddy Millán Borges (*)
El filósofo francés Jacques Maritain (1882-1973) escribió en un momento dramático de la humanidad un ensayo que tituló “La educación en la encrucijada”. Para 1943 el mundo era el escenario de la Segunda Guerra Mundial, toda la tecnología se puso al servicio de la muerte y la destrucción, mientras eran cometidos los delitos más atroces y la razón técnica se manifestaba en lógicas reticulares.
Era necesario pensar el futuro enfrentando las hegemonías del pensamiento y Maritain expone la antropología filosófica, colocando a la persona humana en su centro, pues más que un problema pedagógico el asunto era de carácter antropológico, quien sería el francés convocado para asesorar la comisión que elaboraría la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dictada el 10 de diciembre de 1948. En este documento la educación es considerada en derecho fundamental reconocido para el pleno desarrollo de la personalidad, la gratuidad al menos de la educación elemental, la promoción de la educación técnica y profesional generalizada, el acceso según los méritos a la educación universitaria, el respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la libertad, la promoción de la paz y el derecho de los padres para elegir la educación de sus hijos.
Este derecho se encuentra seriamente lesionado en la Venezuela del siglo XXI, a pesar de los importantes y sostenidos logros en los tres últimos tercios del siglo XX, muy particularmente durante la República Civil (1958-1998). Así, desde los organismos internacionales que forman parte del sistema de Naciones Unidas, se ha conceptualizado nuestra situación como crisis humanitaria compleja, pues no es el resultado de una confrontación bélica ni de un desastre natural, llegando a ser el mayor empobrecimiento con hiperinflación, migración masiva y caída económica en el orden del 75% del producto interno bruto, luego de la mayor y más prolongada bonanza petrolera de la historia, crisis sin precedentes con los que pueda compararse.
Ante la opacidad y hasta la total omisión de cifras oficiales, surgió la iniciativa de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), que adelanta la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) que sirve de base para investigadores en ciencias sociales estudiar la realidad nacional. En Encovi-UCAB 2023, denominada radiografía de la vulnerabilidad social en Venezuela y propuestas de políticas públicas, destaca lo siguiente:
1) El nivel de escolaridad todavía no se ha recuperado a los niveles de la pre pandemia. La asistencia escolar irregular alcanza al 40% de la población de 3 a 17 años escolarizada.
2) La sociedad matricentrada de la que nos habló el Pbro. Alejandro Moreno Olmedo SDB (+) queda validada, pues es la madre (71%) quien hace el acompañamiento pedagógico, teniendo como principal limitación el acceso al Internet (54%), y de equipos electrónicos (51%).
3) El llamado “horario mosaico” en promedio de tres días a la semana se mantiene, particularmente en las zonas suburbanas y de difícil acceso, por razones que incluyen los servicios públicos (electricidad, agua, transporte), infraestructura y alimentación.
4) La cobertura del Programa Alimentario Escolar, alcanza 62%, de los potenciales beneficiarios; todos los días reciben el beneficio un tercio de los atendidos, algunos días alcanza a la mitad y el casi nunca, una cifra aproximada a un quinto de los escolares. Sería importante evaluar la calidad de la dieta y el suministro de proteínas, en medio de una situación alimentaria muy deficiente en los sectores pobres, una mayoría significativa de los compatriotas.
5) Los adolescentes y jóvenes han disminuido su interés escolar, dentro de las causas de la desescolarización de adolescentes y jóvenes, Encovi reveló que en 2023 un 31% de los hombres entre 12 y 17 años reporta haber dejado la escuela por tener que trabajar. Para 2017, este porcentaje alcanzaba solo al 14%
Esta investigación de Encovi, destaca que la principal razón para que los adolescentes dejen el sistema educativo no es solamente económica, sino que no los motiva el ambiente escolar; el apoyo para mejorar el rendimiento y su percepción sobre la utilidad y pertinencia de los aprendizajes. Otro factor importante de la desescolarización en el caso de las mujeres es la maternidad, el cuidado de los hijos y otros familiares. Así la pobreza y la caracterización de los procesos escolares, excluyen de la educación, en el marco de una sociedad profundamente desigual.
Así, la situación de la universidad venezolana presenta la estética de la desesperanza: el éxodo estudiantil y docente, mantiene desoladas en su mayoría las aulas, siendo muy grave el problema de la infraestructura, servicios y dotación, en particular después del confinamiento por el covid-19. Las providencias estudiantiles; becas, comedor, transporte, son prácticamente inexistentes, la dotación más elemental desapareció, el desarrollo de actividades en materia de laboratorios, actividades de extensión e investigación es un acto de vocación y patriotismo, autofinanciado la mayor parte de las veces.
Las publicaciones cayeron de manera significativa y las condiciones y derechos laborales se encuentran conculcados. Un profesor titular a dedicación exclusiva con doctorado, tenía un salario aproximado de 3.400 dólares en 1982, en 1999 era superior a los 1.000 dólares, para junio de 2024 apenas alcanza a los 29 dólares.
En enero de 2024, Cendas-FVM estimó que la cesta alimentaria, conformada por 60 productos básicos, costaba 535,23 dólares, 1,6 % más que el cálculo de diciembre de 2023. El salario promedio de los maestros, de unos 21 dólares al mes (762,93 bolívares), representa el 3,8 % del costo de la canasta y supone un déficit del 96,2 %. Somos los docentes con los ingresos más bajos del hemisferio occidental.
En la encrucijada existencial que vivenciamos, todo está por hacer, todo está por reconstruir, todo está gestar. En el tiempo de transición que estamos andando, debemos definir políticas públicas en el largo plazo para el cambio cultural, en el mediano plazo para redimir y reivindicar la educación y en el corto plazo para atender la emergencia. En los primeros 100 días de la nueva administración, incluso en el primer año, en una contexto económico-social y político, dentro del marco constitucional y legal, requerimos definir la educación como prioridad y las prioridades en la emergencia humanitaria compleja.
Atender el problema de la escolarización, eliminar definitivamente el horario mosaico. Volver a la escuela con presencialidad los cinco días a la semana y en horario completo. Incorporar a toda la población escolar al programa alimentario diario con dieta balanceada que incluya proteínas. Un programa de reparaciones y mantenimiento de la infraestructura escolar, en el marco de un plan de empleos, un programa progresivo de dotación y equipamiento escolar, proyectos de productividad y autofinanciamiento.
Particularmente, el investigador considera se debe atender el respeto y dignificación de la carrera docente, con un proceso de restituir los salarios que intentan ser sustituidos por «bonos» que aún continúan siendo miserables, con incrementos que permitan alcanzar un ingreso mínimo de 200 dólares para ir de manera progresiva, incrementándose, en el marco de un programa económico sostenible, que nunca más acuda a la emisión inorgánica de dinero electrónico.
La situación que enfrentaremos requerirá de las mejores voluntades y talentos, con la mayor amplitud en el marco de una transición inclusiva, en un esfuerzo de pedagogía política y docencia social.
(*) Doctor en Educación, docente-investigador UPEL-UDO