Para vergüenza definitiva y total de los venezolanos, la dictadura de Maduro no está contenta con atormentar y torturar a los más pobres sometiéndolos a una inclemente escasez de alimentos y de medicinas; sino que, sin importarle las consecuencias de esa dieta cubana, está destruyendo el futuro de millones de niños que crecerán sin la alimentación suficiente para desarrollar todas sus potenciales físicas y mentales.
De hecho, las generaciones que tienen desde ya la responsabilidad de reemplazar a estas dos décadas de perniciosa y desastrosa administración pública y reconstruir a Venezuela traerán en sí mismas el mismo déficit mental que hoy padecemos con Maduro y su entorno de civiles y militares.
La posibilidad de que nuestros niños crezcan con todas estas deficiencias intelectuales que tantas desgracias nos traen en estos momentos es motivo de grandes preocupaciones, pues nadie quiere que el país siga en retroceso, aumentando no solo el número de pobres sino de gente sin escrúpulos y sin los límites morales necesarios para sacar a Venezuela del pantano en que una camarilla de civiles y militares, obsequiosos con Cuba y Rusia, ha hundido nuestro presente y futuro.
Desde luego, si algo nos humilla y avergüenza es que muchos de quienes trabajaron dignamente por el país, lo hicieron próspero y le dieron esperanzas de riqueza para las mayorías, hoy se encuentran atrapados en las redes de una narcopolítica que solo entiende el oficio de gobernar en función de los intereses bastardos de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.
De allí que se agradece la petición humana y sincera del Senado español de “ayudar a pensionistas a los que Venezuela debe sus pagas”, como informa la agencia Efe. No se trata del imperio o de Trump, sino de una instancia respaldada y elegida con sus votos por el pueblo de España. No es por tanto un grito político de un grupito de agitadores o de enemigos del Estado español, como está de moda en las minorías mercenarias de Podemos.
Se trata de un reclamo justo, necesario y urgente porque este comportamiento ladronesco que impera desde hace dos décadas en Venezuela no puede tener vigencia internacional. Las leyes y la reciprocidad que impera entre las naciones exige a estos secuestradores rojo rojitos de los derechos de los pensionados que paguen lo que la gente trabajadora acumuló en sus años de esfuerzos, que para ser extremadamente claros fueron beneficiosos para nuestro país.
Los pensionados no están reclamando intereses en bancos de Suiza o Andorra, o las islas Caimán, porque jamás robaron el Tesoro Público, como sí lo hacen quienes hoy los despojan de sus derechos adquiridos laboriosamente. Queda al descubierto la esencia criminal del madurismo y su complacencia con los actos que desvirtúan cualquier gesto de solidaridad con la gente que no sigue su parapeto ideológico y político.
De allí que no podemos ser indiferentes ante el llamado del Senado español que insta al gobierno de Rajoy a que a través de “instrumentos de asistencia social” preste ayudas a las familias hispano-venezolanas que están en situación de “precariedad” por los dos años de impagos de retribuciones que les debe el gobierno de Venezuela.