El señor Maduro todavía cree en lo que, hasta hace algunos años, era una verdad a medias: aquello que no aparece en la televisión no existe. Pero ante el salto cualitativo y tecnológico que para la sociedad ha supuesto un salto cuantitativo en materia de información, Maduro sigue convencido de que es posible tapar el sol con un dedo. Por ello instruyó a Conatel para que, haciendo caso omiso de lo establecido en los artículos 56 y 57 de la agonizante Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, obligara a las operadoras locales de televisión por cable a excluir de sus parrillas a dos canales colombianos: Caracol y RCN.
Estamos frente a otro vil atropello a la libertad de expresión, mediante ese vicio dictatorial que es la censura; o, como bien señaló el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ante un golpe de Estado contra los medios, con el que el gobierno pretende opacar las denuncias que en contra de sus más encumbrados personeros, incluyendo el que funge de presidente, ha formulado la legítima fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz.
La reacción del régimen tiene mucho de rabieta de niño malcriado y de escupitajo hacia arriba, pues más que exonerar de culpas a los implicados en mayúsculos escándalos de corrupción, los enreda en el ajo, sobre todo cuando desde la tribuna oficialista el defensor-acusador ha ensartado una retahíla de falaces argumentaciones, a fin de desacreditar moralmente a la titular del Ministerio Público, sin que a esta se le permita ejercer el derecho a réplica: la televisión colombiana no es, empero, la única caja de resonancia de sus declaraciones.
Prestigiosas cadenas y agencias internacionales de noticias están dedicando importantes segmentos de su programación a tratar el caso venezolano. Un caso en el que la insidiosa persecución de un régimen tenido definitivamente por dictatorial, estigmatizado por inocultables corruptelas y serias sospechas de narcotráfico, a una funcionaria que hasta no hace nada fue su compañera de ruta es tela que da para mucho cortar. Y no digamos los portales de Internet. O las redes sociales.
La gran pregunta es: ¿cómo harán Nicolás, Cabello, El Aissami & Co. para hacer desaparecer del espectro mediático un cúmulo de imputaciones que se perfila como un implacable y arrollador alud del que no hay manera de escapar? ¿Desconectarán al país de la red de redes? ¿Despojarán a la población de sus teléfonos celulares? ¿Visitarán casa por casa para confiscar las computadoras y repartirlas con las cajas CLAP?
Sobre Maduro y sus secuaces ha caído su propia saliva, con la que intentaron intoxicar a los pocos crédulos que, a cambio de favores recibidos, aún les conceden –eso sí, con extremo disimulo– el beneficio de la duda.
Hoy nadie pone en duda que el desigual enfrentamiento entre una mujer armada, apenas, con un legajo de documentos y pruebas incriminatorias y una camarilla de codiciosos civiles y militares, con todo el poder y recursos del Estado a su disposición, se resolverá en favor de la razón y no de la fuerza. Podrán seguir cerrando ventanas a la información. Pero nunca estarán libres de sospechas.