Miguel Henrique Otero
El gobierno vuelve al diálogo obligado por la presión internacional. No está en su naturaleza cumplir acuerdos. Ni reconocer los derechos que corresponden a los venezolanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y muchos otros derechos. En Venezuela los ciudadanos tienen hambre, el venezolano se muere porque no hay medicinas, al venezolano lo mata la delincuencia y la impunidad. El gobierno no tiene como dejar atrás el uso de la fuerza como instrumento de dominación. Ni tiene tampoco interés alguno en controlarse a sí mismo, es decir, acabar con la corrupción y el narcotráfico y la constante violación de la Constitución: si eso ocurriese, Venezuela se quedaría sin gobernantes en la práctica, porque el gobierno en pleno terminaría tras las rejas.
Detengámonos, por ejemplo, en la cuestión de la crisis humanitaria. El gobierno todos los días fabrica más pobreza, más escasez, más corrupción en la distribución de medicamentos. Sus medidas económicas más recientes tendrán como principal resultado el empeoramiento de las cosas. La situación de los medicamentos es todavía peor. No hay y, cuando aparecen, sus costos están fuera del alcance de los pacientes. Si lo anterior describe la realidad de alimentos y medicamentos, ¿cómo podría ocurrir que el gobierno acepte abrir los canales de ayuda humanitaria, cuando ahora mismo, para esconder el estado de hambre y enfermedad que vive Venezuela, se atreve a ofrecer y enviar ayuda humanitaria a países afectados por el huracán Irma o a Houston, al tiempo que los afectados por el desborde del Lago de Valencia o las inundaciones en Choroní son peloteados por la burocracia ineficiente?
¿Qué decir, para añadir otro ejemplo, de la situación de los presos políticos, cuando el gobierno llega al extremo de impedir la liberación de personas que tienen boletas de excarcelación? ¿Qué expectativa se puede tener de un régimen que cada día afina más la persecución de los demócratas, que mantiene sus prácticas de tortura a los detenidos, que no castiga a quienes demostradamente han asesinado a personas en las protestas? ¿Qué decir de las prácticas estalinistas del régimen, que se especializa en torturar a los familiares de los presos políticos, impidiéndoles ver a los prisioneros, ocultándoles el estado de salud, amenazándoles cuando preguntan? ¿Es que alguien puede esperar que el gobierno ilegítimo libere a la totalidad de los presos políticos, que es a lo que estaría obligado sin más demoras?
¿Cuál puede ser la voluntad de diálogo de un régimen que, haciendo uso de una entidad toda ella ilegítima –la asamblea nacional constituyente–, trabaja para ampliar, profundizar y extremar la persecución de los demócratas, y que se propone, en los hechos, eliminar el derecho a protesta?
El gobierno asiste al diálogo básicamente por dos razones: porque teme a las sanciones anunciadas por Europa, pero, sobre todo, porque aspira a que la oposición reconozca a la ilegítima. Envía a República Dominicana, a la presidente de la ilegítima asamblea nacional constituyente, buscando un efecto político y de opinión.
El meollo es que la condición ilegítima de la asamblea nacional constituyente es irreversible. No existe ningún mecanismo, que no sea el de urnas, el del voto universal, directo y secreto, que pueda cambiar su ilegitimidad de origen. Es y continuará siendo ilegítima hasta el fin de sus días.
Pero hay algo más: ella no es equivalente a la Asamblea Nacional legítima, la que fue escogida con los votos. La tesis que sostiene que ambos organismos pueden convivir y reconocerse mutuamente, es simplemente inviable. Si la legítima Asamblea Nacional, en un acto de extrema locura, aceptara convivir con la ilegítima, perdería ella misma su legitimidad, naturalizando a una entidad que es ilegal e inconstitucional, y que aglutina el rechazo de más de 90% de los venezolanos.