2024 fue Annus horribilis (expresión latina que se traduce como «año terrible») para Ecuador y concretamente para su industria energética. Sus sistemas de generación, transmisión y distribución colapsaron y, lógicamente, al haber daño a la infraestructura energética se dañó la economía del país.
En 2004 Ecuador enfrentó una crisis energética como nunca antes. Tras casi 4 meses de apagones ininterrumpidos, con pérdidas que superan los 10.000 millones de dólares (7.500 millones de dólares, de acuerdo con cálculos iniciales realizados por cámaras empresariales de Comercio y de Producción) y según el Banco Central del Ecuador (BCE) el país redujo sus proyecciones de crecimiento PIB de 1% a 0,9% para 2024 debido a la crisis energética.
La energía es base de la economía, siempre afirmamos aquello.
La crisis fue marcada por apagones prolongados y una dependencia extrema de la energía hidroeléctrica, que ha sido afectada por una sequía sin precedentes.
Ecuador tiene base en su mix de generación eléctrica al agua (hidroelectricidad), que representa aproximadamente 90% de su generación. Los cortes de electricidad de hasta 14 horas diarias por los últimos 4 meses debido a que las centrales hidroeléctricas del país no abastecen para cubrir la demanda nacional.
El déficit eléctrico llegaría a más de 2.000 megavatios (MW). La demanda nacional energética diaria es de 4.500 MW.
Las principales causas de la crisis, entre otras, son: sequía prolongada: sequía que redujo caudales de embalses hidroeléctricos, mantenimientos deficientes fuera de cronograma, ausencia de tecnología de punta para permanente upgrade de las plantas y una política estatista monopólica que no termina de abrirse a la iniciativa privada.
El próximo presidente de Ecuador, que salga de las urnas en febrero de 2025, tendrá en sus manos el futuro de la economía de Ecuador: debe hacer una profunda revolución de su visión energética. Debe diseñar una política energética que permita:
a) Atraer inversión privada internacional a la generación, transmisión y distribución eléctrica, con base en un nuevo Plan Estratégico Eléctrico 2025/2050;
b) Atraer inversión privada en generación vía solar y eólica;
c) Atreverse a dar mayores permisos y licencias para generación eléctrica vía gas, en modernas plantas de ciclo combinado que son más amables con el medio ambiente, pero deberá haber una agresiva política de exploración gasífera de forma paralela, para generar al menos 2.500 megavatios de generación térmica;
d) Tener un ministerio de Energía y Transición Energética, que sea robusto, muy mínimo y cero burocracia con la finalidad de dictar los marcos normativos mínimos para inversiones privadas en el sector;
e) Promover inversiones en up grade de modernización de sus principales centrales centrales hidroeléctricas, (incluido el complejo Paute, que aporta al país el 38% del consumo nacional), repotenciando adicionalmente con tecnología de punta al actual parque térmico;
f) Promover inversiones para anticiparse a la nueva demanda generada por flota de vehículos eléctricos, centros de datos que consumen electricidad y nuevas demandas de ciudades de alto consumo (por alta temperatura como Guayaquil y la costa);
g) Abrir a la competencia privada en la generación, transmisión y distribución: aquí coincido con el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil que sugirió que la solución de fondo está en acabar con el monopolio estatal y que exista en este sector un mercado que permita la sana competencia tanto en generación, como en transmisión y en distribución.
La generación de energía eléctrica en Ecuador es un monopolio del estado que apenas está permitiendo la generación privada de hasta 100 megavatios; esa cifra debe subir: las inversiones privadas, estimuladas con cero impuesto a la instalación y construcción de parques solares, eólicos y nuevas hidroeléctricas, podrían generar hasta 1.000 MW para ayudar a que, en unos 3 años se estabilice la oferta/demanda eléctrica en el país.
Tanto crecimiento económico como calidad de vida se ven afectados por un mal servicio eléctrico, especialmente en sociedad modernas como las que vivimos en donde todo, absolutamente necesita electricidad para funcionar.
Conviene que la nueva política energética establezca cuántas construcciones nuevas necesita el país (nuevas centrales eléctricas) para evitar la prolongación de la crisis energética y cuáles de esas deberán ser encaradas, con estímulo fiscal, por la iniciativa privada.
Varios amigos expertos calculan que Ecuador va a necesitar en la reforma de sus sistemas eléctricos, para alcanzar la capacidad necesaria de generación eléctrica hasta 2032, de aproximadamente 12.000 millones de dólares.
Urge una ley que integre: una Ley General de Energía, para estimular ingreso de privados a la cadena, diversificar la matriz de generación a eólica y solar, y no olvidar la eficiencia energética.
El desafío empieza y debe ser encarado con visión moderna y libre de estatismo. Menos mal que Ecuador no sufre del cáncer denominado socialismo.
@BorisSGomezU