El ecosocialismo es un neologismo inventado por el socialismo bolivariano del siglo XXI para, según sus propias palabras tomadas del portal del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo: “Dar un salto cualitativo hacia un nuevo paradigma, desde el método dialéctico, incorporando la naturaleza en la comunidad y viceversa, donde los saberes populares, el arte y la espiritualidad sean también incorporados; donde se retome también la agricultura milenaria, la cosmovisión indígena, los saberes campesinos. Debemos salir de los condicionamientos históricos, incluyendo en nuestra perspectiva un futuro digno, humano, armonioso, solidario y respetuoso por la diversidad”. Toda esa palabrería para venir a implantar un modelo extractivista orientado a alimentar la codicia de la cleptocracia instalada en el poder, que ha causado el mayor y más extendido daño a los ecosistemas humanos, terrestres y marinos que ha sufrido la república en toda su existencia.
Con un lenguaje “comeflores”, hipócrita y falso, crearon los mecanismos para explotar de manera inmisericorde los recursos naturales con el fin de enriquecerse violando los derechos humanos de todas las personas que se le atraviesen, sean indígenas o no, para lo cual apelan desde mineros artesanales como los “garimpeiros” brasileños, civiles y militares, empresarios inescrupulosos, exguerrilleros colombianos, malandros criollos o sofisticadas empresas extranjeras y hasta famosos consorcios mineros o turísticos.
“El Ecosocialismo es poesía, es canción, es futuro, es esperanza, es la mirada tierna de un niño o niña sabiendo que tendrán un planeta donde podrán desarrollarse como especie, el ecosocialismo por sobre todas las cosas, es vida, es espiritualidad, es paz”, dice el manualito, mientras solo en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco se ha causado una de las mayores catástrofes humanas y ecológicas de consecuencias planetarias, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Por si las dudas, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el informe presentado destaca que: “…los mineros de la zona están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como sindicatos”.
Los daños a las comunidades indígenas han sido inconmensurables, como lo han denunciado sus propias organizaciones como la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas, la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas, Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas, Federación Indígena del Estado Bolívar, Organización Ye‘kwana del Alto Ventuari, la Organización Indígena Jivi Kalievirrinae, CUYUJANI y OIPUS. A ellas se han sumado numerosas instituciones como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Universidad Simón Bolívar, la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, el Instituto de Ecología y Zoología Tropical (IZET-UCV), la Sociedad Venezolana de Ecología, Provea, Provita, el Centro Gumilla, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, La Guarura.info, la Fundación Tierra Viva, la Red ARA, Clima21, Ambiente y Derechos Humanos, SOS-Orinoco, entre otras, que han expresado de manera pública y enfática su cuestionamiento a la implementación del AMO (Francisco Javier Velasco Páez. UCV. “Arco Minero del Orinoco: diversificación extractivista, vulneración de derechos constitucionales y resistencia” en Espacio Abierto, vol. 31, núm. 2, pp. 138-158, 2022. Universidad del Zulia). Entre las étnias más afectadas están los warao del Delta, los akawayo, akawai o akawaio, los e’ñepás o panare del estado Bolívar, yaruro o pumé, mapoyo, wanuikua, kurripaco y piapoco del estado Amazonas, además de los piaroa, yekuana y kariña más extendidos. (https://fundaredes.org/informes/2022-EPA-Afectacion-en-la-munidad indigena-por-la-explotacion-del-Arco-Minero-del-Orinoco.pdf)
El ecocidio es la marca de fábrica de este ecosocialismo. El Estatuto de Roma entiende como Ecocidio: “Cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente”. Francisco Dallmeier, director del Centro de Conservación y Sostenibilidad del Instituto Smithsoniano de Biología de la Conservación de Washington, describió lo que está ocurriendo en el sur de Venezuela como un “ecocidio”.
Aparte de este macro ecocidio del Arco Minero del Orinoco existe toda una serie de agresiones a los ecosistemas venezolanos, entre los cuales está los derrames petroleros y otros efectos del colapso de la industria petrolera, los otros frentes de la minería extractiva, la extensión de los mecanismos establecidos en la Zonas Económicas Especiales como “espacios territoriales para la atracción de inversiones productivas nacionales y extranjeras a partir de estímulos económicos (fiscales, financieros y aduanales), confianza, seguridad jurídica y políticas económicas coherentes, todo lo cual exige un sólido marco legal e instituciones eficientes, libres de burocratismo”, pero que en el fondo se traduce en una serie de mecanismos neo-colonialistas, tipo enclaves sin control y sin ninguna participación de la población local.
Entre los más graves están los desastres producidos por el colapso de la industria petrolera traducidos en derrames, explosiones, contaminación de suelos y aguas, alteración de grandes extensiones de ecosistemas acuáticos y terrestres. La opacidad en datos e informaciones de Pdvsa no oculta los múltiples daños a las poblaciones humanas, a la biodiversidad y a la naturaleza en general. El pasado 25 de marzo, el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales informó que entre 2016 y 2021 documentó 199 derrames petroleros en Venezuela. Los estados más afectados son Anzoátegui, Monagas, Zulia, Sucre, Falcón y Carabobo.
Uno de los espacios más golpeados es el Lago de Maracaibo, que se ha convertido en el más grande vertedero contaminado del planeta, pues a los derrames petroleros se suman los residuos petroquímicos, las aguas cloacales de todos los centros poblados situados en su cuenca, la basura y otros contaminantes, por lo que hasta cambiado el color de sus aguas ahora verdosas y ha determinado la desaparición de numerosas especies de peces y crustáceos.
Inmensas extensiones de playas y otras zonas costeras sufren las consecuencias de estos derrames petroleros y de los enormes volúmenes de desechos sólidos que son tirados por allí, ante el colapso de los sistemas de recolección y la inexistencia de mecanismos de tratamiento y reciclaje.
La basura inunda a toda Venezuela, por la ausencia de sistemas de recolección, disposición y tratamiento de los residuos sólidos en la mayoría de los pueblos y ciudades, donde 80% de la basura en Venezuela permanece a cielo abierto. En Venezuela el servicio de disposición final se efectúa de manera indiscriminada, en vertederos a cielo abierto, sin tratamiento sanitario ambiental, ni control técnico adecuado, causando daños irreparables a la sociedad y al ambiente. Esto sucede, pese a que existe un marco normativo establecido en la Ley de Gestión Integral de la Basura dice el trabajo «La disposición final de residuos y desechos sólidos en Venezuela y su régimen económico» del profesor Juan Carlos López Roa aparecido en la Revista Provincia de la Universidad de los Andes.
En el ecocidio del socialismo del siglo XXI es importante el avance incontrolado de la deforestación, en parte causado por estos tipos de inversiones especulativas, muchas de ellas localizadas en áreas protegidas, pero también la deforestación generalizada en las zonas rurales por la escasez de gas y los problemas de electricidad para las faenas domésticas y para la venta de madera. De Uverito, el bosque más grande del mundo cultivado por el hombre, localizado en el estado Monagas y que ocupaba unas 600.000 hectáreas, solo quedan 110.000, el resto fueron arrasadas por los incendios y la deforestación indiscriminada.
El turismo es una actividad que puede ser compatible con la ecología, como lo ha demostrado ampliamente Costa Rica, para sólo mencionar un ejemplo cercano. Aquí en nuestro país se desencadenaron todos los demonios en este asunto, al optar por los modelos más anti ecoturísticos que existen, de mega inversiones justo en zonas protegidas, para turismo de lujo con base a inversiones extranjeras, muy alejadas de la economía humana respetuosa de las personas, de la identidad y del ambiente. Allí está el desastre de la zona de Galipán en el Waraira Repano o cerro Ávila, las agresiones ambientales en Canaima, Los Roques, las mega construcciones en Chichiriviche y las pretendidas en Mochima, isla La Tortuga y Paraguaná, entre otras.
La degradación ambiental en Venezuela “avanza de manera sistemática en todo el territorio nacional”, en gran parte a consecuencia de las políticas gubernamentales, según concluye una investigación del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, que es una organización dedicada a visibilizar y analizar las desigualdades e impactos socio-ecológicos. Ellos presentaron hace poco un informe sobre la Situación Socioambiental de Venezuela 2021, que representa un gran esfuerzo de investigación y documentación sobre esta lamentable realidad.
De acuerdo con esa investigación, “el gobierno venezolano ha continuado consolidando mecanismos legales que buscan favorecer las actividades de explotación de recursos con pocos controles. Señala como ejemplo a la Ley de Zonas Económicas Especiales y cómo los instrumentos legales fundamentalmente favorecen a la inversión extranjera y de los boli-oligarcas, así como a “grupos de poder políticos y económicos”.
Igualmente, allí se denuncia el convenio con China del año 2012 para la prospección, exploración y certificación geológica de las reservas minerales del país y realizar un mapa de reservas mineras de Venezuela. Así mismo, la crisis de abastecimiento del agua potable que mantiene sin el preciado líquido a cerca de 10 millones de habitantes. La grave situación de las cuencas hidrográficas y el deterioro de las plantas hidroeléctricas. Esta organización plantea que el derecho a la vida y los derechos de la naturaleza deben estar en la base, y no en la cola de los asuntos urgentes a abordar. (www.ecopoliticavenezuela.org)
Es importante señalar el abandono de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que firmó la República en el año 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El informe anual que se debe presentar el Estado Venezolano lo hizo en el año 2016 y desde esa fecha no existe un informe oficial del cumplimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible que forman parte central de dicha Agenda. Se pueden agregar a esta lista de problemas ambientales muchos otros asuntos, que en su mayoría son del dominio público y del régimen.
El ecosocialismo por sobre todas las cosas, se ha convertido en muerte, codicia y violencia, para alimentar la cleptocracia.