A la memoria de Héctor Silva Michelena, amigo, humanista y economista crítico, comprometido con el triunfo último de la libertad y de la razón.
La posibilidad de una negociación para acordar una salida electoral confiable a la actual tragedia parece asomarse tímidamente. Hacerla realidad obliga a conocer a qué responde la contraparte con la que se pretende negociar, en este caso, la representación del régimen. Con esto en mente y en el ánimo de impedir que las fuerzas democráticas sean burladas —una vez más— por quienes ocupan el poder, es útil un somero enfoque de economía política para entender mejor lo está en juego.
Instituciones, para qué
El quehacer económico responde a los incentivos del marco institucional en que se desenvuelve. Las instituciones son las reglas que acotan el comportamiento económico, político y social de una sociedad. Pueden ser formales —leyes y normas escritas— o informales: hábitos, valores y códigos que guían la vida en colectividades. La economía política busca entender los intereses en juego de una sociedad, las razones a que responden y las instituciones con las que están asociadas.
En Venezuela, las instituciones de la democracia representativa, en particular, el Estado de Derecho, como de la economía de mercado, fueron desmanteladas por la llamada “Revolución Bolivariana”. ¿Por qué? Pueden señalarse las ambiciones de poder de Chávez, empeñado en abatir todo obstáculo a la centralización de decisiones en sus manos por creerse el auténtico heredero del Libertador y, por ende, el nuevo “salvador de la patria”, y los pruritos socialistas de sus conmilitones de extrema izquierda. Sea como fuere, llevó a que se eliminase la transparencia, la rendición de cuentas y toda actividad de supervisión y control externo por parte de los órganos de representación social sobre el uso de los bienes y dineros públicos. Asimismo, ahogó al mercado como mecanismo autónomo para asignar recursos y determinar la remuneración de los agentes productivos, con su sistema de precios que empalma las presiones de demanda con las posibilidades de oferta. Por ende, la asignación, distribución y usufructo de los recursos económicos pasó a determinarse por criterios ajenos a la racionalidad económica y a la preservación del patrimonio público nacional. ¿Qué implicaciones tuvo, qué surgió de eso?
Puede que al comienzo Chávez realmente creyese que, pasando por encima de las instituciones, redimía a un pueblo oprimido, y sus partidarios izquierdosos que el sistema socialismo fuese superior. No importa. El hecho cierto es que la ausencia de controles sobre la gestión pública y su sometimiento a la voluntad personal de un caudillo condujo a un proceso para el disfrute económico cada vez más discrecional y arbitrario. Al imponer una serie de leyes punitivas, con regulaciones y controles de precio que desafiaban las fuerzas de mercado, surgieron fuertes incentivos para lucrarse arbitrando entre precios y extorsionando a comerciantes y empresarios. Cabe recordar, además, que la captación de formidables rentas por la venta de crudo en los mercados internacionales había proveído a gobiernos anteriores de un margen amplio para el gasto discrecional. Ello dio lugar a prácticas populistas y clientelares, que Chávez llevó a extremos. Incentivos perversos como estos se alimentan de la vulneración del Estado de Derecho, sea por la no aplicación de leyes o por su desvirtuación por parte de policías y jueces abyectos. Dio lugar a intereses consustanciados con una situación de anomia, de ausencia de normas y resguardos, en la que reina el arbitrio de los que tienen poder. Como tal, la conflictividad actual y la tragedia de los venezolanos no obedece a proyecto ideológico alguno, ni debe ubicarse en el plano de una disputa entre izquierda y derecha. Sobre esto invito a leer mi último libro [1].
Corrupción militar como eje
El eje del régimen es el componente militar, por monopolizar los medios de violencia. Su incursión inicial en irregularidades fue con el “Plan Bolívar 2000”, luego aparecieron las corruptelas del Central Azucarero Ezequiel Zamora (CAEZ), con asesoría cubana, y, progresivamente, una sucesión de escándalos relacionados con dinero para obras públicas, procuras, importaciones y, sobre todo, para la adquisición de dólares preferenciales. Aún más notorio fue su participación activa en el narcotráfico, recogida como “Cartel de los Soles”. Estas irregularidades fueron generando un entramado cada vez más denso de complicidades, que torcían a su favor la toma o instrumentación de medidas. Chávez no enfrentó la corrupción militar. Utilizó su conocimiento de ella como Espada de Damocles para asegurar la lealtad de los oficiales involucrados. Para ello armó un sistema judicial sumiso que castigara a los rebeldes o echase un manto protector (impunidad) sobre los que le eran fieles. Los criterios de justicia y de legitimidad de muchas acciones pasaron a ser determinadas, no por su apego al ordenamiento legal o al interés de la nación, sino por su funcionalidad para con el ejercicio de poder de Chávez. Maduro llevó esto todavía más allá. Elevó a altos cargos públicos a militares señalados de narcotráfico y violación de derechos humanos, y edificó una institucionalidad paralela —asamblea constituyente y TSJ secuaz— que anuló la supervisión y el control sobre su gestión por la representación popular en la Asamblea Nacional. Terminó por corromper a altos oficiales, colocándolos al frente de ministerios e institutos del área económica, empresas públicas, inversiones, servicios y permitiendo las trapisondas ejecutadas en la custodia de fronteras, puertos, aeropuertos y alcabalas, como de la extorsión en general.
Ello destruyó a la FAN como institución, suplantando la disciplina, obediencia y respeto por la jerarquía, como la unidad de mando, por alianzas o componendas entre quienes estaban mejor posicionados para sacarle provecho a las oportunidades de depredación de la riqueza social emanadas de la destrucción de la legalidad. Dio lugar a un régimen de expoliación, comandado por una confederación de mafias que cooperan o rivalizan entre sí, por “cotos de caza” específicos. Estas mafias incluyen funcionarios civiles, así como empresarios inescrupulosos —la llamada “boliburguesía”—. La situación de anomia permitió extender sus tentáculos a todos los niveles, incorporando, por ejemplo, a consejos comunales de base y a colectivos chavistas, al reparto de bolsas CLAP o la exacción de “vacunas” a comerciantes.
Vulnerabilidades
Pueden sacarse las siguientes inferencias de lo anterior: 1) el poder, lejos de ser monolítico, está diluido entre la mencionada confederación mafiosa; 2) las alianzas, entre y con esas mafias, son la base real de apoyo al régimen; 3) el mayor desafío de Maduro está en alimentar ese apoyo con oportunidades de lucro y, así, mantener su lealtad y adhesión; 4) ello se fundamenta en actividades que parasitan a la nación, que la han dejado exangüe; 5) el encogimiento resultante del botín agudiza los conflictos internos al régimen, causando reacomodos y desplazamientos; 6) estos debilitan las bases de apoyo de Maduro.
La situación descrita se complica por la situación de default en que se encuentra Venezuela, como por las sanciones impuestas al régimen, que imposibilitan acudir a los mercados financieros internacionales. Ha obligado a este a concertar alianzas con bandas criminales internacionales y gobiernos “paria”, con el fin de burlar las sanciones, obtener recursos y financiar desarrollos que reemplacen los “negocios” agotados. Maduro se fue convirtiendo, así, en rehén del ELN, las FARC disidentes y de otras organizaciones criminales para explotar las riquezas minerales de Guayana; de Irán y de Rusia para parapetear la industria petrolera destruida y encontrarle salidas de mercado (con enormes descuentos y aquellos cobrando su parte); de Turquía, para la compra de oro ilegalmente extraído; y de Cuba, por su asesoría en el funcionamiento del Estado de Terror, tan vital para un régimen fascista como el suyo.
La dilución de la autoridad central y la formación de nudos de poder dispersos se ha visto acompañada de un relajamiento de los controles y regulaciones de la legislación punitiva, otrora “socialista”. La liberación (de hecho) de controles de cambio y de precio ha estimulado iniciativas comerciales en la forma de “bodegones” y mercados virtuales, que transan mercancías importadas en divisas, cobrando precios bastante superiores a los internacionales en muchos rubros. La anuencia del régimen con este despliegue de “capitalismo salvaje” obedece a que representa una veta para lavar dineros mal habidos y, además, da una sensación de prosperidad a sectores de clase media alta y funge de aliviadero para satisfacer las necesidades de quienes perciban divisas. Ello atemperaría su actitud opositora. Mantener los controles era contraproducente, tanto por los estragos causados (escasez, mercados negros), como por su futilidad para la prédica populista. Pero la dolarización desnuda más que nunca la enorme desigualdad en el consumo entre quienes tienen acceso regular a las divisas y quienes deben conformarse con comprar en bolívares y depender de las bolsas CLAP. Además, introduce una dinámica que puja por mayores libertades en distintas actividades. Ello atenta contra las prácticas de expoliación amparadas en los controles, por lo que esta “flexibilización” económica, amén de negar el supuesto socialismo, añade a los conflictos y reacomodos en el seno del chavo-madurismo. La visita de Jorge Rodríguez a Fedecámaras, ya como presidente de la Asamblea Nacional ilegítima, podría verse dentro de este contexto.
Inferencias para una eventual negociación
Entender los intereses en juego ayuda a precisar qué se puede negociar y con quién. El cómo es potestativo de políticos, bien asesorados, y de las circunstancias que puedan presentarse.
La expoliación de la renta y de la riqueza social ha sido la razón de ser del régimen. Su resiliencia en aferrarse al poder se vale de una burbuja ideológica que ha creado una realidad alterna, ante la cual sus integrantes consiguen la absolución de sus crueldades y cobijo a sus desafueros. La destrucción de la economía, de la industria petrolera y de los medios de sustento de los venezolanos, les rueda. Se desentienden absolutamente del hambre, la inseguridad, el colapso de los servicios y el deterioro de su calidad de vida. Pretender, por tanto, que el bienestar de la población o el “interés de la nación” puedan ser fundamento para incitarlos a negociar su salida no tiene ningún sentido.
Puede distinguirse, en particular, a un núcleo perverso, sin escrúpulos, en el cual destacan Maduro, Diosdado, los hermanos Rodríguez, Padrino López y los que están al frente de los órganos de terror (Sebin, DGCIM), que aplastan toda objeción ética, humanitaria, legal o moral a sus atropellos, repitiendo clichés e inventando conspiraciones que los obligan a “defenderse”. Son sociópatas, profundamente dañados por esa falsa realidad a que se han entregado: la maldad hecha poder. Algunos tienen encima, además, requisitorias por violación de derechos humanos y tráfico de drogas. De tanto huir hacia adelante se quedaron sin salida. Se les pasó el tiempo para una posible reinserción. Y ellos lo saben.
Su permanencia depende de su capacidad por renovar continuamente las complicidades que le sirven de sustento. El encogimiento del botín y las sanciones aumentan su vulnerabilidad: hay cada vez menos renta para repartir. En el contexto de poderes anarquizados, compromisos con socios externos (que cobran su parte) y flexibilización creciente de algunos aspectos de la economía. ¿podrán impedir su salida? Depende, por supuesto, de la existencia de una oposición capaz de cobrársela, con el apoyo internacional. Esto último supone un esfuerzo por despejar toda duda acerca de la naturaleza fascista, protototalitaria, de Maduro y de los militares que lo acompañan, de manera de no caer —una vez más— en las ilusiones de sus cantos de sirena, para ganar tiempo y desmoralizar al país. No concederán nada que apunte al restablecimiento pleno de la democracia, a menos que las circunstancias los obliguen a ello.
Una estrategia inteligente desde la oposición, con apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, la UE, Canadá y algunos latinoamericanos, deberá incidir en aislar a Maduro de los socios de los cuales es rehén. Las sanciones podrían ser la carta decisiva para aprovechar las crecientes vulnerabilidades del régimen y producir su resquebrajamiento interno, siempre que estén acompañadas de la reactivación interna de la protesta. Es menester, por tanto, diseñar una estrategia con estos propósitos, que restablezca la confianza mayoritaria en un liderazgo opositor comprometido con el restablecimiento de la democracia.
[1] Venezuela, una nación devastada. Las nefastas consecuencias del populismo redentor, Ediciones Kalathos