Foto: Miguel Gutiérrez / EFE
Para bien o mal, la red social X se ha convertido en la principal esfera pública venezolana. Aún existen medios independientes donde se discuten ideas y la prensa internacional contribuye mucho a enriquecer el debate. Pero la conversación política se lleva a cabo en X, la plataforma antes conocida como Twitter.
En este espacio circulan dos ideas que me gustaría reexaminar. La primera:
Frente a los abusos del gobierno, ¡más unión y participación!
¿Quién podría no estar de acuerdo con esta consigna? ¿Hay alguien que promueva la división de la oposición y abogue por hacerse a un lado y rendirse? Mi problema con este grito de batalla es que sirve de pretexto para eludir preguntas incómodas, como qué debería hacer la oposición si el gobierno no le permite elegir su propio candidato.
Algunos analistas parecen descartar de antemano la posibilidad de una pantomima electoral: elecciones que pretenden ser libres y competitivas, pero que en realidad no lo son ya que cierran el espacio para una transición de poder a través del voto.
¿Participaría usted en unos comicios en los que Maduro solo acepta que compita contra él un candidato chavista? ¿Votaría en una elección entre Maduro y alguien que concursa no para ganar sino para ayudar al gobierno a legitimar un proceso a todas luces fraudulento? ¿Acudiría a las urnas si los candidatos son Maduro y Luis Ratti? Este escenario no es hipótetico, sino una posibilidad real.
El chavismo podría transformar las elecciones en un mero simulacro. Y si no existe ningún chance de que Maduro pierda, el debate sobre la participación se convierte en un falso dilema. El resultado será el mismo independientemente de la visión que prevalezca.
La aceptación de esta realidad es un tema clave porque nos ayuda a reconocer el objetivo que realmente importa: lograr un mínimo de condiciones que hagan posible un escenario que conduzca a una transición.
Por ejemplo, yo apoyaría que la ganadora de las primarias María Corina Machado, o un candidato avalado por la Plataforma Unitaria y ella, compita en una elección con un terreno electoral desnivelado; respaldaría su participación a pesar de que existe una alta posibilidad de que el gobierno no reconozca su derrota.
¿La razón? Creo que ese fraude podría desencadenar una serie de eventos que precipite la caída de la dictadura.
Pero no votaría en una elección en la que nuestra única opción sea escoger entre Maduro y un candidato elegido por él. Y considero que la consciencia de que existen escenarios inaceptables lleva a la oposición a luchar con mayor intensidad por los escenarios aceptables.
No debemos enfocarnos tanto en las elecciones presidenciales, sino en la reconstrucción institucional del país.
Esta idea ha estado circulando durante algún tiempo, pero resurgió cuando el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación de María Corina y luego el chavismo recordó el compromiso de la oposición de aceptar las decisiones de los tribunales en el acuerdo de Barbados.
Todo el mundo sabe que el TSJ no es una institución independiente, sino un apéndice de la dictadura cuya función es revestir con una pátina legal todos los abusos y violaciones de la Constitución.
El señalamiento del chavismo sobre el acuerdo llevó a algunos analistas a resaltar la importancia de no centrarse exclusivamente en las elecciones, sino en trabajar por una gradual reconstrucción institucional, con instancias independientes que permitan dirimir conflictos e implementar acuerdos.
De nuevo, ¿quién podría oponerse a un esfuerzo por reformar los tribunales? El problema es que una reconstrucción institucional implica, en términos concretos, nombrar una figura imparcial como fiscal general; significa designar a magistrados independientes en el TSJ. El gobierno jamás permitiría esto porque sería un suicidio.
En 2020, una misión de Naciones Unidas encontró motivos para creer que las autoridades venezolanas han perpetrado crímenes de lesa humanidad. Es muy probable que si una instancia independiente llevara a cabo una investigación, Maduro y buena parte del liderazgo chavista serían condenados y encarcelados. ¿Por qué entonces aceptarían nombrar una figura imparcial como fiscal general o un TSJ autónomo que pueda investigarlos por estos señalamientos?
La verdad es que, al intentar resolver este tipo de déficits institucionales, nos toparemos con la misma clase de obstáculos que confrontamos en el escenario electoral. Las probabilidades de que el gobierno ceda son muy bajas. Más fácil de imaginar es que cometan un error de cálculo y permitan condiciones en los comicios que lleven a una transición. Por eso la oposición tiene razón en enfocarse en las elecciones.
@alejandrotarre